Los inspectores de pesca catalanes exigen orden al Gobierno: "Sin titulación, no podemos salir al mar"
- Esta decena de funcionarios no puede abordar pesqueros para controlar su actividad al no tener acceso a los requisitos del ministerio
- Alertan del impacto que este desajuste tiene sobre el mercado y el consumidor: "No podemos garantizar la calidad del atún rojo de Tarragona"
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La comunidad de inspectores de pesca marítima en España denuncia no poder cumplir los requisitos para trabajar en alta mar. Aseguran perderse gran parte de la película, al quedar restringida su actividad a los puertos y, en menor medida, a los controles por vía aérea. La culpa la tiene el acceso a un título que el Gobierno exige para salir a faenar y que, sin embargo, da “a cuentagotas”.
Se trata de un personal cualificado muy reducido. Javier y Héctor son dos de los 13 inspectores que actúan en la costa de Cataluña y que protestaron con CCOO frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona el pasado jueves, entonando consignas como "ojo, ojo, ojo, peligra el atún rojo", "vaya, vaya, vaya, se acaba la caballa" o "inspección pesquera, ni está ni se la espera". De fondo, la amenaza de huelga sobrevuela sus protestas.
En tierra y sin abordajes
“En tierra, vigilamos los desembarques de pescado de toda la flota disponible, desde las pequeñas barcas hasta los grandes barcos que se tiran meses en el mar”, resume Héctor, que denuncia no poder hacer abordajes para garantizar la legalidad de la actividad por no tener la titulación en formación básica de seguridad SCWT.
Uno de los momentos más peligrosos de nuestro trabajo es el abordaje en alta mar a los barcos de pesca. Desde un despacho, sin conocimiento del trabajo que realizamos y sin haberse visto nunca encima de una escala es muy fácil enviar al personal de inspección al mar. pic.twitter.com/RkCNqCMkzF
— Asociacion Profesional de Inspectores de Pesca (@ApipesC) March 10, 2024
Es por ello que “la vigilancia que se debería estar haciendo en el mar y todo lo que sólo se puede controlar sobre los barcos no se está haciendo”, a excepción de un convenio con la Guardia Civil que sí permite a su unidad marítima policial hacer inspecciones.
"Ojo, peligra el atún rojo"
El sector advierte sobre las consecuencias de todo ello en el consumidor. Además de no poder combatir la pesca en aguas protegidas, Javier recuerda las campañas institucionales contra el consumo de pezqueñines: “Si nadie controla que esos peces no entren en la cadena comercial, van a seguir entrando”.
Otro “ejemplo claro” es el del atún rojo y la macrogranja de Balfegó, en aguas de Tarragona. “Cada paso que implica este producto, uno de los que más dinero genera en el mundo, necesita un inspector de pesca que certifique su calidad, y no lo estamos garantizando”, según palabras de Javier.
Acceso desigual al título
Los inspectores de nuevo acceso (son 124 en todo España) reciben la titulación requerida, pero no aquellos que ya forman parte del cuerpo; a éstos, el ministerio les imparte el curso "a cuentagotas, priorizando otros perfiles que también deben salir al mar”.
Esto genera una situación de desigualdad entre funcionarios y en su progresión laboral, por lo que “los que aún no hemos podido acceder a ese curso, no podemos ascender o trasladarnos de provincia para estar con nuestras familias”. “Es inadmisible que no lo tengamos todos desde el principio”, zanja Javier.
Caídas al agua, incendios, inclemencias... pero no es profesión de riesgo
Y cuando tienen el título y salen al mar, están expuestos a los peligros de su "exigente trabajo", tales como caídas al agua, hundimiento de barcos o incendios de lanchas patrulleras. También ejercen tareas en “un frío helador”, bajo la lluvia o “a pleno sol en agosto”, así como la aspiración de gases procedentes de carburantes y aceites. “Nos jugamos la vida", coinciden los integrantes de este personal tan reducido.
Si no se atienden sus demandas, los inspectores amenazan con ir a la huelga. Entre éstas, figuran complementos fijos por peligro, penosidad y toxicidad, que se compense de forma adecuada su disponibilidad de 24 horas al día siete días a la semana y declarar la suya como profesión de riesgo para poder acceder a una jubilación “digna”.
Así las cosas, dicen recibir un trato propio de "funcionarios de segunda", frente a otros perfiles profesionales como el personal de los Puestos de Control Fronterizo, de Sanidad Animal, de Sanidad Vegetal o incluso de Aduanas.