'Caso 3%': los ingenieros, en el punto de mira del juez

Los empresarios y responsables políticos del Ayuntamiento de Barcelona así como los directivos del puerto imputados por la Fiscalía en las diligencias de investigación que se llevaron acabo en el mes de febrero del año pasado tendrán que desfilar por el despacho del juez como investigados. Aun no se sabe si lo harán ante el juez de El Vendrell o ante el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, que ya ha asumido la competencia del caso. En todo caso, de momento, no tendrán que declarar los técnicos de la empresas públicas y privadas implicadas en la concesión irregular de obra ofertadas por la administración.

El juez ha ordenado a la Guardia Civil que detalle los informes técnicos que habrían elaborado varios ingenieros sobre algunas obras o proyectos urbanísticos otorgados desde la administración y que están bajo sospecha de corrupción. Uno de estos ejemplos se encuentra en el expediente técnico de la obras del Túnel de la Conreria.

Auding, investigada

La fiscalía ha pedido al juez que impute a la directora de la empresa de ingeniería Auding, Loreto Casas, por soborno una vez analizado el contenido de una grabación realizada en 2011 en la que esta alta directiva propone al entonces director general de GISA, Joan Antoni Rosell, que “infle” el presupuesto de la obra adjudicada por la Generalitat para la construcción del llamado Túnel de La Conreria que unirá Badalona y el Vallés.

Por aquel entonces, Loreto Casas acababa de ser nombrada directora general de la compañía en sustitución de Joan Lluís Quer, quien, a su vez, acababa de ser nombrado presidente de GISA, la principal empresa pública adjudicataria de obras de la Generalitat. Quer era accionista de Auding, y la jugada que su sucesora propone a Rosell es que se incremente el precio de las obras de tal forma que la empresa de ingeniería (adjudicataria de los estudios de dicha infraestructura) pudiera cobrar un porcentaje superior al establecido por el mismo trabajo. Ese dinero, según se desprende de la grabación, serviría para pagar a Quer el montante de sus acciones, ya que, por ley, el presidente de GISA debía de desprenderse de esa participación accionarial, incompatible con su flamante cargo público.