Foment gana la batalla de la representatividad ante la justicia

Hace menos de un año, la Generalitat decidió tomar cartas en el asunto de la batalla entre patronales catalanas por la representatividad institucional. Tiró por el camino de en medio: la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, firmó el 21 de abril pasado una resolución que distribuía al 33% la representación empresarial en Cataluña entre Foment del Treball, Fepime y Pimec. Unos meses más tarde, la justicia ha decidido invalidar aquella decisión política.

Tras largos argumentos legales de gran complejidad para los no iniciados en la materia, la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido un auto en el que suspende la resolución de Bassa por la que se realizaba una atribución provisional de la representatividad institucional de las organizaciones empresariales al 33%. Aunque no tenga más que una simbólica trascendencia, los mismos magistrados condenan a la propia Generalitat y a Pimec, por su condición de “codemandada” al pago de las costas del incidente judicial, con un límite de 200 euros.

Polémica larga

Esa situación retrotrae el debate sobre la representación institucional al momento anterior a la decisión adoptada por la Generalitat: Foment dispone de un 75% frente al 25% de Pimec. Fepime, una organización vinculada a la primera, tiene pendiente ver cuál es su papel en ese nuevo mapa patronal catalán.

Las dos principales patronales catalanas mantienen desde hace años una polémica viva sobre la representación institucional de cada una. De hecho, la Generalitat había ejercido en parte como árbitro al convocar a unas u otras organizaciones a foros y organismos de carácter público en los que se requería la presencia de representantes empresariales.

Debate económico de fondo

Tras el enfrentamiento entre unos y otros subyace, asimismo, una cuestión económica. La legislación catalana distribuye una serie de recursos del presupuesto público entre las organizaciones más representativas. Conocer con exactitud qué peso tiene cada una de ellas puede afectar a la obtención de fondos públicos tanto como al número de representantes que obtienen en las instituciones y sus foros derivados.

El fallo del TSJC devuelve del debate a los dos actores iniciales de la polémica: Foment del Treball y Pimec. El papel de Fepime, que entró en la guerra por la representación en el periodo en la que estuvo comandada por Eusebi Cima, queda ahora diluido de cara al futuro. Su pertenencia a Foment y las buenas relaciones de su actual presidenta, Helena de Felipe, con la organización de grandes empresas varía el escenario anterior de confrontación.