El Ayuntamiento de Barcelona, a la carga. El gobierno municipal de Ada Colau ha amenazado hoy a Airbnb, Homeaway, Booking y a la patronal Apartur con multas "en el plazo de un mes y medio" y con lanzar una campaña en su contra si no "cumplen con la legalidad" en materia de pisos turísticos. En una intervención durísima, las ha acusado de "prácticas mafiosas" por encubrir " grupos organizados" que alquilan apartamentos sin autorización.

El "ultimátum" lo ha verbalizado hoy la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, que ha informado que "todas incumplen en algún u otro aspecto", por lo que el Ejecutivo local quiere "acciones ya" por parte de estos operadores, con quien se ha reunido hoy. Según Sanz, "tienen la opción de cumplir la ley o no hacerlo, y en estos momentos no hay ninguna que lo haga al 100%". Por ello, ha señalado directamente a Airbnb, Homeaway, Booking y Apartur, aunque no a Tripadvisor, que si bien estaba en la mesa bilateral en el pasado, no acude desde hace tiempo. ¿Sus presuntos incumplimientos? "Direcciones falsas, accesibilidad a los datos o falta de colaboración", ha detallado.

Multas y campaña en contra

La amenaza de Sanz y Xavier Marcé, edil de Turismo e Industrias Creativas, se concreta pues en dos aspectos. Por un lado, en "retomar la vía sancionadora" con las intermediarias de apartamentos vacacionales. "Si no hay cumplimiento se volverá a la vía sancionadora que prevé la legalidad", ha subrayado la teniente de alcalde de Urbanismo. ¿Qué cuantías se les impondrían a las plataformas? "La vía sancionadora está reglada y establecida. La voluntad es que cumplan voluntariamente y dejen de anunciar pisos turísticos sin licencia", ha insistido Sanz.

Por su parte, Marcé (PSC) ha avanzado otra pata de las posibles acciones del Ayuntamiento contra las puntocom. "Existe la posibilidad de realizar una campaña informativa entre los turistas para saber a quién está contratando y qué consecuencias genera", ha anunciado el concejal socialista.

Pocos cierres

Cualquiera que fuera la contundencia de su aviso, éste llega tras un ejercicio, 2019, en el que bajó, y mucho, la actividad reguladora del Ayuntamiento de Barcelona. Janet Sanz ha detellado que en estos momentos los técnicos municipales han ordenado 6.300 ceses de actividad de pisos turísticos, de los que se han cumplido "cerca de un 50%, unos 3.150". La cifra varía poco con respecto a las 4.900 órdenes efectivas y los 3.000 cierres que la misma concejal presentó en marzo de 2019. En once meses, pues, el Ayuntamiento ha conseguido cerrar solo 150 pisos turísticos ilegales netos. 

Ello no ha sido óbice para que Sanz se congratule de la actividad desempeñada hasta la fecha. "Hay 16.000 expedientes en marcha, lo que significa que hemos verificado 16.000 pisos in situ. Asimismo, hemos incoado 8.000 expedientes sancionadores y hemos precintado 400 viviendas, con el volumen de trabajo que ello supone", ha defendido la electa.

Plan de choque

En efecto, el recuento y la amenaza de hoy llegan once meses después de que el Ejecutivo local anterior de Barcelona en Comú (BComú) sacara pecho del cierre de 3.038 pisos turísticos sin habilitación. Lo hizo en marzo de 2019 la propia Janet Sanz, que ya era teniente de alcalde de Urbanismo en 2019 señaló que desde la puesta en marcha del plan de choque en 2016 el consistorio redujo la oferta ilegal en un 95%. Globalmente, su equipo había ordenado el cese de actividad de unos 4.900 apartamentos turísticos sin licencia en Barcelona, de los que 3.038 habían cumplido. 

Con lo que respecta a los anuncios, éstos se redujeron de 5.872 a 272, mientras que otros 1.200 unidades, según cálculos municipales, se volvieron a incorporar al parque de vivienda residencial de la ciudad. En 95 casos, la orden de clausura se refería a apartamentos turísticos que ocupaban un bloque de pisos entero.