Cataluña y País Vasco se estancan y Madrid se va

En España hay un “triángulo competitivo” que tira del carro del conjunto de la economía, pero dos de los vértices comienzan a flaquear. Es Madrid quien se va, con una mayor capacidad para atraer inversiones, y con un mayor dinamismo, a costa de las comunidades de su alrededor, pero actuando como motor de todo el país. En esa élite económica figuran el País Vasco y Cataluña, aunque se han estancado en 2018.

Es la fotografía que presenta el Informe de la Competitividad Regional en España, que impulsa el Consejo General de Economistas de España. José Carlos Sánchez de la Vega, director técnico del informe, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, señala el problema estructural de fondo, más allá de la coyuntura: “Las brechas existentes entre las diferentes comunidades persisten en el tiempo, y se debería abordarlas. Los intentos que se han hecho o no han acabado de tener éxito o no han sido lo suficientemente valientes, y esas brechas son demasiado persistentes”.

Atonía vasca y catalana

La competitividad promedio de todas las comunidades aumentó el 5,2% en 2018 respecto al año anterior. Se trata de un buen dato, teniendo en cuenta que la falta de productividad es el gran talón de Aquiles de la economía española. Pero ese aumento es desigual, y se concentra en un grupo de comunidades que forman la punta de lanza de España. A la cabeza está Madrid, que destaca en determinados ejes como la eficiencia empresarial, el entorno institucional y el entorno económico.

Madrid, Navarra y País Vasco, y en ese orden, son las comunidades más competitivas, y se mantienen en 2018 en el grupo calificado como de competitividad alta. Pero en esa zona sigue estando Cataluña, pese a haber bajado en ese año concreto. Lo que se detecta, en cualquier caso, es una cierta atonía, un estancamiento en el País Vasco y Cataluña que obedece a distintas razones.

Temporalidad y menor inversión

En el caso de Cataluña, el informe tiene claro que “el clima de crisis institucional y la creciente incertidumbre empiezan a hacer mella en la competitividad de la comunidad. Tanto el crecimiento económico, como la inversión extranjera o el clima empresarial, comienzan a resentirse”. Sin embargo, los datos recogidos no reflejan lo que ocurrió en octubre de 2019, tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso del 1-O. Pero sí afectan cuestiones como la falta de unos presupuestos y la falta de liderazgo para impulsar políticas y reformas del gobierno autonómico. 

Nadia Calviño, Josep Sánchez Llibre y Pere Aragonès ya hicieron una aproximación en la cena de la entrega de los premios Ferrer Salat / FOMENT DEL TREBALL

Pero, ¿y el País Vasco? ¿Por qué ha perdido competitividad, cuando, a diferencia de Cataluña, la situación política es muy distinta? Las dificultades del entorno económico global, con mayor competencia, en una economía exportadora y todavía industrial, han complicado las cosas a las empresas vascas. “El resultado, teniendo en cuenta que no hay ningún hecho político o económico reseñable, a diferencia de Cataluña, es fruto de un peor comportamiento respecto a 2017 en indicadores como, por ejemplo, el menor crecimiento económico y de su productividad, la menor inversión extranjera, el aumento de la temporalidad, el estancamiento en la desigualdad en un contexto de mejoría, la intensa caída en las empresas exportadoras y el aumento de los costes laborales unitarios”.

Menor eficiencia empresarial

Al margen de las diferencias entre el conjunto de las autonomías, hay dos aspectos que son comunes y que explican la característica de la economía española: empiezan a fallar más el entorno institucional y la eficiencia empresarial que todo lo relacionado con el mercado de trabajo y el capital humano. Estos dos aspectos, como ha pasado con la recuperación económica tras la crisis de 2008, “vuelven a ser los pilares competitivos más dinámicos en 2018”. Y, en el lado opuesto, “en los ejes referidos al entorno institucional, la eficiencia empresarial y el entorno económico es donde se observa un mayor parte de comunidades en las que sus valores caen respecto a 2017”.

El Informe de la Competitividad Regional en España, con las diferencias por comunidades / ICREG

Con el estudio de esos ejes, y siempre con la precisión de que se trata de un año concreto, tanto José Carlos Sánchez, como Patricio Rosas, coordinador del informe y profesor también de la Universidad de Murcia, señalan a Crónica Global que las comunidades, todas, han ido avanzando en términos de competitividad. Otra cosa es que puedan desbancar, cambiando de posición, a las más productivas. Y hay dos claros ejemplos: Extremadura y Castilla-La Mancha, con los crecimientos “más intensos” del llamado ICREG, Índice de Competitividad Regional.

Esfuerzos en Extremadura y Castilla-La Mancha

Los economistas que han trabajado en el informe han analizado hasta 53 variables o indicadores que se estructuran en torno a siete ejes competitivos: entorno económico, capital humano, mercado de trabajo, entorno institucional, infraestructuras básicas, eficiencia empresarial e innovación.

Sin embargo, pese a esos esfuerzos, Extremadura, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Región de Murcia “obtienen los menores valores del ICREG y forman el grupo de competitividad relativa baja”. Mientras que Aragón, que ha sabido aprovechar sus oportunidades en campos como la logística, se sitúa junto con Cataluña en el grupo de competitividad media-alta.

Dos ligas, dos Españas

José Carlos Sánchez repara en el problema de fondo, que no es propio de España, pero que se ve acusado porque las diferencias existentes no se han paliado a lo largo de todos los años de democracia. “Hay dos Ligas distintas, con grandes diferencias entre las comunidades. Hay un grupo puntero, que siempre es el mismo, aunque algún año pueda perder puntos, con alguna autonomía que se cuela o que puede despuntar, como hemos visto con Aragón o Navarra”. Y el problema es que en España “otras comunidades deberían entrar en ese grupo de cabeza”.

Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, señala la importancia del impulso institucional, de la propia capacidad de los gobiernos autonómicos y locales: “Todas las administraciones públicas territoriales, ya sean gobiernos autonómicos o locales, deben priorizar acciones claras, precisas y eficientes  para impulsar la competitividad y el crecimiento económico sostenible como base de la creación de excedentes que nos permitan ayudar a quienes más lo necesitan”. Y eso pasa por garantizar “la estabilidad institucional, acuerdos entre diferentes fuerzas políticas y marcos legales precisos, que constituyen variables imprescindibles para la creación de riqueza”.