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Protesta de los VTC en la Diagonal de Barcelona / EFE

La precontratación de los VTC en Cataluña, un caso único en el mundo

El establecimiento de un tiempo entre la solicitud del servicio y la llegada del vehículo que propugnan la Generalitat y Colau para blindar el sector del taxi no se aplica en ningún otro lugar

28.01.2019 00:00 h.
14 min

El establecimiento de un tiempo mínimo de precontratación para los vehículos de alquiler con conductor (VTC), como propone la Generalitat --con 15 minutos-- y pretende ampliar el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) --hasta una hora--, es una excepción sin parangón en el mundo.

En ningún otro país se aplica de forma efectiva ese requisito que se ha convertido en la piedra angular de la denominada guerra del taxi, tal y como denuncian las empresas de VTC y admiten --pero justifican-- los taxistas y la administración.

Actuar o no como un taxi

El tiempo mínimo de precontratación de los VTC es el período obligatorio que ha de transcurrir entre la solicitud del servicio y la llegada del coche. Si ese tiempo es inexistente o muy corto, los VTC pueden actuar como taxis, como pretenden, pues con las nuevas tecnologías el servicio sería muy parecido a parar un vehículo en plena calle.

En cambio, si este tiempo es amplio, los taxis evitan que los VTC compitan con ellos, pues la falta de inmediatez en la respuesta desincentiva el uso de esta nueva oferta de movilidad, especialmente en los desplazamientos urbanos.

Una concentración de taxistas durante la huelga indefinida en Barcelona / EFE

Concentración de taxistas en Barcelona

El decreto de la Generalitat

El decreto ley de medidas urgentes que la Generalitat prevé aprobar en los próximos días para regular el sector señala que “en cuanto a las condiciones de precontratación, el Govern o los entes locales, en sus ámbitos competenciales respectivos, pueden determinar reglamentariamente las que resulten adecuadas en cada caso para mejorar la gestión de la movilidad interior de viajeros o para garantizar el control efectivo de las condiciones de prestación de los servicios, respetando los criterios de proporcionalidad que establece la normativa vigente”.

“A estos efectos --continúa el borrador de la norma--, para considerar que existe precontratación, ha de transcurrir un intervalo de tiempo mínimo de 15 minutos entre la contratación y la prestación efectiva del servicio. Los entes locales pueden aumentar este intervalo de tiempo en el ejercicio de sus competencias sobre utilización del dominio público viario, gestión del tránsito urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica, en los términos previstos en este artículo”. En este sentido, fuentes de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad han reconocido a Crónica Global que “ningún país tiene actualmente precontratación” pero señalan que “taxi y VTC no son lo mismo” y que la precontratación tiene por objetivo “hacer que un clic no sea lo mismo que levantar el brazo por la calle”.

El AMB, impulsor de la hora de precontratación

Estos 15 minutos de precontratación mínima que avanzó el consejero del ramo, Damià Calvet, --“una cosa que no hace nadie en Europa” y que vio “suficiente” para diferenciar ambos servicios-- no dejó contentas a ninguna de las partes implicadas. Los VTC rechazan cualquier tiempo de precontratación, aunque esos 15 minutos les permitiría competir con los taxis. Mientras que los taxistas exigían seis horas como mínimo, aunque se han mostrado abiertos a aceptar una hora como mínimo.

De hecho, la promesa del AMB de elevar a una hora el tiempo de precontratación --una iniciativa que ha liderado la presidenta del ente supramunicipal y alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ya generó el caos en 2018 con su intento de regulación del VTC con una doble licencia que suspendió el TSJC-- contentó a los taxistas de Barcelona, que, con ese compromiso, decidieron levantar la huelga el miércoles pasado tras seis días de movilizaciones. Por el contrario, las principales empresa de VTC amenazaron con dejar de prestar servicios en la ciudad --y en el área metropolitana-- si finalmente se confirma ese requisito y anunciaron que lo recurrirán ante los tribunales.

Un conductor de VTC protestando / EUROPA PRESS

Protesta de un conductor de VTC

Los reguladores, con los VTC

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió en un informe publicado el jueves pasado que “la obligación de prestar el servicio de forma precontratada supone un obstáculo injustificado para las VTC” y subrayó que “es recomendable que la regulación autonómica y local elimine esta limitación, que se aplica a las VTC pero no al taxi”, un obstáculo que tilda de “discriminación injustificada”. Además, concluye que la precontratación “afectará negativamente a la competencia” y perjudicará a los usuarios.

De igual forma, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha considerado que la precontratación “limita la competencia entre taxis y VTC” e implica la “introducción de ineficiencias artificiales e injustificadas” --insisten en que “no se puede justificar por motivos medioambientales ni de congestión”, como indica el decreto-- que conllevará que “los usuarios se verán gravemente perjudicados”. Por ello, insta a modificar la regulación del sector del taxi “a fin de que puedan competir en igualdad de condiciones” en vez de introducir “restricciones” a los VTC. Además, ha amenazado con impugnar la precontratación en los tribunales.

Londres, Francia, Madrid

Desde las principales empresas de VTC --Uber y Cabify-- subrayan a este medio que “la precontratación no existe en ningún lugar del mundo”, por lo que no entienden la posición de la Generalitat, especialmente cuando Calvet alegó que, para llegar a su decisión, había “analizado lo que se está haciendo en todos los países de la UE”.

