Estalla un conflicto laboral en Ferrovial por la subrogación de los rastreadores

La internalización del servicio de rastreo del Covid-19 ha provocado un conflicto laboral en la Consejería de Salud. La Generalitat de Cataluña subcontrató en junio de 2020 a Ferroser, una filial del grupo Ferrovial, para llevar a cabo el seguimiento de las cadenas de contagio. Sin embargo, la Administración decidió recuperar el servicio en febrero tras las críticas por la opacidad e ineficiencia de la privada, que se hizo con un contrato público valorado en 17 millones de euros.

Tras la reabsorción del servicio, una parte de los 849 rastreadores que hasta el 31 de enero realizaron sus tareas de seguimiento telefónico ha demandado tanto a la empresa como la Generalitat por negarse a subrogar la plantilla. En concreto, siete exrastreadores han denunciado la extinción prematura de su relación laboral cuatro meses antes del 31 de mayo, la fecha originalmente prevista para la finalización de la contrata.

Irregularidades laborales

Los demandantes, asesorados por el Colectivo Ronda y vinculados a la plataforma Scouts en lluita, alega una serie de irregularidades en los despidos de la compañía. El abogado Natxo Parra ha recordado que "existe una jurisprudencia sólidamente establecida tanto por parte de los tribunales nacionales como, especialmente, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que especifica la obligatoriedad de seguir el procedimiento propio de los despidos colectivos cuando la causa de las extinciones contractuales es la resolución anticipada de una contrata".

En base a este argumento, este grupo de exrastreadores reclama la nulidad de los despidos y su subrogación en el nuevo equipo pilotado desde la Administración pública. "Desgraciadamente --recuerda Parra--, la necesidad que existía de contar con un equipo de rastreadores se mantiene intacta respecto al momento que se estableció el servicio para frenar el número de contagios y la prevalencia de la enfermedad".