La 'inquiokupación': el allanamiento más allá de la patada en la puerta

El hecho de sustituir la patada en la puerta por un contrato de alquiler para entrar y allanar un piso tiene nombre, se conoce a este fenómeno como la inquiokupación. Un concepto que está en auge en los últimos tiempos y que tuvo su pistoletazo de salida durante la pandemia, cuando "muchos vieron la oportunidad de okupar viviendas vacías por el confinamiento, sacándole un beneficio económico en muchos casos", tal y como apuntan fuentes jurídicas consultadas. Pero ¿qué es ser un inquiokupa? Se trata de una nueva variación en el mundo de los allanamientos en el que el okupa ya no accede a la vivienda de forma violenta, sino mediante un contrato de alquiler que deja sin efecto a los pocos meses por dejar de pagar.

Se ha popularizado porque, al haber papeles de por medio, “es más difícil que se les desaloje del piso”. Así lo indica el portavoz de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación, Toni Miranda, que lamenta que haya algunas personas que "se aprovechen para tener facilidades”. Y es que entrar a vivir en un inmueble y dejar de pagar en unos meses garantiza, al menos, que puedan estar dos años, como mínimo, “ de demorar pleitos bajo un techo que no es el suyo".

Cartel que anuncia el alquiler de un piso / MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS

Los propietarios, los más perjudicados

En declaraciones a Crónica Global, Miranda lamenta que los okupas se estén acogiendo a una ley que paraliza los desahucios. “El Gobierno está afectando a los propietarios porque no garantiza el derecho de las personas creando vivienda social, sino que carga al sector privado”. Además, critica que los casos de inquiokupaciones no consten en las estadísticas oficiales, por lo que “no se está mostrando la realidad”. “Sucede de una manera opaca”, asegura, y recuerda que las personas vulnerables que allanan “no son mayoritarias, sólo el 5%. El 95% restante son mafias”. 

En todo caso, las mismas voces consultadas avisan de que, “si son vulnerables, es el Ejecutivo quien debe garantizarle una vivienda”, pero siempre bajo la protección de los propietarios.  

Con un contrato de arrendamiento

Es destacado que muchos casos de inquiokupación comienzan con un contrato de arrendamiento habitual en los que es el inquilino quien deja de pagar de forma voluntaria. En estas situaciones, alertan de que, “al ser un contrato privado, si una de las partes lo incumple, debe ser inservible”. 

Sin embargo, consideran que el Ejecutivo les “ha puesto en bandeja” a estas personas dejar de pagar. “Mientras tanto, el propietario paga los suministros y la hipoteca. Al considerar que es gente vulnerable la que está dentro de la vivienda no se les echa con facilidad”, añaden.

Contrato de alquiler, en una imagen de recurso / EUROPA PRESS

La experiencia de una propietaria

Eso mismo le ocurrió a Margarita en 2019, cuando alquiló su vivienda en Sevilla por 450 euros a una mujer pensando que era un perfil vulnerable. "Me supieron mal sus circunstancias personales, pensaba que estaba siendo sincera y decidí alquilársela a ella". Tal y como relata a este medio, en un principio se excusaba en que no podía pagarle toda la mensualidad de golpe hasta que, de repente, dejó de hacerlo. 

La joven, de 35 años, se vio en marzo de 2020, en plena pandemia, sin ingresos por alquilar su vivienda. "En ese entonces yo estaba embarazada de cinco meses y me veía pagando dos hipotecas, la mía y la de ella". Pese a sus intentos por negociar, la inquiokupa se negaba. "Intenté negociar con ella y me dijo que no. Yo me encontré con que mi pareja estaba en ERTE y yo en el paro, porque mi empresa cerró debido al Covid". 

Manteniendo a los okupas

Así pues, esta afectada por la inquiokupación mantenía los dos pisos con todo lo que conlleva, pues asegura que no sólo se trata de problemas económicos, sino también de daños psicológicos. Finalmente, a través del asesoramiento legal que contrató (y sufragó), logró recuperar su vivienda tras cerca de dos años de lucha. Lo que describe como una "pesadilla" no acabó ahí. El inmueble quedó inhabitable debido a las condiciones en las que estaba cuando recuperó la propiedad. "El sofá estaba inservible, los colchones sucios, olían mal y tenían moho; las paredes estaban sucias, llenas de golpes, y los electrodomésticos ni se podían reparar, las persianas rotas...", explica. 

Después de su experiencia, hoy por hoy trabaja para ayudar a otras personas que se encuentren en su misma situación a través de la Asociación Justicia Antiocupas. Una entidad que ha creado junto a otros afectados: "Por desgracia, no existe demasiada ayuda y nosotros queremos poner nuestro granito de arena", concluye.