La ministra Báñez reparte 2,2 millones entre las patronales catalanas

La Generalitat de Cataluña ha repartido 2,2 millones de euros entre las tres grandes patronales catalanas --Foment del Treball, Pimec y Fepime-- por su representatividad en 2017. La novedad de este año es que ha sido la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, la que ha rubricado los tres convenios con las organizaciones empresariales.

Lo hizo a mediados de diciembre en base a la aplicación del artículo 155. En los documentos se hace referencia a las peticiones económicas que las patronales remitieron al Gobierno catalán en verano. Todas ellas enmarcadas en el “programa de ayudas a la participación institucional de los agentes sociales en Cataluña para 2017”, pasto de litigio en Cataluña.

Cantidades otorgadas

Los portavoces del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, la Conselleria que reparte las subvenciones, explican que la cuantía no ha variado de forma sustancial respecto a otros ejercicios y que es proporcional a la representatividad institucional que en estos momentos tiene reconocida cada organización.

Foment del Treball ha recibido 919.000 euros, una cantidad en línea a la que ha obtenido Pimec según los mismos interlocutores. La de Fepime es de 360.000 euros.

Inicio del proceso judicial

Las patronales y la Conselleria mantienen desde hace años un enfrentamiento en los tribunales por esta cuestión. La mayor parte de los litigios han tenido lugar cuando los responsables políticos de este ámbito han sido Felipe Puig (CDC) y Dolors Bassa (ERC). Es decir, en las dos últimas legislaturas. La proximidad o no de las patronales a los mandatarios de la Generalitat también ha tenido cierto protagonismo en la guerra por la representatividad.

El conflicto parte de la fórmula que usó hace 10 años Fepime, la patronal de pymes adscrita a Foment del Treball, para conseguir el reconocimiento necesario para ejercer como agente social y recibir aportaciones de los presupuestos públicos.

Su expresidente, Eusebi Cima, lo pidió en 2007. La dirección general de relaciones laborales de la Generalitat declinó dárselo en abril de 2008 en una resolución que fue recurrida poco después. El Gobierno de ese momento no lo respondió y Fepime abrió la vía judicial.

Últimas resoluciones

El TSJC decretó el 20 de mayo de 2011 que era una organización representativa por “efecto del silencio administrativo positivo”. El Supremo confirmó la sentencia el 25 de septiembre de 2012, pero el litigio siguió. Pimec reclamó un año más tarde al departamento de Empleo catalán que declarase nulo de pleno derecho esta atribución por silencio administrativo.

La Generalitat estudió la petición y estimó la demanda en julio de 2015, cuando Bassa ya era consejera. Hecho que llevó a una nueva causa ante el TSJC promovida por Foment del Treball y Fepime.

El alto tribunal catalán estimó de forma parcial sus reclamaciones el pasado 16 de noviembre. Anuló la decisión de Bassa y convirtió de nuevo a Fepime en una organización representativa, pero dejaba la puerta abierta a que la Generalitat iniciase un proceso para medir la representatividad de las instituciones empresariales. Cuestión que promovió sin éxito Puig en su día --y que también heredó Bassa-- y que generó otra batalla patronal.

Demandas por el reparto de la representatividad

Bassa impuso a mediados de 2016 la decisión salomónica de otorgar a cada una de las organizaciones una cuota del 33%. El dictamen político fue invalidado de forma cautelar por el TSJC meses después.

Se volvió al escenario inicial en el que Foment tenía el 75% de la representatividad del empresariado catalán y Pimec el 25% restante mientras se revisaba la cuestión de fondo. Posteriormente, Fepime consiguió cuota a costa de su casa madre. La del 15%. El reparto de los 2,2 millones de euros debería haber seguido este principio, que aún está vigente mientras la causa prosigue su curso.