La falta de músculo empresarial amenaza la rehabilitación de viviendas pos-Covid

La cifra ya está sobre la mesa: rehabilitar 300.000 viviendas al año. Ese es el objetivo que se ha marcado el Gobierno para aprovechar los fondos europeos de reconstrucción en un ámbito estratégico de la nueva economía pos-Covid. Sin embargo, los representantes del sector dudan de que el tejido empresarial se haya desarrollado lo suficiente en España para encajar este reto.

A esta falta de musculatura se suman las numerosas trabas administrativas y normativas que paralizan muchas operaciones. Pese a que el año que viene empezarán a repartirse los 4.000 millones destinados a este capítulo del gasto --se calcula que a Cataluña le corresponden unos 200 millones--, su materialización podría retrasarse si no se alfombra la llegada del maná europeo con políticas incentivadoras.

Demasiado dinero de golpe

Dolores Huerta, directora general del Green Building Council España (GBCe), encara el desafío con una mezcla de optimismo y realismo: "Nos parece emocionante que la rehabilitación sea una de las políticas principales de los fondos de la UE. Pero es cierto que este aluvión repentino puede desequilibrar un crecimiento orgánico de este nicho".

La campaña, aclara, va destinada a inmuebles de uso residencial, no industrial. En principio, las ayudas procedentes de recursos comunitarios serán solicitadas por las comunidades de propietarios para poner a punto los domicilios desde un punto de vista energético, accesible y social. El gran problema viene del otro lado de la ecuación: las empresas. "Una de las grandes amenazas es que el empresariado está muy atomizado, la mayoría de empresas son pymes y expertas en casas nuevas, no en remodelar edificios existentes".

Una fachada siendo rehabilitada / EP

¿Un propósito inasumible?

Para Huerta era mucho más factible el plan precrisis que pretendía poner a punto 1,2 millones de viviendas en 10 años. Alcanzar este umbral en apenas tres años es "más difícil". "Los objetivos a largo plazo tienen más éxito", reconoce. Albert Cuchi, profesor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), concuerda en que la clave del éxito estará en la adaptación del sector para que adquiera mayor dimensión sin generar riesgos nuevos.

"No se puede acostumbrar a los operadores a las subvenciones para cuando se rebajen las ayudas de esta inyección muy potente de dinero", apunta. Y apostilla: "El problema es hacernos ricos de golpe". Actualmente, la estructura privada y pública que mueve este negocio es muy modesta. Aún más si se la compara con otros países europeos, donde "a partir de cierto nivel de renta, los propietarios se aíslan térmicamente el hogar". "Otro problema del sector es la generación de demanda. Suelo utilizar el símil del coche: hay quien lo usa hasta quemarlo y hay quien realiza revisiones periódicas para mantenerlo en buen estado".

Generar la demanda

Por tanto, otro frente abierto por las Administraciones será la promoción de estas tareas de remodelación urbana. "Se trata de una inversión parecida a la de comprarse un automóvil, solo que uno no se rehabilita siete veces su casa, y en cambio se cambia siete u ocho veces de coche en una vida", explica. "Hay que movilizar de forma inteligente el interés de la ciudadanía", concluye.

En ello también tienen un papel clave los administradores de fincas. Estos profesionales son el nexo de unión entre los vecinos, los gabinetes técnicos y las oficinas de la Administración. Lorenzo Viñas, gerente del colegio de administradores de Barcelona y Lleida, reivindica su figura como mucho más que un mero árbitro de complicadas reuniones de propietarios. "Los administradores tenemos conocimientos sobre materias tan distintas como construcción, derecho, organización de empresas... intermediamos en la compraventa de bienes inmuebles y mediamos con el arrendador". Y también se encargan de llevar a buen puerto las rehabilitaciones de fincas.

Agilizar los trámites

Normalmente, estos procesos nacen por sugerencia del propio administrador. Al conocer de primera mano el mantenimiento de los espacios comunes, sabe detectar antes que nadie las anomalías que necesitan un arreglo. "En otros casos, estos trámites empiezan por una avería y, cada vez más, enfocamos este ámbito con la idea de prevenir antes que reparar".

Aunque las tomas de decisión de una comunidad pueden demorarse entre uno y tres meses, el quebradero de cabeza empieza en los ayuntamientos. "Aunque calculamos que cerca del 37% de edificios de la capital catalana necesitan una intervención, no se ha hecho una apuesta importante por agilizar las licencias de obras en Barcelona". Si a esto se suma el tiempo de las obras (la renovación de una fachada puede llevar entre 10 y 14 meses), la culminación de cualquier proyecto puede llegar casi a los dos años.

Imagen aérea de bloques de pisos en Barcelona afectados por la nueva ley de alquileres / EP

Cambios legales

"En algunas ocasiones, las comunidades han renunciado a las subvenciones por obstáculos de los ayuntamientos o por un incremento de los presupuestos por una actuación concreta que el consistorio pide", denuncia Viñas. Por otro lado, este profesional también reconoce que "no habrá suficientes empresas para asumir la cantidad de proyectos" que se espera que se presenten.

"Tendremos un problema porque la sociedad está concienciada del cambio tecnológico, pero los edificios no están preparados", lamenta. Además, las complicaciones legales para introducir muchos cambios concretos en los bloques de pisos (como por ejemplo los surtidores eléctricos para vehículos que no consuman combustible fósil) son otra piedra en el zapato de este gran reto colectivo. "La rehabilitación con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética debe convertirse en el motor de la recuperación, pero faltaría contemplar una adecuación de la normativa para que la actuación fuese eficaz", resume.