Las mafias que okupan pisos se adueñan de Mataró

Juan Carlos Jerez (PSC), primer teniente de alcalde de Mataró, denuncia el grave problema que afecta desde 2016 a esta ciudad del Maresme. Solo en los primeros 10 meses del 2021, confirma que tienen registro de 367 ocupaciones consumadas, el doble que en 2019. “Y todavía faltan dos meses por computar”, lamenta, “es evidente que es un fenómeno que va a más, cada mes que pasa es peor que el anterior”. 

Datos desorbitados

Pese al esfuerzo del consistorio, que entre 2016 y 2017 creó una comisión política y técnica específica para abordar este problema desde un enfoque multidisciplinar, y de la configuración de la Unidad Convivencia y Civismo de la Policía Local, que se dedica a perseguir este tipo delictivo, Jerez denuncia la falta de medios con los que cuentan para hacer frente a las ocupaciones. “Creemos que es imprescindible que el Departamento de Interior, a través de los Mossos d’Esquadra, y que la Delegación del Gobierno, a través de la Policía Nacional, investiguen los delitos colaterales a la ocupación de viviendas porque está creando una percepción real de inseguridad en la comunidad y una ruptura de la convivencia insoportable”. 

No obstante, incide en que los datos de Mataró son mucho más elevados que en el resto de ciudades catalanas, porque no discriminan entre las ocupaciones que han sido denunciadas formalmente y las que no. “Puede parecer que nuestros datos son mucho mayores, porque otras ciudades no tienen el mismo nivel de información que manejamos nosotros”, aclara el edil.

Grupos perfectamente organizados

Desde el ayuntamiento solicitan la implicación urgente de los poderes públicos con competencias en este ámbito. “La herramienta básica e imprescindible es la modificación de las leyes. No nos referimos a un aumento de las penas para el okupa, que es la parte vulnerable del problema, nos referimos a la tipificación de las penas de los facilitadores”, aclara. Jerez tiene muy claro que el problema no son las familias vulnerables que se instalan en estos pisos okupados, sino aquellos que lo posibilitan. “Tenemos indicios suficientes como para creer que detrás hay grupos organizados que hacen de la facilitación una forma de vida". 

En Mataró estas mafias han creado un sector inmobiliario paralelo al del mercado legal, una nueva forma de criminalidad. Los facilitadores ocupan viviendas de las que posteriormente venden o alquilan las llaves a personas sin recursos. En otras ocasiones, lo hacen para extorsionar a los propietarios. En cualquier caso, detrás de la ocupación hay un ánimo de lucro. “Cuando los mediadores del ayuntamiento o la Policía Local explican a los okupas que están cometiendo un delito, muchos deciden irse”, asegura. “El verdadero problema son aquellos que se dedican a la búsqueda de viviendas y locales vacíos, que han estado vigilando cuál puede ser la respuesta de la comunidad, de la policía y de la seguridad privada, que han cambiado las cerraduras, que les ha proporcionado las llaves a los okupas”. Que, en definitiva, se están lucrando de familias vulnerables. 

Recursos limitados y okupas conflictivos

Jerez explica que la ocupación supone, además, una asfixia para los recursos municipales. La mayoría de los okupas son personas que no están censadas en Mataró, que proceden del área metropolitana de Barcelona, de otras zonas de España o del sur de Francia o de Marruecos. Su llegada supone un reto para los servicios municipales porque, desde que se instalan en el municipio, pasan a ser usuarios de los recursos públicos. “Los ayuntamientos recibimos el problema y lo gestionamos pero somos los que menos recursos tenemos para solucionarlo: ni de investigación, ni legales, ni de cualquier otro tipo. Ni Mataró ni ninguna otra ciudad puede asumir todos los problemas del mundo. Nosotros tenemos nuestras propias listas de espera de emergencia habitacional”. 

No obstante, Jerez asegura que no todos los okupas de la ciudad son familias vulnerables. En estos últimos años se han encontrado con individuos muy problemáticos que generan inseguridad en la ciudad y que han abierto una profunda fractura social. Las quejas que reciben en el ayuntamiento son diarias, confirma el edil. Hay comunidades enteras que viven amedrentadas por sus nuevos “vecinos”, muchos de ellos, extutelados. “Los okupas conflictivos generan problemas y molestias vecinales de todo tipo: desde daños a elementos de la comunidad, fraude en el suministro eléctrico porque pinchan la luz de la comunidad, ruidos, trapicheo, entradas y salidas… Estos problemas graves de convivencia y de inseguridad se están generalizando en toda la ciudad”, denuncia Jerez. 

Un cambio en la ley

La asistencia y el apoyo que pueden ofrecer desde el ayuntamiento a los propietarios afectados por la ocupación, reconoce el concejal, son limitados. Terminan donde empieza la ley. Por eso, solicitan urgentemente un cambio de legislación. “No se puede entender legalmente por morada que una persona cambie una cerradura de una puerta y que, cinco minutos después, como ya está en una vivienda cerrada, la policía no pueda actuar”. 

El regidor apuesta por una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero también por una mayor implicación de los cuerpos de seguridad. “Necesitamos que los cuerpos policiales con competencias en investigación, en este caso los Mossos d’Esquadra, investiguen los temas de extranjería y de facilitación de inmigración ilegal. Como es un delito muy despenalizado, que en el mejor de los casos se considera un delito leve, no se ponen los recursos policiales necesarios. Lo que nos preocupa son los delitos colaterales que se realizan hasta llegar a la ocupación”.

Un atentado contra los más vulnerables

El consistorio, dice, tiene claro que la vivienda debería es un derecho fundamental garantizado y que ha de primar la función social, pero eso no quiere decir que se pueda tolerar la implantación de una mafia que pretende hacer de Mataró su ámbito inmobiliario ilegal y paralelo al mercado y a las listas de vivienda social. 

“Es un atentado contra el resto de familias vulnerables de nuestra ciudad, que con acciones como esta cada vez tienen más difícil acceder a una vivienda pública. El mensaje que se traslada a la ciudadanía, sobre todo a la más vulnerable, es muy negativo. A las personas que no llegan a fin de mes, que no pueden acceder a una vivienda por los precios del alquiler o porque no pueden hacer frente a una hipoteca, a las que tienen que compartir habitación, o al que está en una lista de espera de vivienda social, ¿qué mensaje le llega si hay impunidad total con los okupas?” Es intolerable, concluye Jerez, y los poderes públicos deberían entenderlo.