Luz verde al juez Aguirre para investigar si el petróleo ruso financió a Puigdemont

La Audiencia Provincial de Barcelona ha atestado este martes un segundo golpe judicial a las causas que tiene abiertas el jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, Josep Alay. La sección 21 ha desestimado la petición de Fiscalía Anticorrupción, alineada con los intereses del indepedentista, y da luz verde al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, para que investigue si Rusia financió al independentismo catalán mediante una operación de compraventa de petróleo o gas en la que también participó China.

Estas suposiciones parten de las conversaciones que se interceptaron entre Alay y el empresario ruso Alexander Dmitrenko. La proximidad de ambos lleva a que la mano derecha del expresidente catalán huido de la justicia intervenga para que se convierta primero en embajador de la Cámara de Comercio de Barcelona en Andorra, un cargo honorífico, y para que reciba una tarjeta de visita después, hecho que le facilitaba los negocios que quería desarrollar, tal y como ha avanzado Crónica Global.

Pago de 295.000 dólares

Alay presiona al ahora diputado de JxCat, Joan Canadell, para que ejecute el nombramiento y para que este tenga un carácter que vaya más allá de una representación sin más. De forma paralela a conseguir este objetivo, Dmitrenko detalla al geógrafo catalán los avances que hace con “los chinos” para venderles petróleo o gas ruso.

Comenta que ha recibido 295.000 dólares como “pago de garantía”, tal y como recuerda el juez Aguirre, además de felicitar “a todos” por lo que califica como el “primer gran paso hecho”.

Financiación del independentismo

Según el instructor, esta compraventa “es similar a la efectuada por Rusia a favor de una empresa vinculada a Mateo Salvini, dirigente del partido político Liga Nord, que sirvió para financiar ilegalmente al mismo”. Mantiene que existen indicios de que la operación se podría haber repetido en Cataluña, ya que ni Dmitrenko ni Alay “carecen de antecedentes en el negocio petrolero”. Todo ello, enmarcado en la estrategia rusa de desestabilizar Europa a través del apoyo de proyectos políticos básicamente de ultraderecha.

El Ministerio Público solicitaba el archivo definitivo de esta parte del llamado caso Voloh, ya que entendía que solo eran conjeturas del juez Aguirre sin que se sustanciaran en nada real. La Audiencia de Barcelona rechaza los argumentos del Ministerio Público y mantiene que existen indicios suficientes para que la investigación prosiga. El titular del Juzgado de Instrucción 1 “deberá acordar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos presuntamente delictivos”, sentencia la sección 21.