Joan Soteras, presidente de la FCF
Los perjudicados por la corrupción en la Federación Catalana de Fútbol: "Soteras falsificó mi firma"
El actual presidente de la FCF no se ha presentado este viernes a declarar como investigado por dos presuntos delitos continuados de falsedad en documento público y privado y administración desleal
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Nuevo capítulo en la trama de corrupción que sacude a la Federación Catalana de Fútbol (FCF). Este viernes, tres de los denunciantes por el presunto amaño de las elecciones de 2023 --las que dieron la victoria a Joan Soteras--, han ratificado ante el Juzgado de Instrucción 2 de Sabadell que el actual equipo de gobierno manipuló sus firmas para asegurar su reelección.
"Esas firmas no eran las nuestras" han verbalizado ante el juez que instruye el caso. Así lo ha confirmado Daniel Salvador, del despacho Vosseler Abogados, que representa a la acusación popular en nombre de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte. Los tres comparecientes, miembros de juntas directivas de distintos clubes catalanes, calificaron los hechos de “escándalo” y reiteraron que “las firmas presentadas no nos pertenecen”.
La ausencia de Soteras
Mientras tanto, Joan Soteras ha sido la gran ausencia de este viernes. El actual presidente de la FCF no se presentó a declarar como investigado por los presuntos delitos continuados de falsedad documental (pública y privada) y administración desleal. Su defensa alegó que lleva varios días enfermo.
En cambio, los otros ocho investigados sí comparecieron ante el juez, aunque se acogieron a su derecho a no declarar. Alegaron, entre otras razones, que era la primera vez que se les informaba formalmente de los hechos.
El juez, sin embargo, desmintió tajantemente esa afirmación, recordando que están siendo investigados desde marzo de 2024 y que han tenido acceso a la causa desde entonces.
Joan Soteras, presidente de la FCF EUROPA PRESS
A preguntas de Crónica Global, Daniel Salvador ha asegurado que, tras la jornada de este viernes quedan tres asuntos pendientes: en primer lugar, que Soteras se recupere y esté en condiciones de declarar; en segundo lugar, que el juzgado de Sabadell se inhiba en favor de los juzgados de Barcelona; y, finalmente, que se dicte el auto de apertura de juicio oral.
Un plan para amañar las elecciones
Tal como avanzó este medio, la investigación apunta a que Soteras y su entorno falsificaron firmas de presidentes y secretarios de diversos clubes para introducir votos no autorizados y garantizar su reelección.
Un extenso informe de más de 400 páginas elaborado por los Mossos d’Esquadra revela un presunto plan de falsificación: se habrían creado actas notariales fraudulentas para permitir que trabajadores de la federación votaran a favor de la candidatura de Soteras.
![Dos agentes de Mossos d'Esquadra, en la FCF hoy](["https:\/\/a1.elespanol.com\/cronicaglobal\/2024\/03\/05\/business\/837676284_12558704_320x180.jpg"])
Sospechas de financiación irregular
La investigación también apunta a una posible financiación irregular de la campaña. Según el informe, esas actas notariales habrían sido sufragadas de forma indirecta por un contratista de la FCF, mediante una triangulación empresarial vinculada a la firma AMT Comunicación, relacionada con un asesor externo de Soteras. Esta operativa podría haber supuesto una condonación encubierta de patrocinio en favor del candidato.
Además de Soteras, están siendo investigados varios directivos y colaboradores de la federación, como Víctor Güell, José Miguel Calle y Álvaro Montoliu (AMT Comunicación), entre otros.
Dos agentes de Mossos d'Esquadra durante el registro de la FCF en marzo de 2024
La causa sigue bien viva
Con las citaciones de esta semana queda claro que la investigación judicial sigue activa y la causa no ha sido archivada, como intentó hacer creer la FCF en un comunicado oficial.
Tal como también avanzó este medio, la federación tergiversó un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona para hacer creer que su presidente había sido exonerado. En realidad, la Audiencia no archivó la causa, sino que anuló la prórroga de la instrucción, instando al juez de Sabadell a decidir si envía a juicio a los investigados o archiva el caso.
La resolución únicamente anuló las diligencias practicadas después del 16 de enero de 2025, fecha en la que se notificó una ampliación que fue posteriormente desestimada.
