La OCU se mete en la 'guerra del agua' de Barcelona para arañar reputación

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha entrometido en la guerra del agua de Barcelona para recuperar reputación. La opaca asociación de defensa del cliente ha aterrizado como asistente no invitado en la batalla por el suministro en la Ciudad Condal pese a que se trata de un debate desdibujado por la carga política e ideológica. Dirigiéndose a este medio, la organización que comanda Esther Rodríguez Uceda ha aclarado que no pilota acción colectiva alguna contra Agbar y que si hay actuaciones éstas son las reclamaciones "gratuitas" contra la compañía, que pueden tramitarse desde la página web.

Sea como fuere, la OCU publicitando su plataforma para reclamar a Aguas de Barcelona (Agbar). Lo hace prometiendo que la compañía --quien admite que responderá en cero días-- contestará por la misma vía. Y que, si la propuesta no satisface al internauta, la propia OCU iniciará la batalla legal. Previo pago de 15,65 euros al mes, la cuota que cobra la entidad a sus asociados. De este modo, la asociación entra en la pugna por el agua pese a que Agbar ha dejado claro que los recibos más caros que han recibido algunos barceloneses se deben al nuevo impuesto de residuos que cobra el Ayuntamiento de Barcelona y al encarecimiento de la tasa metropolitana de residuos. Ambos tributos han agregado 20 euros al precio bimensual de la factura, de media.

Minada por las 'fake news'...

Así, pese a que buena parte del aumento del precio del agua es atribuible al impuestazo del gobierno de Ada Colau, la OCU ha decidido comprar la tesis del Ejecutivo local de los comunes y dar por bueno un supuesto incremento del recibo por unas lecturas estimadas. Así se ha alineado la asociación con la fuerza de Colau, a pesar de que Agbar ha dejado claro que ha cumplido al dedillo el reglamento metropolitano sobre el precio del agua.

También preocupante es el hecho de que la entidad que dirige Rodríguez Uceda vuelve a abordar un tema de debate en Barcelona pese a que la última vez que lo hizo recibió un rapapolvo. Ocurrió con el sector funerario, industria de la que aseguró en 2019 que ofrecía un precio medio por sepelio de 6.441 euros. La cifra es, cuanto menos, poco rigurosa. Ello es así si se toma como referencia el índice que publicó la Universidad Pompeu Fabra (UPF) en 2017 [consultar aquí], y que calcula en unos 3.190 euros el precio medio por entierro. La cata de mercado de la OCU se hizo sin consultar con los operadores ni a la patronal Panasef, algo que sí hizo la UPF.

...y por una estructura opaca

Esta polémica con los servicios funerarios se sumó a otra con las cremas solares a nivel nacional. También el pasado ejercicio, la supuesta organización sin ánimo de lucro denunció etiquetado incorrecto en protectores de las marcas Isdin y Babaria en España. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) avaló el estudio de la plataforma de defensa del consumidor, sí, pero también el de las empresas. Con ello, el fiscalizador y guardián del mercado farmacéutico concluyó que las dos metodologías eran correctas. Las cremas de Isdin y Babaria, pues, ofrecían la máxima protección, estando correctamente etiquetadas. Tras ello, la OCU pidió al Gobierno que publicara sus estudios sobre este producto. La demanda puede tener sentido, pero colisiona con las propias prácticas de la asociación, que raramente divulga sus metodologías.

La opacidad de los estudios de la OCU ha minado su credibilidad. También ha salido mal parada la imagen pública de la asociación registrada ante el Ministerio de Justicia por su estructura societaria. Lejos de ser una suerte de ángel de la guardia de los consumidores españoles --al menos los suscriptores--, la entidad es la última pata de una trama societaria con patas en Luxemburgo, Países Bajos y Hong Kong. La equis de la incógnita es Euroconsumers SA, una sociedad con ánimo de lucro vinculada a la OCU y con ramificaciones globales. El grupo factura 110 millones de euros y gana 1,5 millones y está vinculado a mercantiles en Bélgica, Portugal, Países Bajos y el territorio autónomo chino. El entramado Euroconsumers se financia con suscriptores, como en España, pero también con financiación pública en varios países europeos.

OCU: "Son reclamaciones gratuitas"

Tras publicarse la noticia, la OCU se ha dirigido a Crónica Global para subrayar que no opera ninguna acción colectiva contra Agbar. Según la entidad, solo ofrece la posilidad de reclamar recibos a la compañía mediante su plataforma Reclamar. La Organización enfatiza que dicho proceso es gratuito, salvo por si se llega a la vía judicial, momento en el que ser suscriptor permite el uso de la asesoría jurídica.

Con lo que respecta a las cremas solares, la asociación comandada por Esther Rodríguez insiste en que los productos fueron retirados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, acción de la que el fiscalizador informó mediante comunicado público el 15 de octubre de 2019 [ver nota pública aquí].