Un exdirector de la DGAIA defiende los contratos de emergencia hechos entre 2016 y 2018

Cataluña atraviesa una crisis en su sistema de protección a la infancia. La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ha estado en boca de todos tras salir a la luz el escándalo del Pelicot catalán, un caso a través del cual una niña de 12 años, tutelada por la institución, fue víctima de violación y explotación sexual.

Como consecuencia, el lunes la Generalitat decidió transformar la DGAIA, creando la Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). En teoría, la nueva estructura busca centrarse en la prevención de la violencia infantil, reducir la burocracia y mejorar la gestión económica centralizada.

Además, está previsto que se incorporen 243 nuevos profesionales y se despleguen herramientas de inteligencia artificial para detectar depredadores sexuales en línea. 

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Defensa de los contratos de emergencia

En este contexto, Ricard Calvo, exdirector general de Atención a la Infancia y la Adolescencia entre enero de 2016 y agosto de 2017, ha comparecido este miércoles ante la Comisión de Derechos Sociales e Inclusión del Parlament de Catalunya. Calvo ha defendido que las prórrogas no formalizadas y los contratos de emergencia en la DGAIA eran legales y “necesarios”, respondiendo a un sistema “tensionado y sobreocupado”.

Según Calvo, estas medidas se adoptaron conforme a la Ley 3/2016 de medidas urgentes en materia de contratación pública, debido a la falta de plazas y de disponibilidad presupuestaria para nuevas contrataciones.

Hay que recordar que antes que estallase el caso del Pelicot catalán, en abril de 2024, la Sindicatura de Comptes publicó un informe que señalaba que la DGAIA había adjudicado 154 contratos por vía de emergencia entre 2016 y 2018, sin justificar adecuadamente su urgencia, tal como exige la ley. Además, detectó que en 2018 se prorrogaron 181 contratos sin firmar los documentos correspondientes, lo que implica una falta de cobertura legal para los gastos realizados.

Aumento de menores no acompañados

El exdirector ha señalado que las contrataciones de emergencia fueron una respuesta al aumento de menores no acompañados en Cataluña: 684 en 2016, 1.489 en 2017 y 2.659 en 2018. Ha afirmado que estos servicios eran “necesarios, imprescindibles y de obligatoria prestación”, y que se utilizaron las formas legales disponibles, informando debidamente al Govern.

Además, ha indicado que un informe de la Comisión de Ética en la Contratación Pública, emitido el 27 de mayo de 2019, concluyó que no existía un conflicto de intereses entre su posición de director general y su anterior puesto como gerente en entidades contratadas por la DGAIA, a las que luego se reincorporó.

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Intervenciones de los grupos parlamentarios

Durante la sesión, la diputada de Junts, Ennatu Domingo, solicitó justificar la adjudicación de servicios de acogida sin contratación pública y los contratos verbales. Preguntó a Calvo si la situación estaba comunicada formalmente y si no le parecía que suponía una vulneración de igualdad de oportunidades y transparencia.

La diputada de ERC, Ester Capella, inquirió sobre los cambios en el marco normativo de los contratos y la posición de la Comisión de Ética. Montserrat Berenguer (PP) cuestionó un “abuso de externalización de servicios”.

María García (Vox) acusó a las fundaciones al cargo de los centros de tener ánimo de lucro. Núria Lozano (Comuns) preguntó qué valor añaden las externalizaciones y calificó el sistema de protección a la infancia como “caducado”. Pilar Castillejo (CUP) se interesó por los precios de las plazas y el pago de alquileres.

Por su parte, la diputada del PSC, Mònica Ríos, valoró positivamente la transformación de la DGAIA, que había sido anunciada por la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo.

No existía delito de negociación, según Calvo

Calvo se remitió a lo que dijo la Fiscalía sobre la cuestión: que, tras revisar los contratos adjudicados y toda la documentación referente, no existía delito de negociación ni actividad prohibida. Es decir, que la Fiscalía no encontró pruebas de que Calvo hubiera intervenido ilegalmente en contrataciones públicas para beneficiar a alguien

Calvo también recordó que, según el órgano, no había beneficio personal en ninguna de las contrataciones promovidas. No existían indicios de tráfico de influencias ni prevaricación.

Asimismo, insistió en que la Comisión de Ética concluyó que no había conflicto laboral, ya que el director general no puede influir en un comité de contratación del que no forma parte ni conoce su composición.