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Sala de vistas del juicio durante el 'Caso BPA' / CG

'Caso BPA': empieza el juicio; todo o nada

La sentencia avalará o cuestionará la concepción financiera sobre la que se sustenta Andorra

15.01.2018 00:00 h.
5 min

Unos 25 empleados de la antigua Banca Privada d'Andorra (BPA) entre contables, gestores de cuentas y directivos, se sentarán a partir de las 10 de la mañana de este lunes en el banquillo de los acusados del Tribunal de Corts de Andorra, el equivalente a la Audiencia Nacional española.

Se abre el juicio sobre la pieza principal del llamado caso BPA. El juicio tratatá sobre la presunta trama de blanqueo de capitales internacional urdida, según la Fiscalía, desde esa entidad bancaria del Principado.

Cárcel y multa millonaria

En marzo de 2015, un informe del organismo del Tesoro de EEUU dedicado a perseguir el lavado de dinero internacional, el FinCen, encendió las alarmas del Gobierno de Andorra primero y de su fiscal general, Alfons Alberca, después. Señalaba presuntas irregularidades en la operativa de la entidad y le prohibió operar en dólares, hecho que implicó que se le cerrara en la práctica el acceso a los mercados de capitales porque es la divisa en la que se referencia casi la totalidad del negocio bancario.

El banco fue intervenido. Su filial en España, Banco Madrid, fue arrastrada al concurso de acreedores y su consejero delegado, Joan Pau Miquel, encarcelado por un delito continuado de blanqueo de capitales. El banquero se ha pasado dos años entre rejas en prisión preventiva. Hoy, el fiscal pedirá para él ocho años de prisión y 100 millones de multa por los delitos que se le atribuyen.

De nuevo, Pallardó

Miquel es el principal imputado en una causa que nace gracias a la mecha que encendió el intermediario financiero y blanqueador confeso de capitales Rafael Pallardó.

El abogado, imputado en la causa contra la mafia china que se sigue en España (el llamado Caso Emperador), meses después de verter duras acusaciones contra el banco y su consejero delegado se desdijo. Aseguró que lo hizo fruto de las presiones de la Fiscalía.

En febrero de 2012, además, el FinCen emitió un segundo informe sobre BPA en el que rectificaba su acusación de que la entidad se dedicaba a blanquear capitales.

El Gobierno acusa

El juicio se desarrollará en el salón de actos de Prada Casadet, un anfiteatro situado enfrente de la sede del Gobierno de Andorra. Precisamente, el Ejecutivo del Principado participará en este juicio en calidad de acusador particular, cuestión que será duramente refutada por la defensas. En la fase de cuestiones previas, alegarán que el equipo que encabeza el presidente Antoni Martí no está legitimado para comparecer en esta vista.

Las defensas le recordarán al tribunal que, en 1993, el Tribunal Constitucional anuló la personación del Gobierno en la llamada causa por el caso Ubach. Manifestó en ese momento que “es únicamente el Ministerio Fiscal el que, en Andorra, se puede arrogar la defensa del interés general”.  

Alquiler del salón de actos

El consejo judicial del país vecino ha alquilado el salón de actos a su propietario, el Consejo de Seguridad Social de Andorra, por unos 30.000 euros. Se ha habilitado un escenario específico para albergar al tribunal, dirigido por el juez leridano Josep Maria Pijuan; a las defensas; a las acusaciones, y a los 25 imputados.

El fiscal acusa a todos ellos de un delito continuado de blanqueo de capitales con el agravante de utilización de entidad bancaria y de continuidad.

¿Compensar era delito?

El juicio versará, fundamentalmente, sobre una cuestión: ¿eran delito en Andorra las llamadas operaciones de compensación? Movimientos por los que muchos ciudadanos, la mayoría españoles, blanquearon su dinero no declarado al fisco en el país en el que residían. Los juristas consultados concluyen que no. Afirman que no se puede considerar delito una práctica avalada por el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), el órgano de control bancario andorrano, y extendida en todas las entidades de ahorro del Principado.

La instrucción judicial que ha dirigido la juez Canolic Mingorance no ha acreditado que ni uno solo de los imputados cobrase comisión alguna por participar en estas mecánicas financieras que ahora sí, y de forma expresa, están prohibidas en Andorra.