Imagen de la sección 5ª de la Audiencia de Barcelona minutos antes del juicio de este lunes 27 de octubre
Los Mossos acusados de incriminar a un estibador en un caso de drogas piden anular las escuchas
Las defensas cuestionan la validez de las intervenciones telefónicas y la sonorización de la oficina y del vehículo policial, mientras el tribunal rechaza de momento la nulidad de las pruebas
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El juicio por el montaje de película que llevó a un estibador del puerto de Barcelona a ser detenido por un falso delito de drogas y armas ha arrancado este lunes en la Sección 5ª de la Audiencia de Barcelona.
En el banquillo se sientan dos agentes de los Mossos d’Esquadra y dos civiles, acusados de haber introducido casi un kilo de cocaína, hachís y una pistola semiautomática en el coche de Carlos L., el trabajador portuario, para incriminarlo falsamente.
Nueve años después de aquella detención, las partes han iniciado el juicio con la presentación de cuestiones previas, marcadas por las peticiones de nulidad de diversas diligencias presentadas por las defensas.
Piden anular las escuchas
Los letrados José Ramón Sorní y Sandra Melgar, defensores del agente y el caporal de los Mossos, han solicitado la nulidad de las intervenciones telefónicas y de la sonorización del vehículo y de la oficina policial en la que trabajaban sus clientes.
Sorní, abogado del agente, ha denunciado una vulneración de derechos fundamentales, alegando que las escuchas fueron “prospectivas” y carentes de fundamento.
Según su defensa, el teléfono del acusado fue intervenido únicamente por su pasado como agente portuario y por mantener amistad en común con otro de los civiles investigados; argumentos que considera insuficientes para autorizar una injerencia tan grave en las comunicaciones privadas.
Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en Barcelona Europa Press
Por su parte, la letrada Sandra Melgar, que representa al caporal de la unidad de investigación de Sant Martí, se ha adherido a la petición y ha añadido que las informaciones policiales presentadas al juez no se basaban en hechos concretos, sino en simples conjeturas.
Tampoco se detallaba en los oficios policiales la relación que presuntamente existía entre los dos Mossos y los otros acusados.
La clave del caso
Sin duda, una de las claves del caso gira en torno a las consultas realizadas en marzo de 2016 desde un perfil policial para acceder a datos personales del estibador Carlos L., de su vehículo y del también estibador David Caballero, alias Bubito —asesinado a tiros en Montgat en noviembre de 2024—.
Según la acusación, esas búsquedas fueron la antesala del montaje. Sin embargo, las defensas insisten en que no hay pruebas que acrediten quién las realizó.
Ambos letrados alegan que las consultas se efectuaron desde el perfil del jefe de la unidad —no desde los usuarios de los acusados— y que no se aportaron auditorías ni cuadrantes de turnos que permitan saber quién estaba realmente de servicio.
De hecho, según recordó la defensa, agentes de la División de Asuntos Internos (DAI) ya reconocieron durante la instrucción que no es posible determinar con certeza quién efectuó esas búsquedas en el sistema policial.
Además, los horarios oficiales no siempre coinciden con los turnos reales de los acusados, lo que añade más dudas a la atribución de esas consultas.
Un agente de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo Europa Press
El tribunal rechaza las nulidades
Tras escuchar a las partes, el tribunal ha rechazado de momento las nulidades planteadas y ha anunciado que decidirá sobre la validez de las pruebas en el momento de dictar sentencia.
Con ello, el proceso continúa su curso. El juicio se reanudará este martes a primera hora con la declaración de los instructores de la causa, varios agentes de la División de Asuntos Internos y tres testigos protegidos, llamados a esclarecer cómo se orquestó el presunto plan incriminatorio y, sobre todo, por qué.
