Fachada del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB)

Fachada del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) Europa Press

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El Govern pacta con la abogacía catalana una inyección histórica de 22,8 millones para el turno de oficio

El pacto prevé una aportación adicional de 5,7 millones anuales durante cuatro años para recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los abogados del turno de oficio desde 2011

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La Generalitat de Cataluña y el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) han formalizado este martes un acuerdo "histórico" para reforzar estructuralmente el sistema de Asistencia Jurídica Gratuita.

El pacto prevé una aportación adicional de 5,7 millones de euros anuales durante cuatro años (2026–2029), hasta alcanzar un total de 22,8 millones de euros, con el objetivo de recuperar progresivamente el 31% de poder adquisitivo perdido por los profesionales del turno de oficio desde 2011.

Acuerdo histórico

El acuerdo ha sido firmado en el Palau de la Generalitat por el president Salvador Illa y el presidente del CICAC, Roger Montoliu, en un acto en el que también ha intervenido el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y al que han asistido representantes de los 14 colegios de abogados de Cataluña.

En el caso concreto de 2026, los 5,7 millones adicionales se vehicularán mediante una adenda al convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), como mecanismo operativo para hacer llegar los fondos al sistema del turno de oficio.

Un sistema híper tensionado

El acuerdo responde a una reivindicación histórica del colectivo profesional del turno de oficio, que durante más de una década ha visto cómo los módulos de compensación permanecían congelados pese al incremento de la carga de trabajo, la complejidad de los procedimientos y el aumento del coste de la vida.

La falta de actualización había supuesto una pérdida acumulada del 31% del poder adquisitivo desde 2011.

Con este pacto, el Govern reconoce explícitamente el carácter estructural del problema y plantea una solución sostenida en el tiempo para reforzar un servicio considerado esencial para garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

La decana del ICAB Cristina Vallejo (i) y la diputada responsable del Turno de Oficio, Cristina Capuz

La decana del ICAB Cristina Vallejo (i) y la diputada responsable del Turno de Oficio, Cristina Capuz ICAB

De este modo, el compromiso suscrito entre el Govern y el CICAC tiene carácter finalista: los recursos adicionales deberán destinarse directamente a la retribución de las actuaciones profesionales, a la actualización de los módulos y guardias y a la mejora de la asistencia a personas detenidas. 

El objetivo es que  el incremento presupuestario tenga un impacto directo en la calidad del servicio y en las condiciones de trabajo de los profesionales del turno de oficio

Otros 74 millones para el sistema

Paralelamente, el departamento de Justicia ha firmado con el CICAC el convenio de colaboración para 2026, que prevé una dotación global de 74,2 millones de euros, 1,82 millones más que el año anterior.

De esta cantidad, 70,2 millones se destinan directamente a compensar las actuaciones profesionales y 4 millones a gastos de gestión de los colegios profesionales.

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y la jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, en la Ciutat de la Justícia de Barcelona

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y la jueza decana de Barcelona, Cristina Ferrando, en la Ciutat de la Justícia de Barcelona Conselleria de Justicia

Este convenio establece, además, un incremento lineal del 2,5% en todos los módulos de compensación, con un impacto estimado de 2,9 millones de euros en 2026.

Sumando este aumento, la subida del propio convenio y la aportación adicional del acuerdo político, el esfuerzo presupuestario total del Govern para el turno de oficio en 2026 alcanzará los 10,4 millones de euros. 

Refuerzo territorial y nuevos módulos

El texto introduce también medidas de ajuste territorial para adaptar los recursos a la carga real de trabajo en cada partido judicial. Entre ellas, destaca la creación de un nuevo turno de guardia de extranjería en Figueres; el refuerzo del turno penal en Santa Coloma de Farners; el fortalecimiento de la atención a víctimas de violencia machista en Cervera y Balaguer; y la reorganización del sistema de guardias en la Seu d’Urgell.

Juzgado Penal número 1 de Figueres (Girona)

Juzgado Penal número 1 de Figueres (Girona) Google Maps

Asimismo, el convenio incorpora nuevos módulos de compensación para actuaciones que hasta ahora no estaban específicamente reconocidas, como la asistencia en audiencias de prisión provisional, la doble condición de acusación y defensa en un mismo procedimiento, la reconvención en el ámbito civil y la conciliación previa obligatoria en el ámbito laboral.

Calidad, digitalización y formación

En paralelo, acuerdo firmado entre el Govern y el CICAC incluye medidas para mejorar la calidad del servicio, reducir tiempos de espera, impulsar la tramitación electrónica integral de los expedientes y reforzar la interoperabilidad entre administraciones y colegios profesionales.

También se pone un énfasis especial en la formación y especialización de los abogados del turno de oficio, especialmente en ámbitos sensibles como extranjería, violencia sobre la mujer, menores o ámbito penitenciario.

El refuerzo del sistema se acompaña de programas específicos para fomentar el uso del catalán en la justicia gratuita, con una dotación de hasta 500.000 euros para la abogacía y 200.000 euros para la procuraduría, con el objetivo de garantizar el derecho de opción lingüística de la ciudadanía y aumentar la presencia del catalán en los procedimientos judiciales.

Un cambio de etapa

Con este acuerdo, el Govern y la abogacía catalana sellan un cambio de etapa en la financiación del turno de oficio, que pasa de un modelo de contención presupuestaria a uno de refuerzo estructural.

Un giro que busca consolidar la asistencia jurídica gratuita como una pieza clave del Estado de derecho y como una garantía real de acceso a la justicia para las personas más vulnerables.