El Govern prometió desconectarse de Google en las escuelas y ha cumplido. La Generalitat de Cataluña ha prohibido el uso de cuentas de correo Gmail y de redes sociales propiedad de la tecnológica como Youtube porque la compañía "accede de forma indiscriminada" a los datos de los estudiantes menores de edad, información que "extrae", asegura el Ejecutivo regional, para fines comerciales. La compañía, a su vez, admite la "publicidad" en programas como Youtube, pero pone en valor la "seguridad y privacidad" que ofrece G Suite for Education, su solución para la enseñanza que diverge por completo de los productos gratuitos y cumple con los requisitos que le exige el Ejecutivo catalán.
Con todo, el Govern no hace esta diferenciación a la hora de tomar su decisión. Así lo indica en una resolución interna de recomendaciones firmada por el departamento catalán de Enseñanza a la que ha accedido este medio, y que responde a la inquietud de padres de alumnos de algunos colegios. En el documento, la Consejería que pilota Josep Bargalló (ERC) deja claro que los colegios "tienen autonomía para concretar su proyecto educativo", aunque da instrucciones directas a los centros para hacerlo. Se prohíbe el uso de cuentas de correo de Gmail, Yahoo o Hotmail. Los alumnos tampoco pueden acceder "en ningún caso" a redes sociales como Youtube, Twitter, Instagram, Facebook o Whatsapp desde las aulas.
"Acceso masivo a los datos"
El Govern justifica la draconiana intervención, habida cuenta de que las condiciones de servicio de este software "contemplan por defecto el acceso indiscriminado de los mensajes, documentos y material multimedia de los usuarios".
Josep Bargalló, consejero catalán de Enseñanza, en una comparecencia en el Parlamento catalán / EFE
El Ejecutivo autonómico afirma que estas tecnológicas "extraen todo tipo de datos con el objetivo de definir perfiles de consumo y personalidad". Ante ello, quedan prohibidas.
Control férreo sobre G-Suite
¿Y G-Suite for Education, la solución de Google para enseñar a distancia? En este capítulo, Enseñanza pasa la pelota a los claustros. Llama a los equipos de los centros escolares a cerciorarse de que las plataformas educativas de los gigantes tecnológicos "cumplen con algunos requisitos básicos", tales como el Reglamento europeo General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés).
Obliga, además, al profesorado a "verificar" que Google "no recopila ni procesa datos" de los estudiantes; que no incluye "ningún tipo de publicidad directa ni encubierta"; que los datos que se generan fruto del proceso lectivo "son propiedad del centro"; debe restringir el correo electrónico a la escuela, evitando que terceros puedan escribir a los alumnos, y viceversa; y montar una "consola de administración" que gestione permisos, audite el uso de G-Suite for Education y, si es necesario, "intervenga ante incidentes de seguridad". Por último, Enseñanza recomienda el uso de Linkat 18.04, solución para la educación diseñada desde el software libre en lugar de la plataforma del gigante tecnológico que igualmente cumple con todos estos requisitos a rajatabla.
Google: "Ni publicidad ni perfiles en las escuelas"
Tal y como ha defendido en el pasado, Google recuerda que tiene distintos programas para perfiles de usuarios. "Tenemos servicios para todos los usuarios de consumo, a nivel mundial, como pueden ser YouTube, Google Maps, Gmail, etc., que tienen unas características muy concretas y que, en su versión gratuita, tienen publicidad", explica la filial de Alphabet.
Dos estudiantes de Primaria, realizando tareas con un ordenador portátil / GOOGLE
¿Y en las escuelas? "G-Suite for Education tiene entre sus servicios principales herramientas como Gmail, Google Classroom, o Google Drive para el ámbito educativo, donde los datos pertenecen a los centros educativos, no se hacen perfiles con fines publicitarios, ni se muestra publicidad", enfatiza la multinacional.
Colaboración con la Generalitat
En este marco, en mejorar la comunicación con ángulo educativo, Google está a disposición de la Generalitat de Cataluña. "Desde hace tiempo trabajamos con la Generalitat y los centros de Cataluña para facilitar el acceso a G-Suite for Education, la solución que ofrecemos para el ámbito educativo", ha recordado la misma fuente. Cita la enseña con sede en Mountain View (Estados Unidos) "constantes conversaciones" sobre "cuáles son las soluciones que mejor se ajustan al contexto educativo".
En este marco, el grupo que lidera Sundar Pichai señala que "recomienda a los colegios el uso de Google for Education en el entorno educativo ya que ofrece las garantías de seguridad y privacidad más adecuadas". Lo que es más, su plataforma educativa "apoya" a los educadores para proporcionar un ambiente de aprendizaje saludable y seguro" y está pensada para "ayudar a los colegios a configurar las opciones de privacidad y seguridad que mejor se ajustan a su proyecto educativo". Y es que se trata de un producto diseñado para este fin.
Titubeos del Govern
El choque entre Govern y Google llega después de que el Ejecutivo regional del expresident inhabilitado Quim Torra firmara en junio un acuerdo con los ciberactivistas de XNet para utilizar herramientas educativas que blindaran la privacidad de los alumnos en los colegios públicos. Simona Levi, cofundadora de XNet, apuntó directamente a Google por su uso, según ella, "opaco" de los datos de los más pequeños. Al comenzar el curso y la enseñanza a distancia, algunos padres se quejaron a raíz de las informaciones de esta plataforma cuyos objetivos finales tampoco están claros.
La tecnológica recordó entonces que sus soluciones para el sector educativo están "entre las más seguras del mercado". Enfatizó que cumplía con el RGPD, teniendo especial esmero con los datos de alumnos y profesores, y que no elabora perfiles de los escolares con fines comerciales ni incorpora publicidad a sus soluciones educativas. Apostilló la tecnológica que, además, sus programas los vigila la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y, si lo desean, los padres y madres de los estudiantes. Todo ello cuestiones contrastables que, al final, han sido insuficientes para la Generalitat a la hora de publicar una resolución interna poco fundamentada.