Los Presupuestos impiden al Gobierno bajar la factura eléctrica con los impuestos

El Gobierno tiene en los impuestos la llave para propiciar una rebaja del recibo de la luz pese a las tensiones en el mercado mayorista de la electricidad, pero no la utilizará. Los Presupuestos Generales del Estado diseñados por el Consejo de Ministros y aprobados por el Congreso precisan de un ejercicio recaudatorio que roza lo inasumible para que las cuentas cuadren lo que, a larga, hace que el Ejecutivo ni se plantee rebajas fiscales en este ámbito.

El pasado martes, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, señaló tras la reunión del Consejo que la Comisión Europea no permitía a España aplicar una rebaja del IVA al recibo eléctrico, situado en el tipo máximo del 21%. En realidad, se trata de una verdad a medias, toda vez que Bruselas se lo permite a otros estados miembro. Pero es cierto que el Gobierno comunitario no vería con buenos ojos la medida.

Esfuerzo recaudatorio

El principal motivo se encuentra en el proyecto de cuentas públicas que Moncloa hizo llegar a Bruselas. Los números contaron con el visto bueno de la Comisión que, no obstante, admitió públicamente su preocupación por las elevadas cotas que alcanzarán tanto la deuda pública como el déficit, con los Presupuestos más expansivos de los últimos años en plena crisis del coronarvirus.

Bruselas constató ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez que las cuentas públicas precisaban de un esfuerzo recaudatorio enorme para que que las cifras pudieran cuadrar debido al notable incremento del gasto que presentan, incluso aunque se contara con la primera partida de los fondos europeos de reconstrucción, sobre los que aún pesa una cierta incertidumbre.

Renunciar a ingresos

De ahí que una rebaja en el tipo de IVA para una partida que, en condiciones normales, supone ingresos próximos a los 1.800 millones de euros para las arcas del Estado no sea una idea que vaya a generar un gran entusiasmo en Bruselas. La Comisión Europea no impide a Moncloa bajar el IVA de la luz pero sí le insta encarecidamente a incrementar de forma notable la recaudación. Y ambos elementos parecen incompatibles.

La luz anticipa la reactivación económica para octubre / EP

En realidad, la vía fiscal es la principal forma en la que el Gobierno puede influir en el recibo eléctrico. El mercado mayorista de la electricidad, disparado estos días por el incremento de la demanda como consecuencia de la ola de frío que ha traído la tormenta Filomena, se basa en un mecanismo adoptado por la mayoría de países miembros de la Unión Europea y el Estado no puede intervenir en él; al menos, no sin una reforma exhaustiva del sistema que no puede llevarse a cabo de la noche a la mañana.

Cargas

En este sentido, el aspecto positivo es que el peso del precio mayorista de la electricidad en el recibo es minoritario, se sitúa aproximadamente en el 35%, lo que hace que el efecto de subidas como la registrada estos días quede diluido.

En la parte restante, la mayoritaria, el Ejecutivo sí tiene la última palabra. Además del IVA y de otros tributos, el recibo también carga con el coste de los peajes, de las extrapeninsulares (la forma en que el sietema subvenciona el coste de llevar la electricidad a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) y los sobrecostes de las primas otorgadas en su día a las renovables para su desarrollo.

"Limpiar" el recibo

Este último punto sí va a desaparecer del recibo próximamente, toda vez que será costeado por las eléctricas a través de un fondo articulado por el Gobierno. No se trata, sin embargo, de una iniciativa propia de Moncloa sino de una forma de atender a la exigencia de Bruselas de “limpiar” el recibo de todo aquello que no esté íntimamente ligado con el consumo y las circunstancias del mercado.

La cuestión fiscal queda en manos del Ejecutivo, que tiene potestad para hacerlo. Bruselas se lo permite. Pero las cuentas no salen y toca elegir.

El impuesto a la generación

No es el IVA la única carga fiscal que la Administración tiene en su mano para que los consumidores españoles no carguen con el dudoso honor de figurar entre los que más pagan por el recibo eléctrico de toda la Unión Europea. Sobre el sistema también repercute el impuesto a la generación, que grava con un 7% la actividad de los productores, que termina por repercutir en el consumidor final.

El tributo tenía como finalidad atajar el incremento del déficit de tarifa, que llegó a superar la nada desdeñable cifra de 30.000 millones de euros. No obstante, cuando al fin logró detenerse e incluso comenzó a enjugarse de forma tibia con modestos superávits, el Gobierno lo mantuvo.

... y la luz bajó

La propia ministra de Transición Ecológica, hoy además vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, ya comprobó a su llegada a Moncloa el efecto de retirar el impuesto. Lo hizo durante seis meses, de forma provisional, y el resultado fue de una bajada de los precios en pleno invierno que fue, incluso, destacada en algunas comparecencias por la propia titular de la cartera.

Posteriormente, todo volvió a la normalidad y la ola de frío provocada por Filomena ha vuelto a implantar el escenario de hace cuatro años. Por entonces, tampoco se tocaron los impuestos, como se reclama ahora; ni se reformó el mercado, como también se plantea ahora.