Críticas a la Generalitat por cómo intenta vaciar el vertedero de Vacamorta

La apertura del proceso administrativo necesario para vaciar el vertedero de Vacamorta por parte de la Agencia Catalana de Residuos (dependiente del Departamento de Territorio y Sostenibilidad) ha generado el enésimo conflicto entre la Generalitat y los vecinos de la zona. Los responsables del Ayuntamiento de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (Girona) y las entidades ambientalistas han advertido de las consecuencias que puede acarrear una iniciativa impulsada por la vía de la urgencia.

Alegan que estas prisas chocan con la pulcritud que requiere el proceso. Desde que se clausuró en 2014, en el basurero se acumulan más de dos millones de restos que contaminan las aguas subterráneas por filtraciones. El Gobierno catalán calculó que el proceso para vaciarlo tendría un coste de 150 millones de euros y tardará como mínimo 11 años en concluirlo.

Periplo judicial

Lamentan que el proceso administrativo para ejecutar los trabajos no se haya puesto en marcha hasta ahora. La primera sentencia que ordenaba la restauración del vertedero se emitió el 23 de septiembre de 2011, pero desde ese momento la Generalitat optó por continuar el proceso judicial en lugar de poner en marcha los trabajos.

La última resolución al respecto es la del pasado 22 de junio en la que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sacaba los colores al Gobierno catalán por la lentitud en ejecutar una resolución con efectos medioambientales.

Redacción de los trabajos

Cabe tener en cuenta que en ese momento el responsable de la consejería, Josep Rull, planteó recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo. Una cuestión que los letrados de la Generalitat rechazaron ante las pocas posibilidades de que prosperara.

Por eso, tal y como avanzó Crónica Global, la Agencia de Residuos abrió por la vía de la urgencia a finales de la semana pasada una concesión pública para encargar el anteproyecto ejecutivo que detalle y periodice los trabajos necesarios para vaciar el vertedero. Un proyecto que se debe acompañar de estudios medioambientales y técnicos.

Aviso de los afectados

Los afectados denuncian que la “urgencia no resulta aplicable en esta licitación” y se quejan de que el “órgano contratante no es la justicia tal y como exige la ley”. Es uno de los fallos del concurso que lo convierte en objetivo del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP), el responsable de velar por la pulcritud de las licitaciones públicas en Cataluña que se hizo famoso por el caso ATLL y por el concurso del suministro eléctrico en el Ayuntamiento de Barcelona.

Consideran que la Generalitat ha “perjudicado seriamente la concurrencia de ofertas” con los siete días que ha dado de margen para presentarlas. Más, cuando las tareas para recuperar Vacamorta son complejas. También critican el precio del contrato --150.000 euros sin IVA--, que consideran que es “bajo en comparación con las tareas de restauración y vacío a realizar”.

Cumplimiento íntegro de la sentencia

Por todo ello, y si se tiene en cuenta toda la historia del vertedero de Vacamorta (Felip Puig otorgó la licencia ambiental anulada en el 2000 en una operación que se investiga en el marco del caso Pujol), advierten de que seguirán con lupa el proceso.

Recuerdan que la licitación, especialmente en la cuestión medioambiental, no pude ofrecer “alternativas que comporten eludir el cumplimiento íntegro y estricto” de la sentencia del TSJC.