Torra se saca de la manga un discurso antifranquista para ver a Sánchez

Independencia, presos y franquismo. Estos son los temas que Quim Torra quiere poner sobre la mesa en su reunión con el presidente español, Pedro Sánchez. Y si previsibles son los dos primeros asuntos, el tercero se ha metido con calzador en ese orden del día enviado por el Govern al Ejecutivo socialista. El objetivo no es otro que abundar en la idea de que el Estado español conserva reminiscencias franquistas, en el contexto de la estrategia del enemigo exterior. Esto es, victimismo.

Para ello, la Generalitat se ha visto obligada a improvisar un discurso antifranquista que pasa por el anuncio de nueva ley de memoria histórica. Este proyecto no solo está en una incipiente fase de elaboración, según anunció el Govern hace apenas una semana, sino que las líneas básicas anunciadas suponen un calco de la proposición de ley de memoria democrática de Cataluña presentada, esta sí, por el PSC en el Parlament.

CiU elimina el Memorial

Cataluña ya dispone de leyes destinadas a impedir que las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista queden en el olvido. Dos de ellas fueron aprobadas durante el Gobierno tripartito, la ley 13/2007 del Memorial Democrático y la ley 10/2009 sobre la localización e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista. Sin embargo, cuando CiU asumió de nuevo la presidencia de la Generalitat redujo estas políticas de memoria histórica a la mínima expresión. Dicho de otra manera, fueron los propios convergentes que ahora sacan pecho de su perfil antifranquista quienes, en 2011, cerraron la sede del Memorial Democrático situada en la Vía Laietana. Fruto de un proyecto de ICV, era la primera institución de estas características creada en España. Entre 2010 y 2014, el Gobierno de Artur Mas redujo el presupuesto destinado al Memorial en un 60%.

Dificultades en la identificación

Cuatro años después, los herederos de Convergència, con Torra al frente, se presentan ahora como los garantes de esa memoria antifranquista, a pesar de que la apertura de fosas no se ha hecho al ritmo deseado. A las dificultades que conlleva practicar las pruebas de ADN y las peculiaridades de las fosas catalanas –la identificación es más complicada porque la mayoría de restos corresponden, no a fusilamientos en las cunetas, sino a caídos en el frente--, se une una complicada burocracia para las familias.

El año pasado, se aprobó la ley 11/2017 de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, la primera que se aprobaba por unanimidad en España –el PP catalán, reticente a estos proyectos, apoyó la iniciativa--.

Sin embargo, otras autonomías como Andalucía, Aragón y la Comunidad Valenciana, optaron por compilar las normas referidas a la memoria histórica, mientras que a nivel español, el PSOE había presentado hace meses una reforma de la ley de memoria histórica que permanecía congelada en el Congreso. Con el cambio de Gobierno, los socialistas la han desbloqueado. Su idea es que el Estado asuma la localización, identificación y exhumación de los restos de más de 100.000 personas represaliadas durante la guerra civil y el franquismo, así como la creación de un Censo Nacional de Víctimas, que hasta ahora no existía.

Iniciativa del PSC 

Cataluña, por tanto, se había quedado estancada en esta materia. Por ello, el pasado 28 de junio, el diputado del PSC, Ferran Pedret, registró en el Parlament una proposición de ley de Memoria Democrática de Cataluña con compilar los textos legales. Consta de 70 artículos y, entre otras previsiones, se resucita el Memorial Democrático, se regula la creación de un banco de datos de ADN y se clarifican los protocolos para las localizaciones, exhumaciones e identificaciones.

La iniciativa socialista contempla la prohibición de actos de exaltación del franquismo así como la retirada de símbolos contrarios de la memoria democrática. Uno de los últimos vestigios de esos homenajes franquistas es el monumento existente en Tortosa (Tarragona), donde los vecinos votaron a favor de su conservación en un referéndum. Su alcalde, Ferran Bel (CiU), se posicionó a favor de mantener el obelisco y “reinterpretarlo”.

La propuesta del PSC contempla por primera vez el caso de los bebés robados.

El mismo día en que los socialistas presentaban esta proposición, la consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, improvisaba unas declaraciones en las que aseguraba que el Govern también tiene previsto crear una nueva ley de memoria histórica. ¿Casualidad?