Cabify defiende su legalidad y recurrirá las multas en Cataluña

Cabify ha defendido la legalidad de su operativa en Cataluña y ha avanzado que recurrirá todas las sanciones que le impongan las administraciones, como las 54 que ha encajado del Gobierno catalán. La tecnológica ha recordado además que tiene 350.000 usuarios en Barcelona y resto de municipios en los que opera, lo que constituye una sólida base de clientes.

Cabify defiende su legalidad / CG

Fuentes de la intermediaria que dirige Juan de Antonio han precisado que Cabify presta servicio en Cataluña mediante su filial Prestige & Limousine SL. Es mediante esta mercantil que la compañía "cumple con el compromiso adquirido con los más de 350.000 usuarios registrados que confían en la aplicación para moverse tanto en Barcelona como en el resto de municipios en los que opera". ¿Qué ocurre con las 54 sanciones por valor de más de 30.000 euros anunciadas ayer por el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Isidre Gavín? Respecto a este punto, Cabify es clara: "Nuestro modelo de negocio como empresa de transporte se ajusta a la normativa vigente y recurriremos cualquier sanción relacionada con la naturaleza del mismo", ha subrayado.

Batería de promesas contra los VTC

La respuesta de Cabify a las sanciones interpuestas por el Ejecutivo autonómico, 50 de las cuales han agotado la vía administrativa --solo pueden ser recurridas por el carril judicial--, forman parte de una batería de promesas pergeñada por el Govern y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para evitar protestas e incluso una huelga de taxistas durante el Mobile World Congress (MWC), el congreso de telefonía que se celebrará del 24 al 27 de febrero en la ciudad condal.

Las dos administraciones han ofrecido a Élite Taxi, el sindicato que amenaza con torpedear el evento tecnológico, incrementar el número de inspectores a los VTC; vigilar de cerca que se cumplan los 15 minutos de precontratación obligatoria; bregar contra la supuesta "captación ilegal" que harían algunos de estos vehículos y marcarlos con una pegatina para cerciorarse de que todos ellos cumplen los dos días obligatorios de descanso semanales. No obstante y tal y como ha avanzado este medio, las promesas de Gobierno catalán y AMB pueden incurrir en la ilegalidad, habida cuenta de los autos emitidos anteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que han corregido la intromisión de la segunda institución en el sector.

Expansión en Barcelona

Cualquiera que fuere el contexto de las sanciones, lo factual es que Cabify ha apostado por Barcelona y su conurbación pese a las trabas de las administraciones. En noviembre del pasado año, la intermediaria anunció que ampliaba su flota de los 300 a los 800 vehículos y que su servicio se expandía a localidades del área metropolitana como Terrassa, Mataró, Martorell o Sitges. "Cabify ha estado capaz de adaptar su modelo de negocio al marco legal aplicable", defendió entonces la compañía.

Su argumento tiene peso especial cuando se tiene en cuenta el empeño del Gobierno catalán y el AMB en tratar de cortar el paso a los VTC en Barcelona. El Ejecutivo autonómico es uno de los pocos que ha desarrollado un Real decreto-ley a nivel nacional que impone trabas como la precontratación obligatoria de 15 minutos. Por su parte, el AMB ha tratado de aprobar dos reglamentos de explotación en dos años: en 2018 y 2019, ese último ejercicio antes de las elecciones municipales y europeas. El TSJC ha adoptado medidas cautelares que los han corregido a la baja en ambos casos y, lo que es más, ha afeado a la institución presidida por Ada Colau que se "extralimite" en sus competencias.