Más que confinamiento total, vacaciones adelantadas

El Gobierno ha optado por detallar qué actividades productivas deben seguir funcionando en la fase más dura del confinamiento, la que empieza hoy y acaba el 9 de abril, en lugar de cuáles estarán prohibidas. Estudiada con detalle, la relación no ofrece un gran cambio respecto a la situación previa salvo en una cuestión capital: quién paga las nóminas de los trabajadores.

Las empresas que deben cesar la producción y que aún no se han acogido a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) aprovechando las ventajas de la fuerza mayor que supone el coronavirus deberán pagar los salarios de sus plantillas, que después recuperarán en forma de horas o días trabajados sin retribución; o sea, a cambio de vacaciones. Y todo dentro del año natural. Más que confinamiento total, el Gobierno ha optado por vacaciones a cuenta.

María Jesús Montero durante la rueda de prensa / EFE

Vivir en fin de semana

Tanto Pedro Sánchez el sábado como la portavoz del Gobierno y la titular de Trabajo el domingo han insistido en la idea central de alcanzar un ritmo de trabajo y de circulación por las carreteras propio del fin de semana: descanso retribuido. De ahí que la nueva fase acabe el 9 de abril: el día siguiente, Viernes Santo, es festivo en toda España, por lo que seguiremos de fin de semana hasta el lunes, día 13, cuando se abrirá una nueva fase. Al menos, en principio.

El Gobierno asume que la factura que pasará la pandemia a la economía española será muy alta, y trata de mitigar sus efectos repartiendo costes con las empresas y los trabajadores. La fase de relanzamiento –“reconstrucción”, en palabras de Sánchez-- necesitará nuevas aportaciones de recursos, o sea deuda pública. Y España ya estaba en el equivalente añ 95,8% de su PIB antes de esta crisis.

Foment, el primero en reaccionar

Las empresas se habían lanzado en tromba a presentar expedientes para que el Estado se hiciera cargo del gasto que supone el parón para sus cuentas de resultados; algunas, incluso, habían aprovechado para arreglar asuntos pendientes. Por eso, Foment del Treball ha reaccionado inmediatamente para reclamar que el Estado se haga cargo del 75% de los costes del permiso retribuido que se inicia hoy.

Solo en Cataluña, hasta ayer domingo 67.166 compañías habían presentado un expediente de regulación, lo que supone el despido temporal de 518.235 trabajadores.

Quim Torra y su propuesta

Ya se ve que el “confinamiento total salvo servicios esenciales”, como ha bautizado Quim Torra el decreto del Gobierno español de este domingo, no existe. Al menos, no supone el aislamiento por carretera, puertos y aeropuertos que exigía el político independentista, dado que los transportes siguen exactamente igual que hasta ahora, tal como subraya el real decreto tras especificar que los servicios de autopistas se mantienen, así como todos los relacionados con la logística necesaria para que el país funcione.

No solo es necesario mantener activas las aduanas, sino los transportes que permiten el comercio online y el correo postal. De la misma manera, la hotelería y restauración de servicio a domicilio continúan como hasta ahora. Además de la banca y los seguros, siguen abiertas las notarías, como las gestorías y, de hecho, el sector de la manufacturación, producción química, y toda la cadena de valor que tenga que ver con la tecnología sanitaria. De la misma forma, el Gobierno autoriza la actividad en las industrias que se hayan puesto al servicio del sistema sanitario, como es el caso de las textiles que ayudan en la fabricación de mascarillas.

Urkullu también se precipita

Íñigo Urkullu, el lehendakari vasco, también se ha precipitado. El domingo por la mañana hizo pública la carta que había dirigido a Pedro Sánchez la víspera. En la misiva, tras reprocharle que tomara decisiones sin consultar con las autonomías, le advertía del grave daño que podía ocasionar a la economía de Euskadi el confinamiento total, sobre todo teniendo en cuenta que los competidores de sus empresas en otros países siguen trabajando, y aprovecharían la ventaja.

Sin embargo, el real decreto especifica que mantendrán su actividad las labores de minería, de los altos hornos, la siderurgia y las plantas de ciclo de producción continuo –la industria pesada que necesita largos periodos de tiempo para ponerse en marcha y para detenerse--, sectores que están radicados especialmente en el norte de España.