Badia ignoró 78 actuaciones de la Urbana contra un local okupa de Gràcia

Es lo que reflejan los datos que ha dado el gobierno a la oposición, cifras a las que ha accedido este medio. Según la propia información municipal, el Distrito de Gràcia, que comanda Badia, de BComú --partido de la alcaldesa Ada Colau--, esquivó abundantes muestras de malestar vecinal para proteger al autodenominado Casal Popular Tres Lliris. El inmueble, de hecho, sigue okupado. 

78 actuaciones de la Urbana

Desde que los allanadores tomaran la antigua Comisaría de la Policía Nacional de plaza Lesseps en 2015, pasando por su cesión en 2017, y hasta este verano, el Ayuntamiento de Barcelona no había desalojado a los squatters o instado al vaciado del inmueble. Y eso que dan ingente trabajo a los servicios municipales. Solo Guardia Urbana ha tenido que activar 78 servicios en esta casa okupa desde 2015. Esta cifra solo incluye las ocasiones en las que el cuerpo de seguridad ha dado respuesta a las quejas ciudadanas. Hay muchos más no atendidos por "falta de efectivos". 

De forma global, hay incluso más denuncias. Hasta 119 en el MyCuts, el archivo de la Guardia Urbana de Barcelona. El distrito que preside Badia tiene también nueve quejas vecinales formales entradas en el programa Iris. Y, lo más inquietante, el departamento de licencias de Gràcia ha gestionado nueve denuncias por falta de permiso municipal sin que los okupas, por ahora, cesen su actividad. 

Diez inspecciones

Ante estas muestras de descontento vecinal, la Urbana ha inspeccionado la Comisaría okupada en 10 ocasiones, tres veces este mismo año. Licencias del distrito de Gràcia ha sido incluso más proactiva: cinco actuaciones contra Tres Lliris, todas ellas en 2020. 

En otras palabras: cinco años después de la toma violenta de la edificación, que es propiedad del Instituto Municipal de la Vivienda (Imhab), el gobierno municipal actuó. Le costó un lustro entero hacerlo. 

Los okupas impagaron el alquiler social

Hay más. El ayuntamiento liderado por BComú y PSC rehuyó actuar contra los okupas de Gràcia pese a que estos habían impagado el alquiler social que les había concedido el consistorio. Los allanadores deben 671,84 euros correspondientes a 2020 y 679,10 euros de 2021. Pagaron tarde la renta hasta 2019. 

Como mínimo. Porque esas cuantías son las que ha notificado el gobierno municipal a la oposición, que temen que sean aún mayores. Los portavoces de Colau y Badia aseguraron el pasado 11 de mayo de 2021 que "el pago del canon está al corriente" a preguntas de Crónica Global, una incongruencia con el reconocimiento actual al resto de partidos con representantes en el pleno. 

"Los expedientes siguen su curso"

Preguntada por la cuestión, una portavoz del Ayuntamiento de Barcelona ha indicado que "tanto los expedientes administrativos por falta de licencia de actividad como la tramitación de las sanciones siguen su curso". 

Afirma que no hay "más novedad" al respecto. Los okupas siguen en el activo del Imhab pese a la escasez de suelo y de vivienda pública de alquiler social en Barcelona. 

Fiscalía investigó, pero archivó

Como explicó este medio, la Fiscalía Provincial de Barcelona incoó diligencias de investigación por ruidos en la Comisaría de la Policía Nacional okupada en 2020. La actuación del ministerio público se archivó en diciembre del mismo año. 

Pese a que la fiscalía no halló indicios de delito, los okupas siguieron con su actividad. En diciembre del pasado año, se corrieron una juerga sin mascarillas pese a que sectores como la restauración y el ocio nocturno permanecían cerrados. Metrópoli dio cuenta de la fiesta, que sublevó a los vecinos.