Hace unos días avanzamos desde Crónica Global que, según el balance de criminalidad en Cataluña, la delincuencia en general ha experimentado un ligero descenso. Sin embargo, destacábamos un aspecto especialmente inquietante: las violaciones han aumentado de manera alarmante.
El informe refleja un incremento del 22% en este tipo de delitos, situando la violencia sexual como uno de los principales focos de preocupación en materia de seguridad pública.
Los datos son contundentes. En el último semestre, Cataluña ha contabilizado 904 denuncias por violación, lo que supone 163 más que en el mismo periodo de 2024. Este repunte no solo supera la cifra total del año pasado —761 denuncias—, sino que además establece un nuevo máximo histórico respecto a 2023. Un panorama que, lejos de ser una tendencia aislada, confirma una escalada sostenida en los delitos contra la libertad sexual.
La situación no se limita únicamente a las violaciones. Según el mismo balance, también crecen de manera preocupante los delitos relacionados con la salud pública, especialmente el narcotráfico, así como los homicidios.
Tres ámbitos que, juntos, dibujan un escenario complejo en el que las autoridades deberán actuar con firmeza si quieren frenar la percepción de inseguridad entre la ciudadanía.
"Solo silencio"
El abogado Álvaro Navarro lo resume con crudeza: “Estas estadísticas son inéditas, la violencia sexual nunca había alcanzado este nivel, pero mientras tanto el Ministerio de Igualdad guarda silencio”. Sus palabras no son un simple diagnóstico jurídico, sino una acusación directa a las instituciones por la falta de reacción.
En esta línea, Navarro insiste: “Los datos muestran un aumento sin precedentes. No hay campaña, no hay explicaciones, no hay medidas claras. Solo silencio. Las víctimas merecen respuestas, no silencio”. El letrado pone así sobre la mesa un debate cada vez más presente: la distancia entre los discursos oficiales sobre igualdad y protección de la mujer y la realidad de los números que se acumulan en los juzgados y en las comisarías.
La contradicción resulta evidente. Por un lado, el Gobierno insiste en reforzar las políticas de género y en proyectar una imagen de compromiso contra la violencia sexual.
Por otro, la estadística demuestra que las denuncias no solo no se reducen, sino que alcanzan cifras históricas. La pregunta que queda flotando es clara: ¿qué falla en el sistema para que, pese a las campañas y las reformas legales de los últimos años, las mujeres sigan siendo víctimas de delitos sexuales en niveles nunca vistos?
Fuentes policiales consultadas apuntan a varios factores. Por un lado, el aumento de la concienciación social y de la confianza en la denuncia ha contribuido a visibilizar casos que antes quedaban en la sombra. Pero, por otro, reconocen que existen dinámicas delictivas cada vez más violentas y organizadas, que requieren nuevas estrategias de prevención y actuación.
Mientras tanto, las cifras hablan por sí solas: en solo seis meses, Cataluña ha registrado más de 900 denuncias por violación. Una realidad que convierte el debate en urgente y que, como señalan expertos y juristas, exige algo más que silencio institucional.