Un juzgado investiga a DomusVi por presunto maltrato a mayores

Un juzgado investiga a DomusVi por presuntos malos tratos a mayores. El líder de las residencias en España lidia con un proceso judicial por supuestas malas prácticas, caso que se suma a las pesquisas que llevará a cabo el Síndic de Greuges por orden del Parlament, que le pidió aclarar si hubo abandono de ancianos en un centro de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

La residencia que se sitúa en la diana es DomusVi Can Buxeres, un asilo gestionado por el grupo en la segunda mayor ciudad catalana. La familia de una residente en el centro entró una denuncia al juzgado por presuntos malos tratos a su madre, que estuvo interna y ahora recibe cuidados en el sociosanitario Hestia Duran y Reynals. La sala no solo admitió a trámite la queja, sino que ha ordenado diligencias para investigar si se permitió el abandono de alguno de sus 178 ancianos o incluso el maltrato hacia alguno de ellos.

La empresa lo confirma

Preguntada por la cuestión, una portavoz de DomusVi ha confirmado que el juzgado ha iniciado un procedimiento contra el centro de L'Hospitalet. El grupo de residencias que comanda Josefina Fernández aclara que el proceso judicial "se encuentra en fase de instrucción".

La actuación de los tribunales contra esta residencia se sumará, si Rafael Ribó cumple, a la investigación que pueda iniciar el Síndic de Greuges del mismo geriátrico. Todos los partidos con representación en el Parlament avalaron la petición al ombudsman catalán de investigar DomusVi Can Buxeres. Respaldaron con ello una propuesta que había presentado Cs, que llevó las denuncias por presuntos malos tratos a la Cámara autonómica.

Colau la quiere contratar

La doble investigación administrativa y judicial contra DomusVi llega cuando el Ayuntamiento de Barcelona, que comanda Ada Colau (BComú), ha propuesto adjudicar a esta empresa el 50% del Servicio de Atención a Domicilio (SAD). La compañía se hará con dos de los lotes del macrocontrato, el segundo mayor que licita el consistorio tras el de recogida urbana de residuos. Su valor alcanza los 200 millones de euros. 

El lance judicial en L'Hospitalet es previo a la pandemia. No guarda relación con el coronavirus, cuando DomusVi encajó cadenas de fallecimientos en distintos centros de la Península. La compañía se defendió alegando que aplicaba estrictas medidas higiénico-sanitarias e intensivos programas de detección del virus SARS-CoV-2. Pese a ello, la fiscalía intervino e inició diligencias contra la empresa en varios casos.