La desesperación de unos vecinos de la Costa Brava: “Una mafia se ha instalado en nuestra comunidad y ha okupado cuatro pisos”

Ni renovaciones del alquiler, ni opciones de compra, ni respuestas. Así han tenido que marcharse al menos cuatro familias de una comunidad de vecinos de Sant Antoni de Calonge (Girona), tras quedarse sin alternativas habitacionales viables con la SAREB. 

La conocida como Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria irrumpió en esta comunidad --cuyos vecinos prefieren mantener el anonimato-- después de que la inmobiliaria quebrara.

Han pasado ya varios meses y, en lugar de facilitar la permanencia a quienes querían seguir pagando, el banco malo dejó la puerta abierta –literalmente– para que grupos organizados okuparan los pisos vacíos, cobrando por ello y negociando alquileres sociales. 

La falsa hija de un embajador de Marruecos se atrinchera en un piso de lujo del paseo de Gràcia

Vecino que se va, okupa que entra

El patrón es siempre el mismo: se va un vecino y entra un okupa. El cabecilla, identificado por los vecinos y por el ayuntamiento, fue el primero en instalarse y se encarga de identificar los pisos que quedan vacíos para colocar a familias de origen magrebí para luego presionar a las administraciones y lograr alquileres asequibles.

Un modus operandi que ha generado un evidente malestar entre los vecinos de los tres bloques que componen la comunidad, que van observando con indignación como esta mafia okupa va ganando terreno en la finca. 

Playa de Sant Antoni de Calonge, en la provincia de Girona

El bloqueo de la SAREB

Según ha podido saber Crónica Global, el edificio, con 35 pisos en total, fue en su día propiedad de una promotora inmobiliaria que quebró. La SAREB —entidad que asumió los activos fallidos— se quedó varias viviendas, muchas de las cuales estaban alquiladas o en proceso de ser adquiridas por los inquilinos. 

Sin embargo, el cambio de titularidad truncó expectativas y bloqueó soluciones. Al caducar los contratos, no se ofrecieron renovaciones. En otros casos, quienes querían comprar no pudieron hacerlo debido al bloqueo impuesto a la SAREB en el marco del traspaso pactado con el Gobierno para transferir parte de su parque a la nueva empresa pública de vivienda.

Una situación que conllevó, por distintos motivos, que al menos cuatro familias se vieran obligadas a abandonar la que era su primera residencia. Familias que sí querían pagar, pero no encontraron interlocución ni voluntad de acuerdo.

Un propietario reclama 35.000 euros al ayuntamiento de Barcelona por empadronar a un okupa en su casa en la época Colau

La preocupación de los vecinos

La presencia de pisos vacíos fue aprovechada por una mafia de la okupación. Según los vecinos –versión que corrobora el Ayuntamiento de Calonge– se trata de un grupo organizado, con un líder con antecedentes por delitos similares. Entran a la fuerza y luego realquilan los inmuebles a familias de origen magrebí. 

A día de hoy, al menos cuatro pisos —ubicados en los bloques A y B— ya han sido okupados de forma ilegal. En todos los casos son viviendas que han quedado vacías como consecuencia de las demandas de impago que había interpuesto la SAREB. Por ello, los vecinos reivindican mejorar la prevención y evitar nuevas okupaciones.

Imagen de archivo de dos agentes de la ARRO de los Mossos d'Esquadra Cedida

Sin embargo, el problema ya no es solo la okupación. “Es la inseguridad que genera”, lamentan los vecinos. Los suministros están pinchados, hay riesgo real de incendio por instalaciones manipuladas, y se han detectado fugas de agua que podrían terminar en inundaciones. 

En las zonas comunes, como en la piscina, los niños sin supervisión —algunos sin saber nadar— se bañan a diario, sin mínimas garantías de seguridad.

El cabecilla, un okupa experto

El cabecilla de la banda está plenamente identificado por los vecinos, incluso por los cuerpos policiales de la zona: Mossos y policías locales. Se trata de un individuo de origen magrebí que reside de forma habitual en La Bisbal d’Empordà (Girona) donde se le conoce por lo mismo: por okupar, amenazar y extorsionar. 

Vecinos y fuentes policiales confirman que este individuo está detrás de otras ocupaciones no solo en Sant Antoni de Calonge, sino también en Palafrugell y La Bisbal, donde el patrón se repite. Un ciclo que convierte el desahucio en negocio.

El ayuntamiento lo sabe

A preguntas de este medio desde el consistorio de Sant Antoni de Calonge responden que conocen el problema y reconocen que se trata de okupaciones delincuenciales. “Sabemos quiénes son, incluido el líder”, explican fuentes municipales. 

Sin embargo, la administración local tampoco ha podido ponerse en contacto con la SAREB: “El principal problema es que son pisos en propiedad de la SAREB y no hay manera de contactar con ellos”, lamentan.

[CARTA EXCLUSIVA] Albert Ollé, dueño de Casa Orsola, tras firmar la venta: "Rescatemos Barcelona de la demagogia"

Una deuda de 27.000 euros

En paralelo, los propietarios del resto de pisos de la comunidad denuncian que la SAREB lleva meses sin pagar los gastos de comunidad que le corresponden, llegando a acumular en este tiempo una deuda de 27.000 euros. Un agujero que deben asumir el resto de vecinos para poder tener los servicios mínimos. 

También lamentan que las medidas de seguridad instaladas por el banco malo han sido totalmente insuficientes: “Las puertas antiokupación no han servido de nada, las han reventado sin dificultad”, aseguran los vecinos. 

De hecho, en una de las primeras okupaciones un vecino se percató y cuando quiso advertir de los hechos –escasos minutos después–, los okupas ya habían montado todo un atrezzo para simular que llevaban días viviendo. 

No se aplican los desalojos exprés

Los vecinos se comparan con otras partidas judiciales y no entienden por qué en Sant Antoni –dependiente de Sant Feliu de Guíxols– la justicia no actúa con la misma contundencia. “En Girona ya se hacen desahucios exprés”, aseguran. 

De hecho, existe una providencia que avala el desalojo exprés, sin la previa autorización judicial, si la okupación se ha cometido en las últimas 24 horas. 

La abogacía propone que los jueces de guardia puedan expulsar a los okupas en un máximo de 48 horas

En general, la falta de control ha convertido este edificio en un punto caliente, sin garantías ni para los propietarios, ni para los vecinos que aún resisten, ni para quienes están a la espera de un desalojo por vía judicial.

El traspaso de 40.000 viviendas

Fuentes de la SAREB insisten en que llevan meses sin margen de maniobra, con las ventas bloqueadas a la espera de que se formalice el traspaso de 40.000 viviendas y 2.400 suelos que se incorporarán a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) para, posteriormente, nutrir la nueva empresa pública de vivienda. 

De hecho, tras conocer los detalles del traspaso –formalizado el martes de esta semana– los vecinos de Sant Antoni temen que los pisos okupados sean traspasados al Estado y los okupas se beneficien de un alquiler social. 

Así, mientras la SAREB mira hacia otro lado y la Administración no actúa, esta comunidad se convierte en tierra de nadie. La incertidumbre se extiende entre vecinos que pagan y los que esperan ser desahuciados. Sin soluciones a la vista, la convivencia y la seguridad empiezan a pender de un hilo.