Otro problema para Eloi Badia. El diputado de Sumar y candidato de Sumar Comuns a las elecciones catalanas ha encajado otro quebradero de cabeza por la gestión del caso de una casa okupa cuando era concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. Los vecinos han pedido al Tribunal Constitucional (TC) que reabra una causa penal en su contra.
Es lo que subyace de un recurso de amparo presentado al TC al que ha accedido este medio, y que denuncia que la justicia convencional ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los residentes que viven junto al Casal Popular Tres Lliris del distrito de Gracia.
"Puede ser infracción penal"
En el escrito, los abogados de los vecinos, que protestan contra el ruido y la impunidad de la casa allanada, recuerdan que el juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona archivó el caso. Y que la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó el sobreseimiento, aunque precisó que éste tenía que ser "provisional".
Eloi Badia, en su etapa de concejal en Barcelona
La segunda instancia judicial revocó, pues, el archivo porque los hechos "podrían ser constitutivos de infracción penal", aunque hay que "justificarlos" mejor.
"Vulneración de derecho"
Ante ello, el letrado de los residentes, José Ramón Sorní, alega que hubo "vulneración de un derecho fundamental": el de cualquier ciudadano a recibir amparo judicial justo.
Es así porque el juzgado inicial, el número 27 de Barcelona, "no practicó ninguna diligencia" pese a las abundantes pruebas que aportó la parte denunciante.
El gerente levantó la suspensión
A este respecto, cabe recordar que los denunciantes subrayan que el distrito de Gracia, que presidió Eloi Badia entre 2015 y 2019, cedió los bajos de la antigua Comisaría de la Policía Nacional en Gracia al colectivo okupa que lo tomó.
Les acondicionó el espacio, y les permitió impagar el canon pactado con el ayuntamiento. Y cuando se dictó orden de precinto por ruidos e incumplimientos, su gerente de distrito, Rufino García, suspendió esa orden, como explicó Crónica Global. El edil lo justificó con el argumento de "evitar" un conflicto.
Se ignoró a la Urbana
Finalmente, se archivaron los procedimientos administrativos. Y no sólo eso, sino que el equipo de Badia renovó el convenio con los allanadores, en este caso con otra asociación de nuevo cuño que carecía de CIF.
Imagen de una marcha de los okupas de Tres Lliris de Gràcia / TWITTER
Por el camino, se ignoraron 78 actuaciones de la Guardia Urbana de Barcelona en el Tres Lliris por fiestas y juergas de diversa índole, la mayoría sin permiso. En 2022, se renovó el contrato a los squatters.
Imputado y caso archivado
Tras ello, los vecinos se querellaron contra la cúpula del distrito de Gracia, y Eloi Badia fue citado como investigado -nueva figura de imputado- por presuntos delitos de malversación y prevaricación. El caso decayó en el citado juzgado número 27.
Pero ahora, los afectados por los fiestones sin licencia de Tres Lliris y su actividad ilícita -que continúa a día de hoy- piden al TC que les ampare. Si se admite a trámite, la causa se unirá a la investigación del exconcejal de los comunes por el caso Tersa, en el que se investiga el presunto falseamiento de los datos de emisiones de la planta de valorización de residuos de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).
En esta última causa, Badia, que será candidato de Sumar Comuns a las elecciones autonómicas del 12 de mayo, está investigado por presunto delito ecológico.