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La zona naranja de Gavà (Barcelona), donde una señal marca la restricción única para residentes, y que ahora controlarán auxiliares de seguridad / CEDIDA

Lío por el refuerzo policial con auxiliares de seguridad del ayuntamiento en Gavà Mar

Los agentes temen ser sustituidos por 'pseudoguardias' jurados en las zonas de estacionamiento limitado en la playa, mientras el consistorio asegura que solo se complementa el servicio

5 min

Choque entre seguridad privada y seguridad pública en Gavà (Barcelona). Los agentes de la Policía Local del municipio metropolitano recibían hace apenas unos días un correo electrónico “de un sargento” en el que se les informaba de que, “a partir de mañana, la zona naranja de la playa --estacionamiento restringido a los residentes en determinadas fechas para evitar una elevada concurrencia-- será controlada por personal de una empresa externa contratada por el ayuntamiento”. Esto causó indignación en el cuerpo, aunque el consistorio asegura que solo de complementará el servicio durante los meses de verano.

Fuentes del cuerpo policial han explicado a Crónica Global que, tras recibir ese comunicado de un superior, entendieron que “los policías dejarían de prestar ese servicio”. Algo que el consistorio liderado por la socialista Gemma Badia niega y recuerda, además, que la incorporación de los auxiliares privados “no implica la sustitución policial, sino que la complementa y refuerza”.

La zona naranja de Gavà (Barcelona) en la playa del municipio / CEDIDA
La zona naranja de Gavà (Barcelona) en la playa del municipio / CEDIDA

Informe del departamento jurídico

El uso de la zona naranja en Gavà está regulado a través del decreto de tenencia de alcaldía, tal como contempla la Ordenanza Local de Circulación. Hasta ahí el reglamento no cambia, siendo los agentes de la Policía Local los encargados de llevar a cabo restricciones de tráfico y otras labores. No obstante, según establece el informe redactado por el departamento jurídico municipal, la incorporación de vigilantes privados se “limita a la vigilancia y control de zonas indicadas, con estricta subordinación y coordinación con la Policía Municipal y bajo sus instrucciones”.

Pero los sindicatos policiales no recibieron respuesta por parte del ayuntamiento cuando fueron a preguntar por qué y a qué se debía esa contratación --que desconocen si cumple la Ley de Contratos del Sector Público--, cuando el servicio de la zona regulada de la playa siempre lo habían prestado los agentes. “Solo recibimos una solitaria contestación por parte de un regidor, la cual agradecemos, que no resolvía la mayoría de extremos planteados, pero sí informaba de los responsables”, explican fuentes del cuerpo a este medio.

Sin interferir en las funciones policiales

La sección sindical de la Policía Municipal remarca que la zona naranja de Gavà “presuntamente no atesora la condición de estacionamiento regulado (ORA) de la que sí dispone la zona azul, puesto que no existe reglamento desarrollado ni ha sido ratificada por el pleno municipal la actividad de los trabajadores de la empresa privada”. Pero, en este caso, el consistorio incluye dicha área de aparcamiento limitado dentro de la Ordenanza Local de Circulación.

Las marcas naranjas en el suelo, aunque sin parkímetro en la zona, que hacen confundir a los no residentes en Gavà Mar / CEDIDA
Las marcas naranjas en el suelo, aunque sin parkímetro en la zona, que hacen confundir a los no residentes en Gavà Mar / CEDIDA

Las críticas recaen sobre los vigilantes que, según fuentes del cuerpo, no gozarían del reconocimiento de veracidad y las denuncias que puedan presentar contra los conductores “equivalen a las hechas por un particular”. Estas voces alertan de la facilidad con la que podría reclamarse judicialmente.

Sin embargo, el ayuntamiento remarca que no se sustituirá la acción policial ni se interferirá en las funciones policiales. Tanto es así que el personal adscrito a este servicio “no ostenta la condición de agente de la autoridad ni sus denuncias constituirán una presunción iuris et iure, sino que servirán como documento de denuncia, constituyendo una prueba legítima como presunción iuris tantum”, explican fuentes municipales. Los agentes deberán coordinarse durante los meses de verano con los vigilantes privados, los cuales auguran que estas incorporaciones “iniciarán innumerables litigios de un servicio que hasta la fecha funcionaba perfectamente y generaba ingresos de consideración a las arcas municipales”.