Baiget ultima un nuevo borrador de la Ley de Cámaras de Comercio de Cataluña

La futura ley catalana que regirá las 13 cámaras de comercio que existen en el territorio empieza a tomar forma. Los portavoces del Departamento de Empresa y Conocimiento, encabezado por Jordi Baiget, aseguran que el borrador de la futura norma “se acaba de ultimar”. De hecho, se trata del segundo documento en el que trabaja tras el rechazo unánime del primero por parte de todas las organizaciones de dinamización empresarial.

Narcís Bosch, director general del Consejo de Cámaras de Cataluña, asegura que están a la “espera de recibir el redactado de la propuesta”. Explica que acercaron posiciones en la última reunión que la comisión delegada de las organizaciones mantuvo con la consejería.

Principio de acuerdo

“En principio hemos acordado la mayor parte de los conceptos”. Incluso los más complejos que propiciaron una rebelión unánime de las cámaras a finales del ejercicio pasado.

Al analizar la letra pequeña del primer borrador se toparon con la desagradable sorpresa de que el equipo de Baiget había ignorado la propuesta de norma que habían remitido al departamento justo antes de las elecciones de 2015. Tenían constancia de que el sustituto de Felip Puig en el cargo había recibido el documento pero no plasmaba en el proyecto que pretendía impulsar.

Contrapoder de las patronales

Es más, desató las críticas de todas las organizaciones porque se planteaba una estructura con una Cámara de Comercio de Cataluña que ejercía de contrapoder a las patronales. Se erigía como actor internacional más allá de acompañar a las empresas catalanas en su aventura en el exterior y perdía su papel de redistribuidora de riqueza y coordinadora de las organizaciones territoriales. El verdadero poder del actual consejo.

Incluso centralizaba las funciones de las organizaciones municipales y se diseñaba un modelo de gobernanza en el que no tenían en cuenta el perfil empresarial de cada cámara de comercio.

Menos peso del territorio y los sectores

Los representantes no se elegían en las demarcaciones y perdían peso las pymes y autónomos, mayoría en el tejido empresarial catalán y a los que se dirige gran parte de los servicios de estas entidades para dinamizar la actividad local.

Además, los presidentes de algunas cámaras territoriales lamentaron que la Cámara de Comercio de Cataluña planteada era una competencia directa a las organizaciones locales en búsqueda de recursos. Los líderes empresariales defendían que se debía apostar por una estructura parecida a la actual más que en intentar dar forma a una institución para hacer frente al resto de instituciones de representatividad empresarial e incluso a la Cámara de Comercio de España.

Reunión hace unos 15 días

Bosch indica que los “problemas con la configuración y la representación de los territorios y los sectores y el de la cámara catalana” se superaron en los encuentros con la conselleria. Pero se muestra prudente. Antes de manifestar su apoyo o rechazo a la futura norma espera ver “negro sobre blanco” la propuesta del departamento.

La última reunión que mantuvieron con el equipo de Baiget fue “hace dos o tres semanas”. Los portavoces de la Generalitat señalan que se trabaja en ello y recuerdan que se trata de una “ley compleja que comporta ponerse de acuerdo con diferentes actores”.

Influencia de Femcat

La organización independentista Femcat tuvo mucha influencia en el redactado del primer borrador. El Govern también la ha escuchado en esta ocasión, aunque quieren evitar el rechazo de un sector que tradicionalmente había sido próximo a CDC en los territorios.

Aún no hay un calendario para llevar la propuesta al Parlamento de Cataluña. “Será más pronto que tarde”, declaran desde la consejería. Bosch acota algo más los plazos. “Después del acuerdo se deben realizar el periodo de consultas, la asesoría jurídica y pedir la memoria de impacto económico como cualquier otra ley”.

Proceso independentista

Reconoce que es muy complejo que la norma esté lista para antes de verano. Considera más razonable pensar que “en septiembre entre en el Parlament”. Aunque su tramitación quedaría a expensas del proceso independentista.

La convocatoria del referéndum de autodeterminación retrasaría por enésima vez un proceso que debería haber concluido en marzo de 2014.