Barcelona desoye a los jueces y aplaza la ampliación de los juzgados de delitos leves

La jueza decana de Barcelona, la magistrada Cristina Ferrando Montalvá, se ha visto en la obligación de pedir a la Comisión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una nueva prórroga del funcionamiento del Juzgado de Guardia de Delitos Leves Inmediatos número 2 de Barcelona a la espera de que se concrete con calendario y presupuesto el acuerdo entre Presidencia y el Govern para abrir más salas de enjuiciamiento para las antiguas faltas.   

Por ahora y ante la escasez de nuevos órganos judiciales que permitan agilizar y descongestionar la Ciudad de la Justicia barcelonesa, la magistrada Ferrando Montalvá ha exigido poder mantener, por un año más, los dos únicos juzgados dedicados a los delitos leves, según una resolución interna la que ha accedido este medio. 

En esencia: los que cubren los delitos de hurto y robo con violencia, que se van sumando a los antecedentes de los ya demasiado conocidos multirreincidentes.

"Los necesitamos de forma permanente"

Según argumenta la decana en su escrito, el incremento en el número de señalamientos de esta tipología delictiva sigue aumentando en Barcelona, evidenciando "que los dos Juzgados son necesarios de forma permanente".

Desde hace meses, fiscalía, judicatura y abogacía reclaman la urgente necesidad de dotar a la capital catalana de más juzgados. De hecho, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Jesús María Sánchez, así lo ratificó este miércoles en el II Foro 'BCN Desperta!’, organizado por Crónica Global, Metrópoli Abierta y El Español. 

11,6 jueces por cada 100.000 habitantes

En una mesa de altísimo nivel, el decano del ICAB volvió a insistir en que la única solución es la de dotar de más juzgados a la ciudad y no, por lo tanto, de ir apurando nuevas prórrogas. En el mismo debate, el magistrado José María Asencio insistió en la flagrante falta de "juzgados, jueces y medios".

El juez Asencio alertó de que muchos de esos juicios rápidos frente a la multirreincidencia tienen su fecha más próxima a principios de año de 2026. Y aportó otros datos preocupantes. Como, por ejemplo, que en España hay 11,6 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es de casi el doble: "21,2 jueces por cada 100.000 habitantes". 

1.000 señalamientos al mes

En paralelo, la decana justifica en la solicitud de prórroga que en los juzgados de Barcelona existe "un déficit de 200 juicios al mes, dado que se generan unos 1.200 juicios rápidos mensuales y la capacidad de las dos agendas, actualmente, es de 1.000 señalamientos".

De este modo, cada día, la capital catalana acoge un promedio de 48 juicios por delitos leves inmediatos al día, de los cuales unos ocho no se celebran como inmediatos porque se debe hacer esta investigación previa. Ferrando Montalvá lleva meses advirtiendo de este colapso con el convencimiento de que estas cifras, por sí solas, no van a mejorar. 

Hablando en plata: la multirreincidencia centra buena parte de todos estos señalamientos. Sin embargo, y desde la reforma del 2022, esta tipología delictiva "dificulta que haya un juicio rápido", ya que debe haber una investigación previa que tenga en cuenta los antecedentes penales y analice el valor de los objetos sustraídos para determinar si es un juicio rápido o pasa a ser uno menos grave.

De ahí que el decano del ICAB lleve años solicitando una reforma del Código Penal, de forma que robar un móvil o cualquier otro dispositivo electrónico o tecnológico se castigue con entre uno y tres años de cárcel. Una medida que, según la abogacía de Barcelona, facilitaría que los jueces puedan enviar a prisión preventiva a los ladrones, incluso en el caso de que no tengan antecedentes.

El Gobierno admite que faltan medios

A su vez, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha dejado claro esta semana en Barcelona que no ve pertinente ningún cambio en el Código Penal y celebra la prórroga del Juzgado de Delitos Leves de Barcelona. En declaraciones para La Vanguardia, Bolaños considera que la ley es buena, pero admite que hacen falta más medios, como nuevos juzgados, que se compromete a abrir en un futuro. 

Cabe recordar que la reforma del Código Penal aprobada en 2022 "castiga los hurtos con pena de prisión de 6 a 18 meses (y no con una pena de multa, como es regla general) cuando el culpable ha sido condenado al menos por tres delitos similares y la suma de lo hurtado supere la cantidad de 400 euros".

En paralelo, la abogacía catalana pide, desde poco después de la modificación de 2022, una redefinición de la ley que, a su juicio, es de muy difícil aplicación. El ICAB y Foment de Treball propusieron, ya en su día, eliminar el requisito de que lo robado en los tres hurtos anteriores fuera superior a 400 euros y que sea el acusado el que solicite la retirada del agravante.

Una prórroga hasta julio de 2025

No obstante, y por ahora, fiscalía, judicatura y abogacía deberán conformarse con una nueva prórroga del Juzgado de Guardia de Delitos Leves Inmediatos número 2 de Barcelona, que estará operativo hasta el 30 de junio de 2025, deja claro el volante interno. Mientras, el Departamento de Justicia, liderado por Ramón Espadaler, trabajará para agilizar la atención de los juzgados de Cataluña. 

En estos últimos días, Espadaler ha achacado estas dilaciones a la insuficiencia de órganos judiciales para poder atender con celeridad los procesos ante un evidente incremento delictivo y al aumento de la actividad policial; también a la infradotación de recursos humanos y a un déficit de infraestructuras. Con el plan que se está gestando, Justicia pretende:

• Reforzar los recursos materiales y humanos de los órganos judiciales.
• Implementar nuevas medidas organizativas y tecnológicas.
• Digitalizar la administración de justicia.
• Dotar de equipamientos y sistemas telemáticos a los juzgados de Paz.
• Crear un grupo de trabajo contra la multirreincidencia.

El reto de la multirreincidencia

De este modo, la multirreincidencia ha puesto en jaque a los juzgados catalanes. De ahí que Justicia e Interior hayan aunado esfuerzos para frenar los desbordantes datos de delitos leves y hayan montado un grupo de trabajo conjunto para abordar este problema "con una visión integral de los actores implicados". Fiscalía, judicatura, Mossos d'Esquadra, Ayuntamiento de Barcelona, abogacía y los departamentos de Interior y Justicia conformarán este equipo multidisciplinar. 

Incluso la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha reconocido que, a pesar de tener unos índices de seguridad "razonablemente positivos", algunas tipologías delictivas, como el tráfico de marihuana o la multirreincidencia, empañan los datos, trasladando a la ciudadanía una sensación de impunidad e inseguridad.