La Generalitat aprueba el 'decretazo' contra los VTC

El Govern ha aprobado finalmente el decretazo que obliga a los vehículos de alquiler con conductor (VTC) a precontratar sus servicios con una antelación mínima de 15 minutos en toda Cataluña. La norma diseñada por la conselleria de Territori contempla, además, que los ayuntamientos y los entes supramunicipales --como el AMB-- puedan ampliar este tiempo de precontratación. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya ha expresado sus intenciones de ampliarlo hasta una hora. 

La consellera de la Presidencia de la Generalitat y portavoz del Govern, Elsa Artadi, y el conseller de Territorio, Damià Calvet, han anunciado la polémica medida en una rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

"Chantaje" de los despachos

El responsable de Territorio ha explicado que los "taxis y los VTC's son diferentes. Queremos que convivan y asegurarnos que no hagan una competencia desleal". Según el conseller, la Generalitat no regula "a favor de unos y en contra de otros", pese a que las principales operadoras de VTC's ya han avanzado que la aprobación del decreto supondrá su expulsión de Barcelona y el despido de unos 3.000 trabajadores en la región. Según él, el tiempo establecido es "proporcional, razonable y competitivo".

Sobre los ERE's anunciados, Calvet ha criticado que "no se pueden anunciar despidos antes de que se apruebe el decreto", en referencia a los anuncios de la patronal Unauto. Además, ha añadido que "no queremos ceder ni al chantaje de las calles ni al chantaje de los despachos", en referencia a la presión recibida por parte del gremio de los taxistas y de las empresas de VTC. 

"Somos los de los 15 minutos"

La medida entrará en vigor el viernes que viene, por lo que cuaquier usuario de Uber o Cabify deberá contratar con 15 minutos de antelación sus servicios de movilidad. Para ello, el Govern pondrá en marcha un registro de vehículos VTC para controlar que se cumpla el decreto de precontratación. El incumplimiento de cualquier de las condiciones fijadas por la nueva ley se considerará una infracción grave, de acuerdo con la Ley 12/1987 de regulación del transporte de viajeros por carretera. Así, podrán imponer multas de hasta 1.400 euros. 

"Nosotros somos los de los 15 minutos", ha dicho Calvet de forma orgullosa, a la espera de que la alcaldesa de Barcelona cumpla con su promesa a los taxistas y amplíe el tiempo de precontratación a una hora en toda el Área Metropolitana. 

Efecto contagio

Aun así, no habrá que esperar al reglamento que prevé impulsar el AMB para ver las primeras consecuencias de esta regulación de los VTC en Cataluña. Fuentes del sector aseguran que los 15 minutos que contempla la Generalitat ya les expulsa, de facto, de la región. Además, con su retirada de la capital catalana pretenden evitar un efecto contagio en el resto de España. Una de las preocupaciones de las principales operadoras de VTC es que otras comunidades autónomas tomen como ejemplo a Cataluña a la hora de legislar en esta materia. 

Además de obligaar a precontratar los servicios, la norma prohíbe que plataformas como Uber y Cabify puedan indicar dónde están sus vehículos a sus clientes a través de la geolocalización --cuestión sobre la que el Govern dará un tiempo de margen para adaptarse--. Asimismo, eestablece que los VTC no puedan circular por las vías públicas buscando usuarios ni propiciar la captación de los que no hayan precontratado sus servicios, por lo que deberán estacionarse en aparcamientos y garajes cuando no hagan ningún servicio.

Reforma integral

El conseller de Territori también ha explicado que se desarrollará una ley para regular de manera integral el transporte de viajeros con turismo, es decir, tanto taxis como VTC. Según ha avanzado, el departamento trabaja en su memoria preliminar y prevé hacer una consulta pública previa antes de abril e iniciar su tramitación después: "No queremos perder el tiempo", ha dicho.

Esta ley tratará temas como la formación de conductores, sus turnos y periodos de descanso, la reducción del impacto ambiental de la actividad, el uso de nuevas tecnologías, la transparencia en las tarifas de los VTC, así como su número total y su forma de transmisión.

Para afrontar esta reforma integral, Calvet ha anunciado que se requerirá un fondo de dinero para impulsarla, que podría tomar la forma de una tasa, aunque ha matizado que lo tendrá que determinar el Parlament.