
Imagen de archivo de un anciano en una residencia
La brecha salarial entre los trabajadores de residencias privadas y públicas llega al 40%
La Generalitat se propone establecer un salario mínimo en los servicios sociales para captar y fidelizar a los profesionales
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La conselleria de Drets Socials i Inclusió se ha comprometido a incrementar las subvenciones a los centros residenciales de Cataluña, con el objetivo de acabar con la brecha salarial que separa a los trabajadores del sector privado y el público, que el departamento que dirige Mònica Martínez asegura que llega “hasta el 40%”.
Los incrementos que se aplicaron en 2022 y 2023 de forma extraordinaria en las tarifas que la Generalitat paga a la red de establecimientos de servicios sociales de atención pública “no han sido suficientes” para reducir las diferencias.
Salario mínimo para el sector
La patronal y las asociaciones del sector coinciden con el Govern en el deseo de que la equiparación salarial repercuta en la captación y fidelización de profesionales.
Por ello, la consejería se propone crear un salario mínimo, además de la equiparación retributiva entre los dos tipos de empleados, según recoge la orden del 31 de octubre de 2024 del Departamento de Derechos Sociales.
La financiación pública de estos servicios sociales se produce a través de las tarifas que la Administración establece anualmente, y que se pagan a cada centro en función del número de las plazas públicas que tiene.
Aunque los establecimientos pertenezcan a empresas privadas y con ánimo de lucro, sólo aplican el convenio Gercat -con mejores condiciones para los trabajadores que los convenios privados- cuando los ingresos que proceden de la Generalitat superan el 60% de su facturación total.

Dos ancianos, como a los que estafó una trabajadora social / EP
Pese a que algo tan importante como la negociación salarial depende de esa cifra, no todas las empresas facilitan datos fiables sobre su cuenta de explotación.
Tampoco quieren considerar dinero público, que se añadiría al cómputo de ese 60%, las cantidades que reciben a través de los internos y que proceden de la Prestación Económica Vinculante (PEV), unas ayudas públicas que sólo pueden destinarse a los costes que conlleva una minusvalía, como puede ser un asistente o un geriátrico. Superar el 60% supone la aplicación del Gercat, lo que puede implicar un aumento de costes salariales de hasta el 40% para las empresas.
Baile de cifras en el nuevo convenio
Precisamente, la renovación del convenio Gercat se encuentra estancada porque la patronal no quiere reflejar en sus plantillas de forma íntegra el 5% que la Generalitat ha aumentado sus tarifas, tal como ha pedido la Administración, que también considera trasladable a las nóminas todo aumento de dinero público que supere ese 5%.
Es el caso de este año, porque la patronal ha podido consolidar el incremento extra del 2% que estableció el Govern en 2023 para compensar el encarecimiento de la energía.
Mal pagados, absentismo y rotación
Las bajas retribuciones de los empleados generan una buena parte de las deficiencias del sistema de residencias para mayores y personas discapacitadas, como reconoce la propia patronal. La altísima rotación de los empleados y el absentismo responden directamente a la precariedad, los bajos salarios y la falta de personal.
Pese a que la patronal admite las consecuencias negativas para el sistema de las retribuciones, se resiste a aplicar medidas, incluso las que sugiere la Generalitat.
Contratación de sudamericanos en origen, una posible solución
No es extraño encontrar centros que exigen el grado de auxiliar de enfermería para ejercer de gerocultor -peor retribuido-, con la excusa formal de que la primera figura no existe en la plantilla del centro.
Cinta Pascual, presidenta de la mayor patronal catalana, CREA, y directora de la empresa L’onada de serveis, coincide en denostar las condiciones en que trabajan los empleados del sector. Una de sus propuestas consiste en contratar en origen a trabajadores latinoamericanos.

Imagen de una residencia de mayores
Una solución, dicen los expertos, que sólo es parcial. Quien venga del otro lado del Atlántico podrá exhibir titulaciones de su país y aceptará trabajar en España por un salario bajo hasta que consiga homologar su formación, momento en el que cambiará de empleo para mejorar su calidad de vida. Y vuelta a empezar.
Francisco Pareja, secretario de acción sindical de la federación sanitaria de CCOO, no pone objeciones a la contratación en origen. “Pero no nos llamemos a engaño, si hay tanta rotación de personal es por las condiciones laborales, sobre todo los salarios. Los emigrantes trabajarán en la misma precariedad que los nativos”.
"Falta de concienciación"
Silvia García, del ámbito de la dependencia y geriátrico del mismo sindicato, considera que los problemas nacen de una falta de concienciación de la realidad. “Las personas vivimos más años, lo que provoca que muy a menudo lleguemos a las residencias polimedicados y con varias enfermedades”.
Eso condiciona el funcionamiento de los centros. “Para empezar, anula la razón de ser de las ratios de personal por residente, que se establecieron cuando la esperanza de vida era más baja".
"Las empresas -dice García- se empeñan en hablar de ratios, cuando en muchas ocasiones ni siquiera se cumplen y cuando saben perfectamente que están fuera de la realidad de sus propios centros debido al cambio de perfil del residente, ahora mucho más afectado por enfermedades mentales, mucho más dependiente”.