Las compañías recuerdan que en 2015 en Londres la autoridad metropolitana introdujo un tiempo de espera de cinco minutos mínimo entre la reserva y la recogida de los pasajeros pero los tribunales tumbaron la medida. Y que en Francia se estableció una precontratación de 15 minutos en 2014 pero la justicia también anuló la medida. Ni siquiera la Comunidad de Madrid --pese a la cercanía temporal y geográfica del conflicto catalán-- se ha atrevido a plantear un periodo de contratación, sino que las medidas que baraja el Gobierno autonómico madrileño pasan por fijar una distancia mínima entre el cliente y el VTC de entre 300 y 500 metros.

Un VTC obstaculizado por los taxistas / EFE

Vehículo de VTC obstaculizado por taxistas

Indemnizaciones o un “fondo de transición”

Las compañías de VTC indican que imponer un tiempo mínimo de precontratación supondría “blindar el monopolio del taxi” y ceder a su “chantaje”. Y avisan de que implicaría la pérdida inmediata de 3.000 puestos de trabajo, indemnizaciones públicas que podrían superar los 1.000 millones de euros e incluso posibles responsabilidades penales para los responsables políticos que introduzcan restricciones a sabiendas de que contravienen los principios de la libre competencia.

Cabify ha ido más allá y ha llegado a ofrecer como solución la creación de un “fondo de transición” de 2.400 millones de euros --nutrido con aportaciones de las empresas de VTC-- para amortizar las licencias de los taxis de Madrid que así lo acepten a cambio de operar con total libertad. También preparan la integración del servicio del taxi en su propia app.

Dos servicios diferentes

Fuentes sindicales del taxi consultadas por Crónica Global argumentan que se trata de dos servicios diferentes y que así debe quedar plasmado en las normativas. Aunque admiten que no existe la precontratación en el resto del mundo, consideran que cada país ha de buscar su propia solución y, en todo caso, advierten de que es una reivindicación irrenunciable.

Los taxistas justifican su posición en que los VTC forman parte de plataformas que pagan los impuestos fuera de España y que supone una competencia desleal respecto a un sector, el del taxi, que está hiperregulado. Además, denuncian que las plataformas de VTC aplican una estrategia de reventar precios con el objetivo de expulsar a los taxis para crear un nuevo monopolio desregulado que les permitiría imponer los precios que quisieran y subirlos sin control. Por no hablar, añaden, de las precarias condiciones laborales de los conductores de las VTC.

Libre prestación de servicios

Rosa Guirado, abogada, economista y fundadora de Legal Sharing, destaca que en este conflicto no se puede soslayar el principio de libre prestación de servicios que consagra la UE como una de los princios fundamentales del proyecto comunitario --junto a la libre circulación de personas, mercancías y capitales--. La experta considera que hay que plantearse si sigue siendo necesario el servicio del taxi tal y como está regulado actualmente, dada la evolución de las tecnologías.

Guirado recuerda que en el servicio del taxi hay tres segmentos: tomar uno circulando en la calle, cogerlo en las paradas y solicitarlo previamente. Y denuncia que en los dos primeros ya tienen el monopolio, mientras que el tercero es el único en el que no lo tenían --el único que está abierto a la competencia-- y ahora lo quieren también conseguir. La especialista en economía colaborativa y digital rechaza el argumento de los taxistas de que la actuación de los VTC sea competencia desleal y no entiende que Bruselas no haya intervenido de forma más contundente en este conflicto para garantizar la libre competencia. Aunque está convencida de que los tribunales acabarán dando la razón a los VTC, eso tardará un tiempo y no logrará evitar los perjuicios que las restricciones causarán a estas compañías.

Dinamismo legislativo y judicial

Marc Tarrés, profesor de derecho administrativo de la UB, señala que en estos momentos “hay un dinamismo legislativo y judicial en todos los países” en torno a este conflicto y que no se puede generalizar. Aunque admite que la precontratación no se aplica en el resto del mundo, destaca que hay regulaciones restrictivas en la mayoría de los lugares --frente a la tendencia a la liberalización que impera en EEUU y en los países de Europa del Este--. Por ejemplo, explica, en Bruselas solo se permite a las VTC servicios de, al menos, 90 euros y tres horas de recorrido. En Francia está prohibida la geolocalización de los VTC (como también se prevé en el decreto catalán) y existe un examen muy exigente para los conductores de VTC. Además, es habitual en la limitación de licencias de VTC en la mayoría de los mercados.

El experto considera que es importante dejar claro que “el taxi es una cosa y los VTC es otra” y apunta que los usuarios deberían tener en cuenta que, aunque los VTC suelen tener un precio inferior a los taxis, este no se conoce cómo se fija, mientras que el precio de los taxis es transparente y regulado. “La desaparición del taxi --como ha sucedido en algunas ciudades de EEUU-- podría significar que el precio lo fije la plataforma de VTC”, con el riesgo que eso conlleva, alerta. “Aquí lo que en realidad se está jugando es el posicionamiento en el mercado de la movilidad urbana a 10 ó 20 años vista, pensando en el vehículo autónomo”, concluye Tarrés.

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