El Gobierno se resiste al control de su gestión presupuestaria

En el verano de 2011, poco antes de que el PSOE saliera del Gobierno, la Unión Europea impuso la modificación de urgencia de la Constitución española. José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy pactaron la reforma express del artículo 135 para asegurar la “estabilidad presupuestaria” y la prioridad del pago de la deuda pública sobre cualquier otro concepto.

Fue la primera intervención de Bruselas (o Berlín) en la economía española.

Antes de que transcurriera un año, y ya con el PP en la Moncloa, se produjo el rescate bancario español. Lo que Rajoy y su ministro de Economía, Luis de Guindos, presentaron como un préstamo en excelentes condiciones era una ayuda que suponía la segunda intervención europea.

Fiscalización del gasto

Aunque el PP se haya resistido a admitirlo --incluso lo ha negado-- aquel crédito iba acompañado de un memorándum. Y una de las condiciones que incluía era la creación de un organismo independiente que garantizara la estabilidad de las finanzas públicas, que en román paladino quiere decir que fiscalizara al Estado español para que no gaste más de lo que ingresa.

Es una condición que la UE considera indispensable para el buen funcionamiento de la economía europea y que, a la vez, sirve para asegurar a los acreedores el cobro de sus inversiones.

El nacimiento de la Airef

Así nació la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), tal como la describió la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas. No es única, ni mucho menos. Existe una institución semejante en Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica y en prácticamente todos los países de la UE.

Pese a su adhesión entusiástica a la política de austeridad inspirada desde Berlín, al Gobierno del PP nunca le ha gustado el control de su gestión, que incluye, por ejemplo, la utilización de los Presupuestos en las campañas electorales, como hizo con las autonómicas andaluzas de 2012 y ha hecho ahora con las generales del 20D.

En esa línea no tiene ningún empacho en negar en público las previsiones de la Comisión Europea sobre España: insiste en que el déficit quedará este año en el 4,2%, pese a que los servicios de Bruselas anuncian una desviación de cinco décimas. Como tampoco modifica sus propias proyecciones presupuestarias sobre crecimiento, aunque choquen con los datos de la contabilidad nacional.

Presupuesto raquítico

Fruto de ese talante, el nacimiento de la Airef fue doloroso. Para empezar, el Gobierno la hizo depender del Ministerio de Hacienda, precisamente su primer objetivo de escrutinio. Su dotación presupuestaria fue raquítica, de forma que frente a los 70 empleados que recomienda el FMI, sólo cuenta con la mitad. Tiene un técnico para seguir las finanzas de todos los ayuntamientos y uno para cada cuatro comunidades autónomas.

Los dictámenes de este organismo (http://www.airef.es) utilizan un lenguaje diplomático de esos enrevesados como los que empleaban en sus mejores tiempos Jean Claude Trichet y Alan Greenspan para manifestar las ideas del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal. O sea, para opinar sin que se note.

A Montoro no le gusta

Aun sí, Cristóbal Montoro sabe leer entre líneas y, por lo que parece, no le gusta nada lo que lee. Así que tensa todo lo que puede las cuerdas. La última decisión que ha hecho emerger la tensión fue una orden ministerial de junio pasado por la que modifica la ley orgánica que alumbró la Airef. En ella se dice que, para evitar duplicidades, el acceso a la información de la Airef  “se realizará preferentemente a través del Ministerio de Hacienda”.

Con recursos escasos y con una información filtrada por el ministerio, la principal misión de este organismo independiente, que es la de explicar qué ocurre con las finanzas públicas y reclamar a sus gestores que cumplan sus recomendaciones, queda en entredicho.

Oídos sordos

Hasta principios de este año, las administraciones hacían oídos sordos a las recomendaciones. Desde que la Airef publica en su web los dictámenes, algo que empezó a hacer en enero de este año, los gestores aludidos quedan en evidencia y el cumplimiento de los objetivos se transforma en algo reputacional.

Por esa razón, las restricciones informativas de la orden ministerial de junio son una cuestión vital. Después de haber tratado de modificar el contenido de la orden por la  vía interna, la Airef ha anunciado que recurrirá a los tribunales de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.

La respuesta displicente tanto del ministro de Hacienda como de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría están en línea con el rechazo a cualquier intento de control de la gestión del Gobierno, tanto exterior como interior, aunque la respuesta oficial sea de negación de conflicto.