Eloi Badia, investigado por la cesión de un local a los okupas de Gràcia

La justicia investiga al concejal responsable del distrito de Gràcia de Barcelona, Eloi Badia, por la cesión de un local a una asociación juvenil okupa que ha causado numerosos problemas a los vecinos. El regidor deberá comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Barcelona junto a otros cuatro cargos municipales por malversación y prevaricación.

La historia se remonta al 2015, cuando los okupas entraron a la fuerza en la antigua comisaría municipal de Lesseps, de titularidad pública, tras ser desalojados de su anterior sede. Pusieron el mismo nombre a ambas localizaciones: Casal Popular Tres Lliris. Y allí permanecieron hasta que, en 2017, arrancaron un contrato de cesión al Ayuntamiento de Barcelona, ya dirigido por los comunes, que fue renovado a dedo hace escasas semanas, como informó este medio, a pesar de que un bien de este tipo debe someterse a subasta o concurso.

Un alquiler social

Desde esa cesión, se han sucedido los problemas en la zona. De hecho, los vecinos han interpuesto contra el local unas 30 denuncias y la Guardia Urbana ha efectuado alrededor de 80 actuaciones por los ruidos, botellones y demás fiestas celebradas en ese local, incluso en los tiempos de pandemia, pese a que su uso se ciñe, a priori, a actividades populares.

Además, como explicó Crónica Global, durante los dos años de pandemia nadie ha pagado el alquiler del local --un alquiler social, de 550 euros--, aunque se ha seguido utilizando. Badia, también concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, asegura que se acabará cobrando. No obstante, la propia Administración Local anunció una multa de 20.000 euros y el cierre del local por abuso de licencia de actividad y, al final, ha acabado por renovar la cesión de un activo que fue reformado con dinero público.

Cinco imputados

Aparte de Badia, el juez también ha citado al gerente de Gràcia Pere Camps; al jefe de servicios jurídicos, Rufino García; el director de servicios a las personas, José María Raya, y la gerente del Instituto Municipal de Vivienda (Imhab), Maria Àngels Mira, según publica El País.

Ello es fruto del tesón de los vecinos, que han llevado a estos responsables a los tribunales tras varios años de denuncias y problemas de convivencia en la zona. De hecho, la Fiscalía de Barcelona ya archivó una investigación en diciembre del 2020, pero ahora, con más pruebas, el juez ha imputado a Badia y a los demás citados.