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Lucía Martin, concejal de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona  / EP

Barcelona carga contra el "acoso inmobiliario" en plena avalancha okupa

El ayuntamiento deja de lado las invasiones de viviendas en su afán por inspeccionar el patrimonio de los grandes tenedores

4 min

Durante el último año, el Ayuntamiento de Barcelona ha aumentado un 12% las inspecciones en los pisos vacíos de la capital catalana. Sin embargo, este control no ha ido encaminado a luchar contra las okupaciones de viviendas, sino a combatir el "acoso inmobiliario" que según el equipo de gobierno municipal sufren los barceloneses.

La Unidad Antiacoso de Disciplina de Vivienda, creada en 2015 cuando los comuns alcanzaron la alcaldía, inspeccionó el año pasado 118.587 inmuebles y tramitó un total de 926 expedientes. Pero ninguna de estas actuaciones sirvió para castigar los allanamientos, sino que se centraron en los malos usos de la vivienda protegida, la falta de alquiler social o el mantenimiento de pisos sin residentes. De hecho, el 58,2% de las multas estuvieron relacionadas con infracciones de grandes tenedores por tener viviendas vacías.

 

Lucía Martín, concejal de Vivienda de Barcelona, advierte a grandes tenedores de que expropiará pisos vacíos si no alquilan (julio 2020) / EP

Los bancos, enemigos habituales

La voluntad de este departamento municipal es detectar inmuebles sin uso para que vuelvan a ser habitados. A través de un censo de vivienda vacía, se han identificado 10.052 activos sin inquilinos en la capital. De estos, 196 han sido cedidos, expropiados o adquiridos para ponerse en alquiler. Una cifra pírrica a la vista de una macroinspección que ha durado cuatro años y se ha presentado por parte del consistorio como un hito para asegurar el derecho a la vivienda.

Además, el ayuntamiento focalizó su actividad disciplinaria en las sociedades y empresas con gran patrimonio inmobiliario. Así, el empeño sancionador fue a la zaga de las entidades bancarias, que acumularon el 82% de los expedientes incoados.

Batlle se suma a la alerta

La prioridad por luchar contra la especulación choca con las palabras del teniente de alcalde de seguridad, Albert Batlle, quien la semana pasada se sumó a la alerta okupa. El concejal reclamó más "instrumentos legales" para que la polícia pudiera "actuar con más eficacia" frente a las mafias que usurpan la propiedad privada en Barcelona.

De lo que se olvidó Batlle es de la propia normativa local que favorece este conflicto. En efecto, el Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025 distingue entre invasiones realizadas por necesidad económica y otras relacionadas con la delincuencia común. El entonces líder popular en el consistorio, Alberto Fernández, señaló que el plan resultaba insuficiente para frenar las okupaciones y alertó de que incluso impulsaría su práctica.

Cs pide una policía antiokupas

Otras formaciones políticas han presentado su propio plan para poner coto a los allanadores. El grupo municipal de Cs presentará una moción para crear una unidad policial antiokupas no solo en Barcelona, sino también en otras localidades catalanas. Este operativo ayudaría a "frenar la ocupación ilegal de viviendas a través de planes municipales que permitan resolver la problemática de una forma más eficaz", sostiene el partido.

A través del refuerzo del patrullaje preventivo y de un censo sobre ocupaciones, la formación naranja espera que se pueda combatir un fenómeno que degrada la convivencia en los barrios y alarma a los vecinos.