Pimec pide al TSJC que levante el ‘veto’ a medir la representatividad patronal catalana

La guerra por la representatividad entre Pimec y Foment del Treball marca otro hito este jueves, cuándo la patronal de pymes presidida por Josep González anunció que había presentado alegaciones ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para que cambie de parecer y permita a la Generalitat “determinar con criterios de objetividad y transparencia” el poder de las organizaciones empresariales en los órganos de concertación social.

Esta misma semana, los magistrados del alto tribunal catalán daban el segundo varapalo al decreto ley que firmó el anterior consejero de Empresa i Ocupació, Felip Puig, para reordenar el poder de las patronales. La justicia aceptó en un primer momento la medida cautelar solicitada por Foment de frenar el decreto y ahora ha aceptado el argumento de la gran patronal catalana de que es el Gobierno central quién debe repartir las cuotas.

Alegación de Pimec

Pimec argumenta que mantener la suspensión cautelar es “dar vía libre a situaciones que no tienen razón de ser en nuestro ordenamiento jurídico, como considerar representativa una organización por silencio administrativo”. Este es el origen del enfrentamiento patronal en Cataluña.

La patronal de pymes adscrita a Foment del Treball, Fepime (presidida por María Helena de Felipe), pidió en el último gobierno tripartito una cuota de representatividad. La Generalitat no le contestó y el primer Ejecutivo de Artur Mas tuvo que otorgarle voz y voto en los órganos de concertación social a costa de su patronal madre.

Reparto de cuotas

Se pasó del reparto tradicional del 75% del poder en manos de Foment y el 25% restante para Pimec, a uno en que la organización de grandes empresas se quedaba el 60%, la institución de González mantenía su cuota y Fepime entraba en las instituciones con el 15%.

Pimec intentó anular este reparto primero en los tribunales, pero no consiguió ninguna sentencia a su favor. La Generalitat intervino después y decidió abrir un nuevo proceso de acreditación sin debate previo con los agentes. Es este decreto el que se examina ante el TSJC.

Diálogo con Puig y Bassa