El Govern 'pincha' en su ultimátum para recuperar las aguas catalanas

El Govern pincha con su ultimátum para las aguas catalanas. La Generalitat ha renunciado a desembarcar en Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a partir del martes, 1 de enero, y esperará a que la justicia falle sobre el litigio que tiene en marcha con Acciona, concesionaria del servicio, tal y como había avanzado Crónica Global este lunes. 

El Ejecutivo autonómico que comanda Quim Torra ha descartado ahora la entrega de activos de ATLL, que exigió por carta a Acciona que se hiciera efectiva antes de las 0:00 horas del primer día de 2019. El Departamento catalán de Territorio, que dirige Damià Calvet, asegura ahora que "tenemos un periodo de alegaciones, no nos saltaremos ningún paso legal para entrar físicamente en ATLL", indicadon fuentes de la Consejería.

Pendientes del TSJC

Cabe recordar que el grupo que lidera José Manuel Entrecanales acudió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para evitar la entrega de activos antes del 1 de enero, tal y como le había exigido la Generalitat de Cataluña. Pidió la cotizada medidas cautelarísimas para frenar entregar las llaves de la concesionaria al Gobierno catalán, habida cuenta de que aún no existe un acuerdo entre ambas partes para finalizar el contrato, que el Tribunal Supremo consideró nulo de pleno derecho en febrero del pasado año.

Imagen de una planta potabilizadora de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) / CG

Imagen de una planta potabilizadora de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) / CG

La instancia judicial rechazó parar el traspaso de activos y empleados de ATLL al Ens d'Abastiment Aigua Ter Llobregat (ATL), la empresa pública que ha creado el Gobierno catalán para gestionar la distribución de agua en alta para 4,5 millones de catalanes. No obstante, dio tres días hábiles de plazo para que la Generalitat de Cataluña presentara alegaciones a esta decisión. Este periodo aún no ha vencido, por lo que la decisión final del TSJC no está tomada. En vista de ello, el Govern ha dado marcha atrás y esperará para tomar el control de la concesionaria.

Sin acuerdo sobre la indemnización

Cabe recordar que Acciona y el equipo de Torra y Calvet mantienen un contencioso abierto sobre la indemnización que debe recibir la empresa para liquidar el contrato de concesión de ATLL, al que el Supremo dio la puntilla en febrero. El Gobierno catalán descarta pagar compensación alguna al grupo de infraestructuras, ya que entiende que la decisión del Alto Tribunal conlleva que la suspensión de la privatización de 995 millones de euros a 50 años --la mayor que llevó a cabo el Gobierno de Artur Mas-- no lleva aparejada lucro cesante, pues una instancia judicial la ha declarado nula.

Lo que es más, el Govern, además de descartar daños y perjuicios, exige 38 millones a Acciona, la diferencia entre gasto público y supuestos beneficios obtenidos por el conglomerado de Entrecanales hasta el 31 de diciembre de 2018, último día válido de la concesión. Esta fecha nace de una resolución emitida por el Ejecutivo autonómica en julio. En base a este documento público, la Generalitat remitió el ultimátum a la compañía cotizada, una fecha límite que ahora se ha saltado.