Las mafias y la falta de policía hacen de Cataluña el oasis okupa de España

Cataluña lidera el ranking de las okupaciones de España, con un 42,5% de los allanamientos del total de casos del país, según las estadísticas del Ministerio del Interior. De hecho, la comunidad --en la que se registraron 5.689 casos hasta septiembre de 2021--, duplica en número a la Comunidad de Madrid --con 1.282-- y triplica al conjunto de Andalucía --con 1.994 okupaciones--. Pero ¿cuáles son los motivos por los que los allanamientos se han disparado en Cataluña?

Las fuentes consultadas apuntan a diversas causas. Emilio Molinero, fundador de Patrulla Vecinal de Mataró, asegura que los allanamientos se han incrementado por la dejadez de los consistorios, que dan manga ancha a los okupas para instalarse. En la misma línea, Joaquín de Soto, portavoz y director comercial de Seguro contra Okupas, indica que, en algunos lugares como Barcelona, el ayuntamiento “no pone apenas trabas”.

La permisividad de los ayuntamientos

De Soto, portavoz de una empresa que se encarga de negociar con los okupas, asegura que en la Ciudad Condal el consistorio “es muy permisivo” con la okupación de locales públicos, de grandes tenedores o de entidades bancarias. “Les ceden el disfrute de locales vacíos” a cambio de que sean reconvertidos en centros sociales. “Es un error, porque causan molestias a los vecinos, por los ruidos y los botellones”.

A esto se suma, apunta De Soto, la presencia de “grupos organizados contra las desokupaciones, que se dedican a apoyar a los allanadores” y que tienen presencia en grandes ciudades como Barcelona, pero también en Badalona y Mataró.

Mafias de la okupación

En la zona del Maresme, señala Molinero, preocupa el asentamiento de mafias de la okupación: grupos perfectamente organizados que se encargan de hacerse con viviendas para vender las llaves a terceros, normalmente gente vulnerable.  

De hecho, los Mossos d’Esquadra han detenido a ocho personas por okupar 56 pisos de Mataró y vender las llaves a familias sin recursos por entre 1.500 y 3.000 euros. “Funcionan como una empresa, en la que cuentan con cerrajeros, personas encargadas de localizar viviendas susceptibles de ser okupadas y posibles inquilinos, las verdaderas víctimas”, expresa Molinero.

Falta de efectivos policiales

Otro de los factores que contribuyen al empeoramiento del problema de la okupación es la falta de efectivos en el cuerpo de Mossos d’Esquadra. Un hecho que ha quedado evidenciado en la okupación de una vivienda del barrio de Sant Cosme de El Prat de Llobregat. La policía autonómica rechazó presentarse en el lugar alegando que no contaba con suficientes efectivos. Este hecho les obliga a priorizar, como reconocían fuentes del propio cuerpo, entre los avisos que reciben, dado que no pueden cubrir la totalidad de las demandas de la ciudadanía.

Imma Viudes, mossa y portavoz del sindicato SAP FEPOL, confirma este extremo. “La falta de efectivos es generalizada en el cuerpo: no porque no haya agentes suficientes en las comisarías, sino porque se les saca de su turno ordinario para que participen en otros dispositivos del territorio”, expresa a preguntas de este medio. Asegura que este hecho deja los distritos descubiertos, a excepción de las comisarías de Ciutat Vella, Sant Martí y el Eixample, donde hay más agentes y más refuerzos por el Pla Estiu.

Temen incurrir en un delito

La situación se ve agravada, además, por el periodo vacacional, aunque el porcentaje de mossos que se encuentran de vacaciones no supere nunca el 20%. Aun así, los Mossos van cortos de agentes. De hecho, el mismo día en el que se produjo la ocupación en El Prat, la situación en Sants era muy similar. Allí, solo el jefe de turno y un compañero patrullaban las calles del distrito, un escenario que obligó a los agentes a filtrar los avisos que recibían. Además, De Soto expresa que, ante la duda de que los okupas lleven dentro del piso varios días, no actúan. “Temen estar incurriendo en un delito de allanamiento, así que, por órdenes de sus superiores, cuando no lo ven claro se mantienen al margen”, señala.

Desde la pandemia, indican, la situación ha empeorado. Por un lado, ha aumentado la precariedad laboral y la exclusión social. Por otro, se han disparado los casos de inquiokupas, personas que mediante un contrato alquilan una vivienda que dejan de pagar a los pocos meses, pero sobre las que han adquirido unos derechos. 

La Ley los ampara

A escala nacional, Molinero denuncia que el vacío legal protege a los okupas hasta que la cuestión se dirime en los tribunales –un proceso que suele dilatarse una media de 10 meses– con el consiguiente agravio que eso supone para los legítimos propietarios. Por eso, dice, es necesario modificar el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, desde que el propietario interpone una denuncia por ocupación ilegal, se abra un plazo de 48 horas para que los okupas presenten un título de propiedad u otro documento que los acredite para permanecer en la vivienda. De lo contrario, solicitan que pasado ese plazo el juez pueda instar al inmediato desalojo.