Gonzalo Bernardos (62), profesor y economista: “Si te okupan la vivienda ni denuncies, ve a empresas de desokupaciones”

La okupación ilegal es un problema en Barcelona, que es el epicentro de las okupaciones en Cataluña, la comunidad autónoma con el mayor número de denuncias de España. Esta problemática sigue afectando tanto a viviendas vacías como a bloques enteros. En muchos barrios, los residentes denuncian sentirse abandonados por las autoridades, atrapados en una pesadilla que altera su vida cotidiana.

El dilema de la okupación es un fenómeno que, según Gonzalo Bernardos, economista y profesor de economía de la Universidad de Barcelona, intimida a los propietarios hasta el punto de que prefieren no alquilar sus viviendas y las destinan a otros usos o, incluso, las venden. Este miedo al alquiler de sus propiedades debido a las okupaciones contribuye a la falta de oferta en el mercado de alquiler, lo que a su vez provoca un aumento de los precios.

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Según el economista y profesor de economía de la Universidad de Barcelona, existe una discrepancia significativa entre las cifras oficiales sobre okupaciones y la realidad. A pesar de que las cifras oficiales reflejan caídas, dando la impresión de que el problema está disminuyendo, la realidad no es esa.

En este contexto, Bernardos señala que estas Las estadísticas no incluyen un tipo importante de ocupaciones: las que no son delitos de allanamiento de morada o usurpación, como los casos de "inquiokupación".

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La razón principal de esta brecha es que, en la práctica, muchos afectados optan por no denunciar las okupaciones, ya que los Mossos están muy limitados por la legislación actual. Bernardos asegura en una entrevista a Idealista, que incluso un amigo policía aconseja que "si te okupan la vivienda ni denuncies, ve a empresas de desokupaciones", debido a la ineficacia de los procedimientos policiales y judiciales actuales para resolver estos casos. Esta falta de denuncias significa que las cifras oficiales, aunque reportadas, no reflejan la magnitud completa del fenómeno.

Crítico con la política gubernamental y el marco legal

Para el economista, el problema precede por parte del marco legal y las políticas gubernamentales con las que convive España. En este sentido, subraya la excepcionalidad de la legislación española, señalando que esta constituye una rareza dentro de Europa. De forma implícita, apunta a que es menos efectiva o más permisiva que la normativa vigente en otros países del continente.

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Entre las soluciones que plantea, Bernardos destaca la posibilidad de crear juzgados especializados que permitan resolver un caso de okupación en apenas una semana. No obstante, lamenta que esta medida no se lleve a la práctica.

Respecto a las razones políticas, dirige sus críticas a Unidas Podemos y Sumar, partidos que —según afirma— consideran a los okupas “muy simpáticos” y sostienen que el derecho a la vivienda prevalece sobre el derecho a la propiedad. Frente a esta postura, Bernardos recuerda que la Constitución española reconoce explícitamente la propiedad privada y su protección, mientras que el derecho a la vivienda lo califica como “etéreo” y más cercano a un acto de buena voluntad que a una garantía real.

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El economista también advierte sobre los efectos económicos de no proteger al propietario. A su juicio, la inseguridad jurídica provoca que muchos retiren sus viviendas del mercado de alquiler, lo que reduce la oferta y, en consecuencia, dispara los precios.

Por ello, sostiene que “proteger al propietario es proteger al inquilino”, ya que un mayor número de viviendas disponibles en alquiler abarataría los precios. Sin embargo, critica que los partidos de izquierda tienden a rechazar medidas que beneficien a los propietarios porque temen una pérdida de apoyo electoral a corto plazo, sin considerar las ventajas que estas podrían aportar a medio plazo tanto a propietarios como a inquilinos.