El Govern fija en el 90% los servicios mínimos de la huelga de rastreadores

El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, liderado por Chakir El Homrani, ha fijado en el 90% los servicios mínimos que Ferroser, filial de Ferrovial, debe prestar durante la huelga de su plantilla. Los paros del servicio que el sindicato IAC-CATAC convocó desde el martes 26 de enero hasta las 12 de la noche del próximo jueves 4 de febrero.

Los trabajadores de Ferrovial han emprendido esta medida ante la desaparición de sus contratos. El Departamento de Salud anunció que revertiría la polémica externalización del seguimiento de los infectados por Covid este domingo, 31 de enero. Unos 200 trabajadores de la Generalitat se encargarán de este trabajo a partir del lunes. Tal y como avanzó Crónica Global, la consejería ha alquilado más de 2.800 metros cuadrados a Merlin Properties en las oficinas centrales de la Zona Franca para iniciar el seguimiento.

Polémico fichaje de Max Llobet

El cambio del contrato se llevará por delante casi la totalidad de los contratos de Ferroser. Solo el jefe de Salud de esta filial, Max Llobet, se ha hecho un hueco en la consejería de Salud, aunque no realizará trabajos de rastreo tal y como aseguró la consejera Alba Vergés ante la Comisión Permanente del Parlament. La oposición forzó a la política de ERC a dar explicaciones sobre este fichaje avanzado por Crónica Global, una incorporación que ha generado malestar tanto político como entre la plantilla de la filial de Ferrovial, que ha explotado.  

IAC-CATAC ha reclamado a la Generalitat durante semanas que activase la subrogación de los contratos de los rastreadores. Con todo, el Gobierno catalán ha explicado que es una vía imposible por las limitaciones de ampliación de plantilla de todo el sector público, una medida que hace años que se aplica para contener el déficit público. Esta explicación no ha contentado a los trabajadores de Ferroser, que van a la huelga.

Distribución de los servicios mínimos

Los servicios mínimos decretados este miércoles por el Departamento de Trabajo se podrán “distribuir de manera irregular en función de las necesidades del servicio”. Lo fundamental, según reconoce la propia Generalitat, es que se mantenga el trabajo de rastreo en el cambio de operador.

El servicio hasta ahora externalizado ha sido pasto de la polémica. La falta de transparencia del Ejecutivo de JxCat y ERC en reconocer que se había encargado a Ferrovial el servicio generó un incendio en el primer estado de alarma, y los múltiples fallos en el seguimiento de los infectados han sido constantes. De hecho, el personal de los centros de atención primaria (CAP) se ha encargado en muchas ocasiones de realizar el rastreo ante la incapacidad manifiesta de Ferroser.

Cabe tener en cuenta que Cataluña es la única comunidad que aún no tiene activada la aplicación de rastreo que funciona en el resto del país que avisa si una persona se ha cruzado con un infectado. El Ejecutivo catalán ha decidido que no ofrece las garantías de seguridad necesarias y la ha rechazado.