La gran patronal catalana se lanza a la batalla contra el Govern de Mas

El conflicto entre la gran patronal catalana y el Gobierno de Artur Mas se recrudece. La fractura que generó el proceso independentista entre ambos ha ido in crescendo hasta que ha limitado su poder en los órganos de concertación social. La institución carga duramente contra al Ejecutivo al acusarle de irresponsable e incluso de saltarse la Constitución.

El origen del conflicto se encuentra en la organización adscrita a Foment del Treball que representa a las pymes, Fepime. La consejería de Empresa le despojó de su cuota del 15% de representatividad en base a un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat en el que pone en duda la forma cómo la organización consiguió alterar el reparto tradicional de las sillas.

Derecho de libertad sindical y asociación empresarial

La institución presidida por María Helena de Felipe acusa a la Generalitat de usar irresponsablemente este documento y de renunciar a ejercer como actor neutral e “ignorar los principios de libertad sindical y asociación empresarial”, un derecho fundamental recogido en el artículo 28 de la carta magna. 

Por ello, la organización deja la puerta abierta a recurrir a la vía judicial para defender sus derechos.

Reconocimiento por el TSJC y el Supremo

Fepime cuenta a su favor con la validación del TSJC y el Tribunal Supremo de su cuota en la concertación social. El caso se remonta a 2012, cuando la patronal de pymes obtuvo una primera sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en la que se le reconocía la representatividad. La pudo obtener gracias a un silencio administrativo de la Generalitat a esta petición, que se entendió afirmativamente en los tribunales.

Alteró el reparto que se estipuló cuando Jordi Pujol era presidente, en el que Foment del Treball ostentaba el 75% y Pimec el 25% restante. Fepime se coló en las instituciones a costa de su casa madre, la patronal presidida por Joaquim Gay de Montellà redujo su peso al 60% y cedió el 15% restante a Fepime. La organización de las pymes presidida por Antoni González mantuvo su cuota.

Dos sentencias en contra

La Generalitat junto a Pimec (que consideró que se le comían su espacio natural, ser la voz de las pymes en Cataluña) recurrió primero ante el TSJC y luego ante el Tribunal Supremo este reparto. Antes, había intentado presentar un recurso de casación ante el alto tribunal contra la resolución en que se validaba la representatividad de Fepime, pero los magistrados no admitieron a trámite el recurso.

El varapalo fue a más con el nuevo proceso. Perdieron en ambas salas y fueron condenados a asumir los costes judiciales de los procesos, tal y como recuerda Fepime. Esto ocurre en muy pocas ocasiones por lo costoso que suele ser el proceso e incrementa el castigo interpuesto por el tribunal sobre la parte que lo tiene que asumir.

Conflicto entre patronales

Foment y Fepime centran su batalla contra la Generalitat, pero también cargan contra Pimec por su papel en el pulso entre ambos. Le acusa de centrarse sólo en conseguir quedarse como la única patronal que representa a las pymes en Cataluña. Asimismo, señala que los intentos de fusión de las patronales siempre han fallado a la hora de debatir cómo se fusionaban Pimec y Fepime.  

“Esto no debe ser razón para que la administración intervenga en un conflicto patronal que en nada contribuye a la mejora de los intereses empresariales”, sentencia.