Mercabarna destina casi 2,5 millones al derribo de su matadero
La gestora busca una nueva utilidad para los terrenos que antes ocupaba esta actividad, cerrada hace unos meses por sus elevadas pérdidas
18 noviembre, 2020 00:00La Plataforma de la Contratación Pública de la Generalitat de Cataluña ha dado a conocer las dos licitaciones de obras para el derribo del Matadero de Mercabarna, cuyo principal accionista es el Ayuntamiento de Barcelona. Para estas obras, se destinarán casi 2,5 millones de euros. El grueso del presupuesto (2.289.437,37 euros) es la licitación para un contrato que corresponderá a la demolición de los viejos edificios que hay en unos terrenos de 27.000 metros cuadrados. El resto (96.739,50 euros), cubrirán el suministro e instalación de un conjunto de módulos prefabricados para la reubicación provisional de los trabajadores.
La intención de los gestores es aprovechar lo máximo posible los amplios terrenos que quedarán libres tras la desaparición del matadero. Desde la compañía, explican que tienen una idea bastante clara de lo que quieren.“Existe una gran demanda de espacio. Hay muchísimas empresas que quieren seguir creciendo allí, y eso para nosotros es muy interesante”, explican desde la sociedad gestora del polígono alimentario que reúne a más de 700 firmas del sector agroalimentario.
Más espacio logístico
“Antes de tirarlo todo”, a Mercabarna le gustaría, y al parecer por ahí van los tiros, que el nuevo espacio acogiera “empresas de logística especializadas en productos frescos, start ups que fabriquen envases de material sostenible o un tipo de negocios con criterios que den valor añadido al sector ecológico”, tal y como explican los mismos interlocutores.
Esas son las intenciones de cara al futuro. Con todo, los responsables del grupo recuerdan que se han comprometido con las empresas que aún mantienen su actividad en el matadero a que sigan usando las instalaciones el tiempo que precisen. “Nuestra idea es esperar a que acaben de utilizar las cámaras frigoríficas, al menos hasta fin de año”.
Mantenerlo, inviable
El cierre del matadero, aprobado el pasado mayo, es un asunto que ha traído cola desde que el consejo de administración planteó esta posibilidad. La Agencia de Salud Pública de Barcelona le exigió remodelar íntegramente el edificio y la maquinaria para poder mantener las operaciones. Los cálculos previstos para cumplir con esta demanda apuntaban a una inversión cercana a los 11 millones de euros, además de detener la actividad durante casi dos años para realizar las obras. Los responsables del matadero decidieron cerrarlo por unanimidad.
“Al ser un espacio de servicio público preferimos adelantarnos a la normativa europea que estableció un nuevo sistema higiénico-sanitario y aceptamos la obligación de cumplirla antes de que lo exigiese la ley”, aseguran fuentes de Mercabarna.
Una máquina de perder dinero
Desde sus orígenes, allá por 1979, estas instalaciones siempre fueron deficitarias. En la última década los desvíos fueron exagerados, lo que llevó al Tribunal de Cuentas a emitir un informe desfavorable sobre su continuidad. Concretamente, argumentó que era “improcedente que un establecimiento público generase pérdidas de forma continuada”. En efecto, el agujero de la sociedad alcanzó los 22 millones de euros a pesar de todos los intentos por reducir tan enorme déficit.
“Hay mucha competencia y no podíamos llegar al nivel de las privadas. El mercado es duro y estuvimos muchos años buscando clientes porque se terminaba el contrato con Condialmentserveis", señalan los mismos interlocutores. Reconocen que el Tribunal de Cuentas también les impidió "mantener una instalación que generaba tanto gasto público” para equilibrar las cuentas y evitar entrar en una quiebra técnica. El informe de la Agencia de Salud Pública dió la puntilla a esta situación. Desde Mercabarna recuerdan que en Cataluña hay muchos otros mataderos públicos y privados con capacidad suficiente, como los de Sabadell, Castellbisbal, Sant Cugat, Guissona, Argentona, Riudellots de la Selva o Banyoles.
Recolocación de los trabajadores
Las instalaciones de la Zona Franca, cuya propiedad está repartida entre el Ayuntamiento de Barcelona, con el 51%, la SEPI estatal (el 37%), y la Generalitat, con el 13%, tienen todavía por dilucidar qué pasará con los trabajadores que perderán su empleo. Éstos, a través de los sindicatos, siempre han defendido que un cambio de gestores podría ser suficiente para mantener una instalación que ha sido deficitaria. Aseguran que esto es debido a malas decisiones operativas que han impedido aumentar el volumen de negocio, garantizar su viabilidad y, en consecuencia, la continuidad de los empleos.
Anna Núñez, coordinadora del Barcelonès de CCOO d’Indústria de Catalunya, ha explicado a Crónica Global que lo importante ahora es la recolocación de los empleados. “Nuestra prioridad es que los 74 trabajadores afectados perciban la máxima indemnización legal y puedan ser recolocados en el sector de almacenes y en el cárnico”. También la dirección de Mercabarna trabaja para este fin. “Es un sector con demanda y les hemos incluido en unos cursos de formación y ofrecemos unas becas en las que asumimos seis meses de su sueldo mientras hacen prácticas gratuitas en otras empresas”, detallan desde la sociedad.
El proyecto bluf
La oferta de la empresa AAG, de Jordi Farré, presentó un proyecto para quedarse con las instalaciones y mantener la actividad del matadero, pero todo quedó en nada. Mercabarna advierte que no presentó ningún plan de viabilidad ni los avales exigidos para quedarse con la instalación. “Al final, dejó tirados a los trabajadores”, declara la representante sindical.
“Aquí ha faltado visión de política industrial”, se queja Núñez, quien lamenta la posición adoptada por el ayuntamiento. “Ha tirado por la vía fácil. Se ha quitado un problema de encima y se desprende del matadero, que ahora durante la pandemia se ha visto que es una actividad esencial. Su intención es invertir en espacio público”, manifiesta.
Las obras
El derribo de las viejas instalaciones parece inevitable, aunque el sindicato aún confía en que el consitorio liderado por Ada Colau “reconsidere su decisión y mantenga la actividad”. Sin embargo, ahora ya sólo se trata de saber qué empresas llevarán a cabo las obras. El plazo para la presentación de ofertas expira a las dos de la tarde del 20 de noviembre para la obra que debe instalar los módulos prefabricados que deben acoger la ubicación de los trabajadores que realizarán la obra y el 30 de noviembre para la ejecución de la demolición de los viejos edificios.
El consejo de administración aún no ha decidido qué actividades se llevarán a cabo en la parcela. Pretenden incorporar empresas que lleven más valor añadido al producto, de comercio online, especialistas en proximidad, en productos ecológicos, cadenas de distribución, etcétera. Pero al parecer, no tienen prisa. “Ahora se trata de tirarlo todo abajo y ya se verá lo que se construye en su lugar. Tenemos mucha demanda de espacio y muchas empresas que quieren mantener su expansión con nosotros”, concluyen desde Mercabarna.