Tres trucos para sortear la tasa del 30% de VPO de Colau

Tres estrategias para sortear la tasa del 30% de viviendas de protección oficial (VPO) a las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones de Colau. La obligación de reservar un tercio de los pisos de las nuevas construcciones a pisos protegidos tiene lagunas que pueden salvar inversiones en Barcelona.

Según ha explicado el bufete Roca Junyent en una nota pública, la doble modificación del Plan General de Metropolitano (PGM) que aprobó el equipo de gobierno de BComú esta semana en comisión municipal para, según el Ejecutivo local, "ganar de 300 a 400 pisos sociales cada año" aún no es firme. Por ello, los inversores, que han recibido la noticia como un mazazo, tienen tres maneras de salvar sus proyectos. La primera y más evidente es entrar la licencia de obras mayores para la nueva construcción o gran rehabilitación antes de agosto de este año. De lo contrario, el despacho recomienda hacer la solicitud formal antes de que se apruebe de forma definitiva la modificación del PGM, prevista para este año.

Aprovechamiento

Dos movimientos más permitirían a los inversores acometer sus proyectos urbanísticos sin tener que pagar el peaje del 30% del techo a vivienda social. Uno de ellos es similar al que permitió a muchos hoteleros sortear la moratoria de alojamientos turísticos que BComú levantó sin avisar el 1 de julio de 2015. Se trata de adquirir derechos sobre el terreno por medio de la petición de un certificado de aprovechamiento urbanístico. Dicho documento debería solicitarse ahora al ayuntamiento y hacerlo de nuevo seis meses después. Con este paso, los derechos del inversor quedarían blindados frente a futuras modificaciones del planeamiento. 

Antes de todo ello, no obstante, lo más inmediato es formular alegaciones al doble cambio legislativo que impone los pisos protegidos por decreto al sector privado. Este trámite se puede hacer hasta el 20 de julio y supondría un ahorro considerable a los inversores perjudicados, pues contra los planes urbanísticos, al ser disposiciones generales, no se pueden interponer recursos administrativos, sino escritos judiciales por la vía contenciosa.

Polémico

Cabe recordar que el Ejecutivo local de los comunes consiguió aprobar el peaje del 30% de vivienda sociales a la construcción de nuevas viviendas de más de 600 metros cuadrados y a las grandes rehabilitaciones en la comisión de Urbanismo el lunes. La iniciativa consiguió los votos de BComú, ERC, PSC y la CUP. PDeCAT, Ciudadanos y Gerard Ardanuy, el concejal no adscrito, se abstuvieron, mientras que el PP rechazó la propuesta.

El partido que gobierna Barcelona consiguió sólo aprobar la polémica tasa tras descartar una moratoria en la obra nueva de un año ampliable a dos, y después de acceder a posponer la aplicación de la obligatoriedad del 30% de pisos sociales hasta octubre, cuando se apruebe definitivamente. Los constructores han alertado de que la medida encarecerá el precio del suelo y ralentizará las inversiones inmobiliarias en la ciudad.