La reforma del ministro Soria abrió las puertas a los hachazos de la luz

La última gran reforma energética en España, diseñada en 2013 por el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, instaló el escenario en el que desde entonces se interpreta cada tiempo el drama las sacudidas en el recibo de la luz a cuenta de los incrementos de la demanda. Aunque el expolítico popular ahora pretenda desmarcarse de ella y culpar a las compañías, es la base para explicar qué ha ocurrido en el país en los últimos días con la factura eléctrica. 

El marco normativo llegó además acompañado de otra serie de decisiones que, a la larga, también han contribuido a encarecer la factura, como la subida de los costes fijos y la creación de nuevos impuestos.

Subida de peajes

Soria formó parte del primer gobierno liderado por Mariano Rajoy, a comienzos de la pasada década. Su estreno como ministro de Industria, Comercio y Turismo, departamento que por entonces contaba con las competencias en materia energética, estuvo marcado por una subida generalizada de tarifas y costes fijos que repercuten en el recibo eléctrico.

En el contexto de la pasada crisis económica, con España al borde del rescate por parte de la Unión Europea, el conjunto de los denominados peajes de acceso experimentó un incremento medio del 8%, producto de elevar un 12,8% el de los clientes con derecho a la tarifa de último recurso (TUR), un 6,3% para el resto de la baja tensión y un 2% en el caso de la alta tensión.

Más cargas en el recibo

Otro de los elementos que pasó a recargar la factura eléctrica de los hogares españoles fue el de los llamados costes extrapeninsulares, es decir, la subvención aplicada a los territorios de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla para moderar su elevado coste. Mientras que en la anterior legislatura, el Gobierno había establecido un calendario por el que el extracoste pasaba de forma progresiva a ser asumido por los Presupuestos Generales del Estado, las medidas introducidas por Soria hicieron que la mayor parte del montante recayera en el sistema eléctrico, es decir, en los usuarios a través del recibo.

En medio de este contexto llegó la gran reforma energética de 2013, uno de los cuyos elementos clave fue el cambio de sistema de fijación de precios. El vigente hasta aquel momento se basaba en una subasta (Cesur) mediante la que se calculaba la tarifa de último recurso para el mercado regulado de forma trimestral.

Cambio de sistema

Soria aprovechó el escándalo surgido por la frecuente especulación que se producía en este proceso para modificarlo e introducir la figura del precio voluntario del pequeño consumidor (PVPC), aquél que pasaría a ser la referencia para los usuarios que optaran por el mercado regulado (al contrario del mercado liberalizado, en el que el cliente y la comercializadora acuerdan una tarifa fija).

España vuelve a vender más electricidad de la que compra por los elevados precios / EP

El cambio hizo que la referencia del precio de la electricidad para estos usuarios, aproximadamente la mitad del total, fuera el fijado cada día en el mercado, es decir, el ‘spot’, y para cada franja horaria. Una figura como la del PVPC, inexistente de países del entorno, y un mecanismo volátil de fijación de precios forman un cóctel explosivo cuando se producen incrementos de demanda como los que se dan en las olas de frío o de calor.

El impuesto a la generación

Además, el nuevo sistema no acabó con las sospechas sobre la manipulación de los precios que pesaban sobre las subastas Cesur. De hecho, han sido numerosos los procesos abiertos desde entonces por las autoridades de Competencia por este cuestión, algunas de las cuales han terminado en sanciones contra las compañías eléctricas.

Pero además, Soria también contribuyó a elevar el precio de la factura con la creación de un impuesto que grava en un 7% la generación de electricidad. El objetivo de este tributo era frenar lo antes posible el incremento del déficit de tarifa, es decir, de aquella parte de la factura que Moncloa optó porque se pagara a futuro en la etapa de la liberalización del mercado.

Contra las renovables

La cuantía del agujero llegó a superar los 30.000 millones de euros y aquel impuesto tan sólo consiguió frenar su avance unos años después pero apenas enjugó el desequilibrio. Lo que sí hizo desde el primer momento fue encarecer la factura porque las compañías repercutieron el tributo en el cliente.

El otro bloque de medidas que, de forma indirecta, contribuyó a que el coste de la electricidad se elevara de forma considerable tuvo como fin darle la espalda a las energías renovables. Varios decretos promovidos por Industria en aquella legislatura desincentivaron la inversión en redes inteligentes, imprescindibles para gestionar la transición energética, toda vez que el sistema confeccionado años antes, en la recta final del pasado siglo, estaba diseñado con el planteamiento de que la tecnología del futuro sería el ciclo combinado y no las energías limpias.

Fiscalidad adversa

En el mismo sentido, la primera regulación del autoconsumo no hizo otra cosa que desincentivarlo al aplicarle una elevada carga fiscal además de sembrar de trabas administrativas su implantación.

Energías renovables en un Parque Eólico. EP

Aunque si por algo pasará José Manuel Soria a la historia de las renovables en España será por el abrupto fin que puso al sistema de primas establecido por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero para el desarrollo de la energía verde.

Recortes retroactivos

Bien es cierto que el planteamiento pecó de precipitación y la injustificada urgencia con el que se llevó a cabo hizo que la tecnología empleada fuera excesivamente cara, con lo que subvencionarla a través de generosas primas supuso un coste para las arcas públicas que también forma parte del recargado recibo eléctrico.

Sin embargo, la reforma impulsada por Soria sesgó de un plumazo buena parte de esas primas y, además, lo hizo con carácter retroactivo; de este modo, los inversores que habían apostado por las renovables en España al calor de las primas se encontraron de la noche a la mañana con que sus planes de negocio habían quedado reducidos a papel mojado.

Reclamaciones al Estado  

La situación no sólo dejó atrapados a numerosos pequeños inversores, que se vieron ahogados por las deudas debido a que los ingresos previstos descendieron drásticamente, sino que derivó en un aluvión de procesos de arbitraje internacional contra el Reino de España por parte de fondos extranjeros. A día de hoy, una treintena de procesos están aún pendientes de resolución definitiva y las cuantías reclamadas al Estado a modo de compensación superan los 7.700 millones de euros.

La mayoría de los procesos que ya han tenido una primera resolución han sido desfavorables a los intereses del Estado, que ha procedido a recurrirlos. En la anterior legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez estableció un nuevo sistema de retribuciones a la energía verde por dos periodos regulatorios, hasta el 2031, que asegura retornos superiores al 7,4% y que también está abierto a los inversores que fueron víctimas del hachazo renovable siempre y cuando retiren las demandas de arbitraje. No obstante, algunos seguirán adelante con sus reclamaciones.

Condenas por el bono social

El cambio radical en el ámbito de las renovables no fue la única medida de Soria que terminó en los teribunales con resultado adverso para la Administración. La reforma energética incluía la configuración del bono social, con cargo a las compañías del sector, en contra del que falló el Tribunal Supremo en dos ocasiones: el diseño original aprobado en 2013 y su remodelación para cumplir con la sentencia del Alto Tribunal, que también fue recurrida con éxito por las empresas.

Barros que con el paso del tiempo se transforman en lodos, como se ha podido comprobar de nuevo con la llegada de otro temporal.