CSIF se lanza a por los funcionarios catalanes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha iniciado este jueves una carrera para la representatividad en Cataluña. Quiere convertirse en un sindicato de referencia para los trabajadores públicos que están hartos del debate político que ha tensionado la cohesión interna en las organizaciones de clase tradicionales. “Aquí tenemos de todo, desde afiliados a ERC a gente que apoya el PP”, explica el presidente de la organización, Joan Escanilla, “y muchos de los que han criticado durante años nuestra neutralidad política ahora la querrían”.

Explica que en el último año su presencia ya se ha incrementado en la Administración local, la primera que ha pasado por las urnas. Han conseguido delegados propios en ayuntamientos como los de Esparreguera, Martorell y Terrassa.

Crecimiento de afiliación

En cuanto a la afiliación, Escanilla asegura que en el último año han duplicado las cifras. Ahora llegan a los 8.800 en toda Cataluña, unos 6.000 de ellos en Barcelona, y espera ir más allá en los próximos meses.

Por ahora ha dado un golpe de efecto en el sector sanitario con el fichaje de la ex secretaria general de UGT Carmen Martínez. La sindicalista que proviene de las llamadas Mareas Blancas y que fue destituida tras una falta de sintonía manifiesta con la dirección de la organización.

Batalla en la sanidad

Ahora se ha lanzado a una batalla tanto a título individual como con CSIF por la alteración de las horas de libranza sindical. La dirección del Hospital de la Vall d’Hebron, de la que es enfermera, le notificó con un día de retraso que se le había anulado el tiempo de libre disposición del que disponía para ejercer su actividad de defensa de los trabajadores.

Por ello se ultima una querella contra la secretaria del Departamento de Salud, la exlíder de UGT Laura Pelay. La acusan de ir contra la libertad sindical por esta acción. Los portavoces de la federación del sector público niegan cualquier responsabilidad con la alteración de las horas de Martínez. Aseguran que nadie de la organización ha ordenado modificarlas y señalan que, hasta la fecha, la nueva representante de Salud en CSIF es una afiliada de UGT.

La defensa de UGT

Asimismo, aseguran que su destitución fue promovida por la “disconformidad en su manera de trabajar, que propició que se la apartara de forma cautelar de su responsabilidad”. También explican que su objetivo de cara a las próximas selecciones sindicales, que tendrán lugar en la primera mitad de 2019, será la de crecer en el sector público.

“Competiremos en las elecciones como siempre hemos hecho”, indican las fuentes consultadas, “con una agenda sindical y también política, económica y social”. En este sentido, UGT asegura que no harán “bandera del tema nacional” y cuestionan la neutralidad política que quiere reivindicar CSIF. “Cuando reclamamos una sanidad pública de calidad hacemos política, lo mismo que cuando exigimos la escuela pública digna”, añaden.

Contra las consecuencias del ‘procés’

Escanilla enmienda esta afirmación. Critica el acercamiento que se ha dado tanto desde UGT como en CCOO al independentismo y a la falta de coherencia entre las declaraciones de los líderes catalanes y los nacionales. “Nosotros decimos lo mismo aquí y en Madrid”, puntualiza.

Reivindica que “nunca hemos ido ni a favor ni en contra del procés, pero sí contra sus consecuencias”, puntualiza. Hecho que les llevó a publicar en 2015 un protocolo contra las llamadas órdenes ilegales. En plena efervescencia del movimiento secesionista, CSIF ofreció un manual de actuación para proteger a los trabajadores de cualquier orden al margen de la ley. “De cualquier lado, Generalitat y Estado”, indica.

En este documento se recomendaba solicitar por escrito la directriz que se sospechaba que no estaba de acorde con la normativa vigente. El documento se podía presentar ante la dirección de servicios, el órgano competente para valorar si se tenía que poner o no en manos de Fiscalía.

Política sindical

Más allá de esto, el líder de CSIF en Cataluña asegura que en su organización tienen una “línea clara de sindicalismo definido”. Afirma que no se moverán de la defensa del derecho de los trabajadores de la función pública y de los derechos de los ciudadanos, cuestión inherente al sector.

Este será su primero objetivo, aunque a medio plazo también piensan entrar en el sector privado en línea a lo que ocurre con la organización estatal. Pero, por ahora, quieren dar el golpe de efecto en las próximas elecciones sindicales del sector público.