La moratoria turística de Colau acaba ante el TSJC

La moratoria a la concesión de licencias de alojamientos turísticos que decretó el pasado julio el Ayuntamiento de Barcelona está en la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Una veintena de empresas de todos los perfiles han presentado recursos a la medida estrella de la alcaldesa Ada Colau, desde promotores hoteleros hasta propietarios de albergues que ven como las inversiones previstas en sus negocios peligran si se mantiene el veto a nuevas licencias.

Los ejecutivos son extremadamente prudentes a la hora de publicitar los recursos. Con todo, su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) al tratarse de un recurso frente al TSJC hace que salgan a la luz. El primero de ellos ha sido la inmobiliaria Núñez y Navarro, que vehiculó la acción a través de su filial Josel.

Recurso presentado en julio

El recurso se presentó en julio y no se publicó en el documento oficial hasta el pasado lunes. Fuentes de la inmobiliaria señalan que aún no se ha formalizado la demanda. No han detallado los proyectos en cartera que se podrían ver afectados por la moratoria porque no se habían anunciado de forma oficial, pero señalan que se trata de varias iniciativas.

El consistorio liderado por BComú ha descartado hacer ninguna valoración pública sobre los recursos presentados hasta que termine el plazo para que las empresas promotoras de proyectos que tramitaban licencias puedan presentarlos. El equipo de Colau espera que eso ocurra en los próximos días.

Prudencia del Gremio de Hoteles

También ha declinado pronunciarse públicamente sobre los movimientos del sector para paralizar la moratoria de Colau el Gremio de Hoteles. La institución presidida por Jordi Clos indicó el pasado julio que elaborar un nuevo plan estratégico para la ciudad, la justificación de la alcaldesa para emprender la moratoria, era positivo si se planteaba con una vigencia de cómo mínimo 10 años, mayor que la actual.

La suspensión de licencias de alojamientos turísticos afectó directamente a una treintena de licencias en trámite y nuevas peticiones. En su mayoría, para iniciar nuevos proyectos hoteleros. El Gobierno de Colau la presentó con previsión de levantarla un año después, tras un proceso participativo para elaborar un plan regulador del sector.

Presión de la oposición