La justicia tumba los obstáculos de Colau a Uber y Cabify

No pasan el corte. Las trabas de Ada Colau a Uber y Cabify no las avala la justicia. Por dos veces en un año, la jurisdicción contenciosa ha desactivado los torpedos lanzados por la alcaldesa de Barcelona y aún presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) a los vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que utilizan las dos tecnológicas.

En un auto que se dio a conocer ayer [leer aquí], la sala tercera del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desarbola la parte sustantiva del reglamento metropolitano de explotación de los VTC. Dicha norma se aprobó el 21 de mayo. A cinco días de las elecciones municipales, Barcelona en Comú (BComú) consiguió aprobar un texto que contaba con el plácet de 10.000 taxistas de Barcelona y su conurbación. El equipo de Colau parecía haber pacificado al sector antes de que los españoles acudieran a las urnas.

Lo relevante, fuera

La justicia no ha tragado. El TSJC deja en suspenso los artículos 3, 4, 11 y parte del capítulo sancionador del reglamento [leer aquí]. ¿Qué significa ello? Que borra de un plumazo la parte sustantiva. Se carga la precontratación de 60 minutos, que hubiera significado la muerte empresarial de Cabify --Uber ya no opera en Barcelona desde febrero, cuando la Generalitat fijó una contratación previa de 15 minutos--. Asimismo, no transige con las cláusulas que fijaban una nueva identificación de los VTC con una pegatina repartida por la AMB.

Fuentes del sector explicaron ayer que el reglamento "sigue en vigor", aunque diezmado. El lunes 15 de julio se preveía que las policías locales de los 36 municipios de las cercanías más la propia Ciudad Condal salieran a multar. Todo estaba preparado para cazar a los 300 vehículos de Cabify en Barcelona más las VTC tradicionales que se saltaran la normativa. ¿Será así? Ello ahora no está tan claro. El tsunami de multas podría no producirse.

"Nos perjudicaba"

En conversación con este medio, Sergi Aduà, presidente de Luxury VTC, la pequeña patronal que ha tumbado el núcleo del reglamento anti-Cabify, fue claro. "No estamos en contra del taxi. No queremos guerra con nadie. Queremos que ellos puedan trabajar, y que lo hagan sin intrusismo. Pero no es de recibo que se presione para conseguir leyes ad hoc contra todos los VTC. Porque las empresas tradicionales llevamos décadas trabajando. Mi empresa tiene 75 años de historia. Nuestro cliente es el turista de nivel, no el del taxi. ¿Por qué nos quieren dejar fuera?", se preguntó el directivo.

Esta pequeña organización, que nada tiene que ver con Uber y Cabify, es la que ha desarbolado la carga de profundidad de Colau contra las plataformas. Y nada tiene que ver con ellas. Se trata de un grupo de empresas de limusinas que resultaba muy afectado por el reglamento como daño colateral. "Que no nos pongan en el punto de mira. Somos VTC tradicionales, no Uber ni Cabify. Pero exigimos una regulación para toda España y que no sea indiscriminada. Que no cercene nuestro negocio. Y la norma de la AMB nos borraba del mapa", explicó Aduà.

El intento de Luxury VTC ha dolido. El TSJC lo admitió a trámite, como avanzó este medio, y lo ha estimado parcialmente antes incluso de que llegaran los recursos de Unauto, la patronal nacional de VTC, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco).

Dos trompazos en un año

El revés del TSJC deja un escenario confuso. El reglamento de la AMB sigue en vigor, aunque renqueante. Continúan en pie obstáculos a los VTC en Barcelona, como la geolocalización; la prohibición de captar pasaje en la calle; el tipo de vehículo que deben contratar las empresas y los días y horas que pueden trabajar. Pero su parte nuclear ha sido desactivada. Ya no hay obligatoriedad de precontratar con 60 minutos, ni de inscribir los vehículos en un registro propio de la AMB.

Pese a la gesticulación del colectivo del taxi ayer, lo cierto es que el trompazo del TSJC se esperaba. Más de uno en el transporte sabía que la sala tercera de la jurisdicción contenciosa de segunda instancia --la misma que se cargó el primer reglamento de Colau contra Uber-- no avalaría los 60 minutos. "El artículo 11 siempre fue problemático. En lugar de regular coche por coche, se hizo de forma masiva y ello no ha pasado el corte judicial", explicaron las mismas voces. En síntesis, Colau pierde la segunda batalla en su guerra contra las alternativas al taxi en menos de un año. Queda por ver si sus promesas al colectivo vuelven a inflamarlo y a provocar protestas y huelgas, como ocurrió en julio de 2018 y febrero de 2019.