Joan Soteras, presidente del fútbol catalán, en la RFEF
El Síndic de Greuges investiga las irregularidades en la Federación Catalana de Fútbol
El 'defensor del pueblo' autonómico requiere a la Generalitat por qué no ha actuado ante los indicios de presunta corrupción
Es la tercera causa tras la penal de Sabadell y una contenciosa en el TSJC
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El Síndic de Greuges ha abierto una actuación contra la Generalitat de Cataluña por la inacción ante los indicios de corrupción en la Federación Catalana de Fútbol (FCF). El defensor del pueblo autonómico ha requerido a la Administración autonómica que le informe sobre qué ha hecho ante los mimbres de supuesta mala praxis en el gobierno del fútbol catalán.
Lo detalla una resolución reciente del Síndic a la que ha accedido este medio, en la que pide a la Secretaría General del Deporte que dé cuenta de las acciones tomadas ante una denuncia que presentó en abril de 2024 el exsecretario general de la FCF, Oriol Camacho, que alertó de "irregularidades" en las elecciones federativas celebradas el año anterior.
Pasado un año de la denuncia, y pese a que Camacho presentó nuevos escritos recordatorios de su queja formal, no constan actuaciones, por lo que ahora interviene el Síndic para saber qué se ha hecho.
Carta a la 'exconsellera' Vilagrà
El conflicto emana de una larga carta formal enviada por Camacho a la exconsellera de Presidencia, Laura Vilagrà (ERC), 12 meses atrás.
En la misiva, de 22 páginas, el directivo argumentaba que la actual junta de la FCF, con su presidente Joan Soteras a la cabeza, "diseñó una estrategia para poner los recursos humanos, materiales y económicos" del ente "a favor de la candidatura" del máximo directivo.
Por el camino, aduce el denunciante, se cometieron "una serie de irregularidades administrativas" y "actividades presuntamente delictivas" que investiga el juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell (Barcelona).
La 'exconsellera' de Presidencia, Laura Vilagrà
Presunta mala praxis
¿Qué denunció Camacho? Que la FCF vulneró su "deber de neutralidad" y favoreció la candidatura del entonces presidente. Según él, se diseñó la campaña en horario laboral del candidato; se colocó a personal de confianza -del director general, José Manuel Calle- en el perímetro electoral y se trató de alterar la permanencia de Soteras en la junta pese a resoluciones adversas.
Asimismo, el denunciante alegó que María Barbancho, asesora legal de la FCF, se puso a la orden de Soteras y presunta manipulación de las actas notariales; supuesta falsificación de firmas y operativa electoral rayana al pucherazo con los presidentes de las mesas, que habrían organizado de espaldas a la Junta Electoral, entre otras añagazas.
Actuaciones de la Secretaría General del Deporte
Esa retahíla de denuncias de presuntas irregularidades han caído en saco roto. El Síndic abre actuación porque cree que la Secretaría General del Deporte no ha tomado medidas en 12 meses, o no las suficientes. Es cierto que, por el camino, ha habido elecciones y un cambio en el Govern.
Eso sí, el demandante envió escritos en diciembre de 2024 y el pasado enero, recordando al Departamento que debía darle respuesta como ciudadano y denunciante. Pero no la ha recibido. Por el camino, la misma Consejería le pidió enmendar parte de su escrito inicial, a lo que Camacho se avino y resolvió.
Ahora, esta presunta inacción ha provocado la actuación del Síndic, que ha admitido a trámite un escrito del mismo denunciante, y ha abierto actuación para esclarecer lo ocurrido. Esa investigación "no presupone culpabilidad" de la Generalitat, sólo busca saber si ha habido laxitud.
Se debió investigar
¿Qué alega el Síndic? En su exposición, la oficina de Esther Giménez-Salinas recuerda que la Generalitat debió "investigar y comprobar" si hubo "conducta irregular" en la Federación. La posición de Camacho, denunciante de corrupción reconocido por la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), le legitimaba a pedirlo.
Tendría que haber investigado -y sancionado, si lo consideraba- el Tribunal Catalán del Deporte (TCE, por sus siglas en catalán). Pero no ha ocurrido, o no hay información de que haya pasado.
De hecho, el ombudsman catalán afea a la Consejería que el escrito-recordatorio del denunciante de 20 de diciembre "pasara por siete áreas" distintas del Departamento, sin resolverse y contestarle.
La síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, durante una reunión, en el Palau de la Generalitat
Tercera denuncia
Acabe como acabe, la investigación del Síndic llega cuando hay dos procesos judiciales en marcha por el mismo motivo: presuntas irregularidades y corrupción en la FCF. Por un lado, el juzgado número 2 de Sabadell sigue causa penal por supuesta falsedad documental y administración desleal contra la junta de Soteras por las acusaciones de alteración electoral descritas.
Precisamente ayer, Crónica Global avanzó en exclusiva que la Audiencia Provincial de Barcelona ha decretado nulidad de una de las prórrogas de la instrucción, acotando el plazo de las pesquisas.
La FCF, por medio de su asesor en comunicación Álvaro Montoliu, emitió una nota informando del fin del caso judicial, algo incierto: las pesquisas siguen.
El TSJC, también
En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) está a punto de fallar una demanda por causa de ilegibilidad que presentó Juanjo Isern, aspirante a presidente de la FCF que quedó en segundo lugar en las elecciones de 2023.
El candidato considera que Soteras no podía concurrir a la cita electoral, por lo que pide la descalificación de su lista. La segunda instancia judicial prevé fallar ese asunto el próximo martes.
